Fue en marzo cuando el ministro de Justicia, Hernán Larraín, junto con sus pares de Mujer y Desarrollo Social, ingresó un proyecto de ley al Congreso que buscaba incorporar a los deudores de pensiones de alimentos al Boletín de Informaciones Comerciales, es decir, a Dicom.

La iniciativa llegó al Senado el 23 de marzo. Actualmente se encuentra en la comisión especial que trata temas de infancia, pero no ha tenido mayores movimientos legislativos.

En el texto de ese mensaje, el gobierno entregó algunas cifras sobre este tema y que dan cuenta de la situación nacional, en la época pre pandemia. “La realidad de nuestro país muestra que el 84% de los demandados en causas de alimentos no paga la pensión de alimentos fijada por el tribunal, suma de dinero que resulta crucial para efectos de la subsistencia de los alimentarios. Esta deuda, según datos del Poder Judicial, asciende a un total de $ 180.000 millones. Esto significa que, en promedio, setenta mil alimentarios, principalmente niños, niñas y adolescentes, no reciben lo que por ley les corresponde”, dice el texto.

Pero el nuevo escenario que abrió el proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de la AFP, sumado a la iniciativa que tomó el Poder Judicial para agilizar el trámite de solicitud de la retención judicial de este dinero para quienes son deudores, provocó que la cartera de Justicia vuelva a acelerar los cambios en esta materia.

“Para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es una preocupación constante velar por el correcto funcionamiento del pago de las pensiones alimenticias, ya que se trata de dineros que van destinados directamente al cuidado y resguardo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país”, dice el titular de Justicia, Hernán Larraín.

Por eso, explican desde la cartera, comenzarán un trabajo en conjunto con el Ministerio de la Mujer para analizar los cambios que se pueden hacer sobre este tema. “En pocos días más iniciaremos una mesa de trabajo en conjunto con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que buscará revisar todas las iniciativas y mociones parlamentarias presentadas en el Congreso en materia de pensiones alimenticias, con el fin de aunar criterios y generar mejores políticas públicas en la materia, que permitan que estos fondos adeudados lleguen todos los meses, de manera correcta, a cubrir las necesidades más básicas de los niños, niñas y adolescentes que hay detrás”, agrega Larraín a La Tercera.

Finalmente, Justicia también está analizando las acciones que se pueden tomar en relación a la retención judicial de estos fondos. Larraín explica que están “explorando distintos mecanismos y fórmulas que permitan asegurar que quienes vayan a retirar su 10% de las AFP, y la vez, tengan pensiones alimenticias impagas, puedan saldar su deuda a través de esta acción, resguardando así el bienestar de los niños, niñas y adolescentes que necesitan este dinero para vivir. Próximamente anunciaremos los pasos a seguir en la materia”.