A las 15.16 del pasado miércoles 10 de enero, el receptor judicial Roberto Muñoz Caamaño subió al séptimo piso del edificio ubicado en avenida Eliodoro Yáñez esquina Tobalaba, comuna de Providencia, donde funcionaba la empresa Caval. La presencia en el lugar del funcionario tenía un solo objetivo: notificar a Natalia Compagnon del revés judicial que la obligaba a devolver las cinco oficinas y seis estacionamientos que la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet adquirió en diciembre de 2014 a través de leasing, es decir, mediante un arriendo con promesa de compra.
En la resolución de la magistrada María Paula Merino, dictada 24 horas antes, el tribunal pidió avisar de cualquier oposición a la entrega de los cinco inmuebles, ya que, de ser necesario, se pediría la intervención de la "fuerza pública". Según el informe del receptor judicial, aunque tres de las oficinas estaban vacías, en las otras fue recibido por dos personas adultas "quienes manifestaron oponerse a la diligencia", señala el texto.
La orden del tribunal se debe a que Compagnon mantiene deudas impagas por casi $ 30 millones por dichos inmuebles, esto pese a que de acuerdo con los documentos del expediente, ha subarrendado a terceros tres de las cinco oficinas.
Origen del caso
El 30 de diciembre de 2014, cuando Caval ya contaba con las espaldas financieras de haber recibido un crédito de $ 6.500 millones del Banco de Chile, Compagnon, como socia de esa empresa y representante legal de Inmobiliaria e Inversiones San Lucas S.A., selló con Tanner Leasing S.A. un contrato de arrendamiento -con promesa de compra- de las oficinas en Providencia.
El acuerdo consistía en realizar 121 pagos por un total de 21.418 UF ($ 574 millones), que terminaría el 4 de junio de 2025. Fue así como las modernas instalaciones del edificio Studio Office, emplazado a pasos de la estación de Metro Cristóbal Colón, permitieron reemplazar las antiguas oficinas de calle Nevería donde hasta entonces funcionaba la empresa Caval.
Sin embargo, el estallido del escándalo por la compra de terrenos en Machalí, que implicó la formalización por delitos tributarios de Compagnon y su socio Mauricio Valero -quien además enfrenta cargos por soborno-, incidió en el incumplimiento del pago de los arriendos desde junio de 2016.
Este hecho llevó a que la empresa Tanner Leasing S.A. demandara a Compagnon en su calidad de representante de Inmobiliaria e Inversiones San Lucas S.A., sociedad que mantiene vigente junto a su madre, Margarita Soto.
Los intentos por frenar esta arremetida legal obligaron a las empresas vinculadas a Compagnon a desembolsar en enero de 2017 la suma de $ 37,5 millones para tratar de llegar a un acuerdo. Pero el esfuerzo resultó infructuoso: "Tal cancelación no enerva la acción, toda vez que solo se ha hecho pago de las rentas morosas vencidas", detalla un documento de los demandantes contenido en el expediente. En la misma causa, además, se propuso el pago de otros $ 7,5 millones. Así las cosas, todavía se mantiene pendiente una deuda cercana a los $ 26,3 millones, según los demandantes.
En sus argumentos, los demandantes hacen ver que Natalia Compagnon recibe ingresos por estas oficinas al subarrendarlas. En ese edificio, un arriendo de oficinas (de 34 metros cuadrados) puede llegar a los $ 500 mil mensuales.
Consultados sobre la orden judicial de desalojo, uno de los arrendatarios que utiliza uno de los inmuebles de Compagnon aseguró que "me sorprende este caso, no nos han dicho. No tenía idea de que había un conflicto legal por estas oficinas. Nosotros solo arrendamos, ojalá esto no nos afecte".
La jugada final
Luego de conocer la sentencia, el abogado Antonio Garafulic, defensor de Compagnon, recurrió ante la Corte de Apelaciones de Santiago para intentar revertir el fallo. Esta resolución actualmente se encuentra pendiente, por lo que en los próximos días el tribunal de alzada deberá zanjar si mantiene o revoca la sentencia contra las empresas vinculadas a Compagnon.
Desde el entorno de la cientista política aseguraron que entre las diligencias solicitadas se presentó una orden de no innovar, con lo cual se busca paralizar la entrega de las oficinas. Asimismo, aseguraron que la defensa de Natalia Compagnon se mantiene en constante diálogo con los abogados demandantes para tratar de buscar un acuerdo.
Pero este no es el único flanco que mantiene la dueña de Caval: en paralelo con la demanda de Tanner, el Banco Santander solicitó el 2 de enero pasado desarchivar una causa contra Compagnon por el incumplimiento en el pago de "$ 20.375.694, más los intereses" que adeuda a esa entidad.
Esta causa aún se encuentra vigente pero, según detallaron desde el entorno de Compagnon, durante la segunda semana de enero se habría realizado un pago de $ 5 millones en efectivo para intentar llegar a un acuerdo que desactive este nuevo lío judicial.
