Luego de tres meses de la llegada del Covid-19 al país, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, presentó hoy un plan de acción para enfrentar la reactivación de los procesos suspendidos en el sistema judicial en el país.
De acuerdo a las cifras entregadas por la cartera, actualmente hay más de 90 mil audiencias no realizadas desde el 16 de marzo en los Juzgados de Garantía, sumado a otras 3.663 en el caso de los Tribunales Orales en lo Penal.
La cartera prevé una “sobrecarga del sistema” para el segundo semestre de 2020, y también para comienzos de 2021, debido a la suspensión de las audiencias y el retraso de actuaciones judiciales.
Según lo informado por Justicia, en materia penal se dispuso la creación de un grupo de trabajo compuesto por el presidente de la Corte Suprema (quien estará representado por el ministro Manuel Valderrama), el fiscal nacional, el defensor nacional, el Colegio de Abogados y el propio ministro de Justicia. A los anteriores se sumarán dos expertos y además incorporarán a centros académicos y asociaciones institucionales.
De forma paralela, se establecerá un grupo de trabajo en materia de Justicia Civil, que abarcará también el ámbito comercial, laboral y familiar. Este segundo grupo estará integrado por la ministra Rosa María Maggi, representando al máximo tribunal. Además, se constituirá una mesa de trabajo durante este mes, que estará compuesta por el Consejo de Defensa del Estado, el Colegio de Abogados y las Corporaciones de Asistencia Judicial.
En ambos casos el plazo de trabajo será de 45 días, después de los cuales se buscará elaborar proyectos de ley para que el gobierno los presente ante el Congreso.
El ministro Hernán Larraín afirmó que “los antecedentes que tenemos hablan de una suerte de congestión previsible hacia el futuro, por la cantidad de actuaciones judiciales que se han suspendido y que se van a reactivar, una vez tengamos el pleno restablecimiento de nuestro país”.
“Tenemos algunas ideas que ya se están conversando para resolver en lo Penal como dice relación modificaciones en los procedimientos abreviados, los cambios en las formas de efectuar los términos probatorios, qué hacer cuando se produce la anulación de los juicios para ver si hay que repetir todo el proceso o podemos hacer algo más simplificado o parcial. En el ámbito civil, también pensamos que esta es una oportunidad para repensar ciertas materias como, por ejemplo, podemos incorporar instancias como las mediaciones o trámites conciliatorios que nos hagan más rápida y más efectiva las decisiones judiciales por vías no necesariamente tan formales y estructuradas”, añadió la autoridad.
