Obligatoriedad de que los fiscales soliciten siempre la pena de inhabilitación absoluta para trabajar con menores, ampliación de esta restricción para abusadores de menores de más de 14 años y el deber de la Fiscalía Nacional de hacer un informe anual con las condenas por delitos sexuales contra menores.

Estas medidas forman parte del proyecto de ley anunciado hoy por el Ministerio de Justicia, que busca modernizar el registro de agresores sexuales contra menores, también conocido como registro de pedófilos.

La iniciativa legislativa es parte de un convenio firmado por el ministro de Justicia, Hernán Larraín; el director nacional del Registro Civil, Jorge Álvarez, y el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, entidades que regulan la actualización de dicho catastro.

Luego de concretarse la firma de las autoridades, el ministro Larraín puntualizó que "el mayor mérito de este acuerdo es que ha sido producto de un trabajo largo, de muchas reuniones y muchas auditorías. Estamos seguros de que va a evitar que ocurran vacíos".

Haroldo Brito sostuvo que "se hizo una labor particularmente seria y tremendamente participativa desde el Registro Civil y el Poder Judicial". Y añadió que "creo que las incorporaciones que se hicieron a los sistemas son, sobre todo, para conferir esa seguridad, para tener las certezas de que los traspasos funcionan".

Jorge Álvarez, además, hizo un llamado a chequear constantemente el catastro de personas abusadoras a través de la página web del Registro Civil.

Según las cifras del Ministerio de Justicia, al 15 de diciembre el registro de inhabilidades registraba 7.935 personas, con 8.193 condenas. Además, el Registro Civil tiene más de cuatro millones de consultas en línea, realizadas al registro desde octubre de 2012 hasta la fecha.

Este anuncio generó reacciones positivas en el Congreso. La diputada oficialista Marcela Sabat señaló que "fueron muchas las gestiones y solicitudes que realizamos, después de un largo trabajo, para dejar en evidencia los serios problemas de actualización que tiene el registro de pedófilos".

La parlamentaria también deslizó una crítica a problemas comunicacionales previos entre las instituciones: "Demostramos la falta de comunicación que existía entre el Poder Judicial y el Registro Civil, por lo que valoramos enormemente la firma de este convenio".