Le llegó el día al oncólogo Manuel Álvarez Zenteno. Este miércoles comenzó a desarrollarse la audiencia de preparación del juicio oral en su contra, en el cual el Ministerio Público le imputa el delito de abuso sexual reiterado en contra de dos víctimas. Y el 4° Juzgado de Garantía le decretó al médico la prohibición de hacer ingreso de la Clínica Las Condes (CLC).
Álvarez había regresado el lunes 17 de octubre al recinto asistencial, día en que fue presentado como el director del Centro de Cáncer, cargo que ocupaba hasta el 2017 cuando fue desvinculado debido a las denuncias en su contra.
Hoy el fiscal Felipe Cembrano solicitó la revisión de la medida cautelar que pesaba sobre el oncólogo, ante lo que el juzgado accedió y decretó la prohibición de ingreso a las instalaciones de la CLC.
En el inicio de la preparación del juicio oral, la fiscalía presentó cerca de 35 testimonios en contra del médico, además de 29 documentos y siete pruebas periciales de la investigación. Una vez conocido este caso, se han sumado otros testimonios de mujeres que denunciaron ser víctimas de Álvarez en el mismo contexto de atención oncológica, hechos que suman 11 entre 1998 y 2017.
Tras ser desvinculado en 2017 de la CLC, Álvarez comenzó a trabajar un año después en el Servicio de Salud de Magallanes. Para aquel entonces, estaba contratado por 44 horas a la semana, trabajando media jornada en la atención de pacientes oncológicos y la otra mitad el desarrollo de la Red Oncológica Regional en esa zona.
El médico fue formalizado el 8 de enero de 2019 por la Fiscalía Metropolitana Oriente por el delito de abuso sexual reiterado en contra de una paciente. El año pasado el Ministerio Público concluyó la investigación y presentó la acusación en contra del galeno, para quien pide 16 años de cárcel por dos delitos reiterados de abuso sexual.
La semana pasada, CLC sostuvo que además de haber reincorporado a Álvarez luego de que el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago dictaminara que la institución lo despidió injustificadamente cuando se conocieron los hechos en 2017, justificaba su restitución “en función de lo dispuesto por el referido Juzgado de Letras, y atendida su valía profesional, que lo hace ser uno de los oncólogos más reputados de nuestro país, con amplios reconocimientos profesionales tanto en Chile como en el extranjero”.
Por su parte, la defensa del oncólogo, encabezada por el penalista Jorge Bofill, se opone al cierre de la investigación y pidió la reapertura para realizar diligencias que demostrarían, a juicio de los abogados, que las acusaciones en su contra son falsas.
