Uno de los principales focos de atención en medio de la pandemia de Covid-19 que enfrenta el país dice relación con las cárceles.
El alto nivel de hacinamiento -que impide desarrollar conductas individuales higiénicas al interior de los recintos- ha motivado diversas acciones por parte del gobierno, como por ejemplo la Ley de Indultos Conmutativos, que permitió salir de la cárcel a reos de baja peligrosidad que cumplieran ciertos requisitos.
No obstante, el Ejecutivo no es el único poder que ha tomado cartas en el asunto. Este martes se dio a conocer que el Juzgado de Garantía de Puente Alto ofició al Ministerio de Salud y al Ministerio de Justicia para que evalúen un cierre parcial de la cárcel de Puente Alto.
Dicho recinto ha estado en el foco de atención en las últimas semanas porque fue el primero donde se registró el contagio de un interno, mismo centro donde actualmente existen 227 reos con diagnóstico positivo para Covid-19.
No obstante, este no es el primer llamado de atención del Poder Judicial. Hace algunas semanas, la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema evacuó un informe donde criticaba las condiciones carcelarias de los recintos del país y en el que la fiscal Lya Cabello calificaba la situación intracarcelaria como una “bomba de tiempo”.
Al respecto, el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, indicó que “el día de hoy hemos sido notificados de esta resolución donde se nos solicita evaluar distintas alternativas y escenarios para enfrentar la situación en la cárcel de Puente Alto”.
“Hoy en día hemos logrado disminuir los casos de nuevos contagiados. Ha sido testeada la totalidad de la población penal de dicha cárcel, de esos 277 casos fueron confirmados y hay 86 casos recuperados. Además hemos vacunado contra la influenza a toda la población penal, logramos disminuir de 1.200 a 800 las personas que se encuentran en dicha cárcel y hemos logrado trasladar a personas que se encuentran sanas a otras unidades penales del país”, enfatizó la autoridad.
