El Ministerio de Justicia, liderado por Luis Cordero, informó que desde la cartera se iniciará un “proceso de actualización de aranceles” de los notarios y conservadores, que no ha experimentado cambios desde 1998, es decir, hace 25 años.
De acuerdo a La Segunda, el anuncio surge tras la afirmación realizada por los senadores Pedro Araya (PPD) y Matías Walker (D), quienes afirmaron que el secretario de Estado tiene las atribuciones para “revisar” los cobros en estas entidades, sin la necesidad de que intervenga el Congreso.
Esto, luego que La Tercera revelara las millonarias fortunas que han ido amasando los tres titulares del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a partir de las ganancias que perciben por su tarea, comparada por algunos con un “monopolio legal”
De acuerdo al citado medio, se ajustará el IPC, lo que necesariamente implicará un alza -al menos nominal- en los aranceles de los conservadores y notarios.
“Vamos a iniciar el proceso de actualización de aranceles que no se actualiza desde 1998. Esa desactualización produce un arancel libre de facto. lo que explica por qué los usuarios reclaman sobre cobros distintos por un mismo trámite en diversas notarias. Es una situación similar a lo que detectamos con los aranceles de receptores cuya actualización se acaba de publicar” se detalló.
El proceso, además, implicará desarrollar un trabajo paralelo que debiera llevar a bajas en los precios de “muchos de dichos trámites”, aunque no se precisó cuáles. Lo que contrasta con opiniones de la contraparte, que apunta a que las tarifas se podrían triplicar.
“En simultáneo iniciaremos estudios y consulta pública para simplificar la estructura tarifaria, considerando mejoras en eficiencia y tecnología, lo que debería implicar que muchos de dichos trámites deberían bajar de valor y permitir que los usuarios permitan comparar adecuadamente entre notarías”, informaron.
Según el vespertino, en el entorno de los notarios y conservadores comentan que éstos no han recibido detalles sobre este proceso y que no han fijado una postura respecto de los ajustes que prevé el Ejecutivo.