Junaeb, el capítulo de la acusación constitucional que más aproblema al ministro Ávila

Por plazo, la Cámara de Diputados debería pronunciarse el 12 de julio respecto de la acusación constitucional presentada el 19 de junio en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila (RD), que contiene siete puntos acusatorios a los que el ministro respondió el martes en la noche. Esta semana, la comisión de diputados a cargo de analizar el mérito del libelo ha sesionado cuatro veces y en la instancia han expuesto expertos y autoridades de gobierno, quienes se han referido a las diversas materias.

En esa línea, parlamentarios integrantes de la comisión y de los que presentaron la acusación señalan que el capítulo que más complica al ministro es el que se refiere a la Junaeb, y que en estricto rigor son dos (5 y 6): en ellos se acusa a Ávila de incumplimientos en el rol de Junaeb en la entrega de cuadernos a estudiantes del sistema público con un inserto sobre educación no sexista e irregularidades en los programas de alimentación.

La defensa del titular de Educción señaló queel tema de los cuadernos “no es un hecho imputable a él como ministro” y que todos los pagos realizados para los programas de alimentación “se realizan en el marco de la Ley de Compras del Estado y que no existen cuestionamientos en Contraloría sobre la fórmula aplicada”.

La diputada e integrante de la comisión, Gloria Naveillán (Ind.), es una de las que sostienen que señaló que el capítulo 5 es un problema por su “responsabilidad sobre las decisiones de cambio en los elementos educativos que hizo Junaeb, que cambió el contenido y alteró el contenido inicial y puso información relacionada con educación sexual. La pregunta es quién autorizó el cambio. Junaeb no se manda solo. Será un órgano descentralizado, pero eso no implica que para contenidos educativos ellos puedan tomar decisiones sin el visto bueno del ministerio. Y en el ministerio el responsable final, sobre todo en términos de contenidos, es el ministro”.

Sobre el mismo tema, otro de los integrantes de la comisión, el diputado Miguel Becker (RN) comenta que “ante la consulta de por qué se cambiaron las hojas de los cuadernos que se iban a entregar a los estudiantes, que iban destinadas a temas de obesidad, y en forma increíble se cambian rápidamente por temas de LGBTQA+, la directora de Junaeb no dio respuesta. No saben quién cambió las hojas”.

El capítulo 6 de la acusación refiere a los Programas de Alimentación Escolar (PAE) y de Alimentación de Párvulos (PAP), donde se indica que “se infringió abiertamente el rol de supervigilancia que el ministro debe cumplir”, dado que “la ejecución del mecanismo de pago de los servicios adjudicados y la administración de los contratos administrativos han importado una irregularidad”.

En detalle, la acusación señala que “establecido el mecanismo de pago del precio de los productos adjudicados, se ha conocido que, desde marzo y hasta diciembre de 2022, la Junaeb vulneró el mecanismo de fijación de la PMP (Programación Mensual de Productos) en función de la PRP (Programación Referencial de Productos Alimenticios)”, al presuntamente detectar que “la Junaeb fija o exige productos no previstos en la PRP; fija o exige productos a ser servidos en establecimientos no contemplados en la programación, y que los montos exigidos por fuera de la PRP por la Junaeb son considerablemente altos, lo que altera de manera sustancial el mecanismo de adquisición pública y los contratos suscritos en el proceso de adjudicación”.

El diputado Becker dice que este apartado es el que más complica al ministro, porque “hay recursos que se han ido entregando sin fiscalización, sin control, y una vez más estamos en la mecánica donde un ministro no tiene que saber; un poco lo mismo que ha pasado con el ministro de Vivienda, Carlos Montes, que aparece desconectado de la situación. Eso ha argumentado el abogado del ministro Ávila (Cox), que él sólo tiene que supervisar, no fiscalizar y controlar a los subsecretarios a nivel nacional. El ministro Ávila aparece en desconocimiento de la situación”.

Asimismo, el diputado Eduardo Durán (RN), uno de los 10 que formularon la acusación, comenta que “el capítulo más problemático es aquel que evidencia la desorganización que existe al interior de la Junaeb, con una administración de los contratos para los programas de alimentos que puede estar significando irregularidades por más de $ 100 mil millones”.

Otra de las firmantes, la diputada Francesca Muñoz (PSC), también destaca este capítulo por las “irregularidades graves en organismos como Junaeb, que dañan seriamente las arcas fiscales, así como serias deficiencias en la gestión del ministerio.

Durante la sesión de este jueves, el exdirector de Junaeb Cristóbal Acevedo se refirió al capítulo 6 y expuso que desde que dejó el cargo ha recibido denuncias de funcionarios sobre la modificación del contrato con uno de los proveedores, realizada en noviembre de 2022.

