El Noveno Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $ 80 millones por concepto de daño moral a cada uno de los 31 mineros demandantes, de los 33 que permanecieron atrapados por 69 días en la mina San José, Región de Atacama, en 2010.

La magistrada Lidia Poza Matus estableció en su fallo la responsabilidad del Estado -específicamente del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud y la Dirección del Trabajo- por la falta de fiscalización a la empresa dueña del yacimiento donde los mineros quedaron atrapados.

De esta forma el Estado deberá pagar $ 2.480 millones a los trabajadores afectados por el derrumbe del yacimiento.

La magistrado rechazó la postura del Estado que argumentaba la existencia de reparación a las víctimas por la serie de medidas adoptadas en su rescate, así como también en los beneficios que fueron entregados con posterioridad.

"Estos antecedentes no logran desvirtuar lo razonado en el considerando septuagésimo quinto, ya que si bien dan cuenta del enorme gasto fiscal que significó el rescate y los dineros involucrados en la pensión vitalicia y tratamiento médicos, ello no son constitutivos de ningún resarcimiento por daño moral, sino únicamente compensatorio del daño emergente y el lucro cesante que no ha sido demandado en estos autos", sostuvo.