El miércoles, en el antiguo edificio de la Municipalidad de Collipulli y de manera reservada, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, se reunió por segunda vez y durante tres horas con los werkenes y lonkos que representan a los ocho comuneros mapuches que mantienen una huelga de hambre en la Cárcel de Angol desde el 4 de mayo. La protesta de los internos se agudizó el lunes, luego de que dejaran de consumir agua, lo cual obligó al traslado de urgencia hasta el hospital local de Víctor Llanquileo, para este que fuera estabilizado.
Esta medida de presión es uno de los factores que mantienen tensionada actualmente a La Araucanía.
El vocero de los comuneros en huelga, Rodrigo Curipán, aseguró que “nos encontramos por segunda vez con el ministro de Justicia y lamentablemente no pudimos destrabar la huelga, hay un par de puntos que requieren de la voluntad política”.
Curipán comentó que sí hubo disposición de Larraín para “que se establezca una mesa de conversación o de trabajo que permita, justamente, regular esta situación” del Convenio 169 de la OIT en materia penal y penitenciaria.
En tanto, el titular de Justicia reforzó que el gobierno ha querido abordar el conflicto con “diálogo”, pero eso no ha sido suficiente. “En el caso de Angol, las peticiones -he estado reunido en el día de ayer con ellos- exceden lo que Gendarmería o este ministerio pueden hacer. Es decir, peticiones que van más allá de la normativa legal y reglamentaria que existe”, comentó Larraín.
Esto, debido a que los comuneros exigen que para desistir de su huelga se sustituya la prisión preventiva o las condenas privativas de libertad por arresto domiciliario en sus comunidades. Además, piden que se establezca una cárcel especial para indígenas con guardias de la misma etnia.
El vocero Curipán agregó que, según los comuneros, “el gobierno se ha ido quedando corto, ya que el ministro lamentablemente no tuvo la capacidad y la voluntad política para resolver esa situación, aun cuando hay suficientes condiciones jurídicas y técnicas para resolver que solo requieren de voluntad política”.
No obstante, la postura del Ejecutivo apunta a que los comuneros no han escuchado otras opciones. “Lamentamos esta falta de sensibilidad y de comprensión, pero para el diálogo se requiere de dos partes y nosotros hemos puesto la nuestra. Sin embargo, hemos advertido, en algunos grupos como los de Angol, intransigencia”, afirmó el titular de Justicia.
Incluso, Larraín aseguró que el petitorio de los comuneros, en realidad, escapa a las facultades que tiene el Ejecutivo: “En aquellos casos que están en prisión preventiva, el cambio de medidas cautelares es una decisión del juez que no depende ni de Gendarmería ni del ministerio otorgarlo”.
En tanto, el titular de Justicia confirmó que por parte del gobierno sí existe “voluntad de adecuar nuestro sistema de justicia penal y nuestro sistema penitenciario a compromisos internacionales, como los que establece el Convenio 169 de la OIT”. Este jueves, los siete comuneros restantes en huelga seca de Angol fueron trasladados al centro asistencial local.