El cambio consistió, dijo, en modificar el porcentaje del monto fijo y variable a pagar por Junaeb, y que, “junto con la modificación del porcentaje, se modifica la cantidad de raciones fijas, en particular para una empresa, que supera lo que Junaeb le solicita cada mes”, pasando de 35 millones de raciones anuales a 43, y “esta empresa queda con ocho millones por sobre lo que la Junaeb efectivamente le solicita. La consecuencia es que la institución le está pagando a esa empresa raciones que nunca se sirven (...) El impacto que genera son miles de millones que Junaeb paga por raciones que no se están sirviendo”.

Acevedo dice haber recibido también “como denuncia interna de un funcionario que trabaja en la institución, que en el año 2022 a esta misma empresa se le pagan $ 3.500 millones por el servicio de colaciones (once) para educación básica, cuando esa empresa sólo entrega 30 de esas raciones (...), es decir, el Estado debió haber pagado $ 225 mil, pero pagó $ 3.500 millones de pesos”. Para justificar sus dichos, el exdirectivo aseguró que “pude acceder a bases de datos a través de transparencia institucional. Aquí hay un manejo arbitrario en el PAE, al menos en esta materia”.

Asimismo, algunos de los diputados también apuntan como un flanco para Ávila las presuntas infracciones en la implementación y ejecución de los programas de educación sexual del ministerio, “contraviniendo el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos”.

El diputado Durán, en tanto, hace referencia a estos dos capítulos, señalando que “también considero que es sumamente relevante no dejar pasar la violación al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, irrumpiendo con una sexualización a muy temprana edad, para niños que no están emocionalmente preparados para recibirla. Es imposible sostener que el ministro no debía conocer o fiscalizar estos hechos e incluso señalar que no tenía conocimiento de los mismos”.

En tanto, la diputada Muñoz también señala que “cada capítulo es relevante y añade infracciones a la ley y Constitución. Ya sea por infringir derechos fundamentales, como el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, o la libertad de conciencia con la implementación de programas de educación sexual con ideología de género”.

Por el contrario, tanto el diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista) como el abogado defensor de Ávila, Francisco Cox, sostienen que el libelo no tiene capítulos más complejos que otros, porque en sí no apunta a infracciones atribuibles al secretario de Estado.

Hirsch dice que “francamente acá no se ha cometido ninguna infracción ni a la Constitución ni a las leyes. No veo, por lo tanto, ningún capítulo que sea más problemático para el ministro Ávila. No creo que el ministro arriesgue ningún tipo de sanción, porque esta acusación tiene más de política, de visiones particulares que tienen ciertos sectores del Congreso, pero de ninguna manera está relacionada con transgresión a la Constitución o a las leyes”.

En la misma línea, Cox sostiene que “no vemos ningún capítulo como complejo. Después de tres de los cinco días de sesiones consideramos que los cargos de esta acusación carecen de antecedentes que den cuenta de alguna infracción legal o de la Constitución que amerite acoger la acusación. Es más, confiamos en que se acogerán nuestros argumentos de defensa. Reitero, no hay ninguna infracción legal o a la Constitución que amerite acoger esta acusación”.

Desde la Junaeb emitieron un comunicado respecto a las imputaciones que hizo el exdirector, donde indicaron que Acevedo “presentó acusaciones gravísimas no contenidas en el líbelo, las que se hicieron sin entregar los antecedentes básicos para poder verificar y responder responsablemente”.

Aún más, indican que “respecto a los montos a los cuales hace referencia el exdirector de Junaeb, Cristóbal Acevedo, corresponden a montos de contratos firmados previo a la llegada de este gobierno”.

Pese a esto, destacaron que “no es factible que se paguen $3.500 millones de pesos por 30 raciones, ya que el precio máximo ofertado y adjudicado por un tercer servicio u once es de $7.289 pesos, un valor alto, adjudicado en la administración anterior. La licitación realizada durante este periodo obtuvo el mismo servicio por un valor máximo de $1.093 pesos”.

Por otro lado, la misiva afirma que “no hay ninguna empresa que entregue 30 raciones, dado que el mínimo de raciones por empresas es 1.508.821 al año”.

Además, añaden que “ante las diversas acusaciones, esta administración solicitó a Contraloría General de la República una investigación o auditoría a los procesos de pago del Programa de Alimentación Escolar, con objeto de despejar cualquier duda además de, encontrar posibles puntos de mejora para la gestión del programa”.

Por último, desde la Junaeb señalan que “no es posible contrastar de manera veraz y responsable la acusación realizada mientras no se entreguen los antecedentes necesarios por canales formales propios o a través de los órganos de control establecidos por la Constitución y las leyes, que es la forma en que la institucionalidad puede analizar y atender este tipo de hechos”.