Acompañada por su marido y rodeada de cámaras, Cathy Barriga Guerra llegó al Noveno Juzgado de Garantía de Santiago para la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Municipalidad de Maipú: las partes querellantes pidieron revocar el arresto domiciliario vigente por prisión preventiva, petición que fue acogida por el juez Hugo Torres.

Tras su arribo al Centro de Justicia, Barriga brindó un punto de prensa a los periodistas que la esperaban en el lugar. Allí, insistió nuevamente en su inocencia: “Nunca he tenido miedo de nada. Cuando eres inocente no tienes temor”. Además de eso, enfatizó en que ser sentía tranquila para enfrentar esta nueva audiencia. Pero el dictamen fue en sentido contrario a lo que ella esperaba.

Barriga Guerra está imputada como autora de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, por lo que el magistrado consideró que su libertad significa un peligro para la seguridad de la sociedad. Tras la resolución, Barriga se despidió de su esposo, el diputado Joaquín Lavín, mientras era esposada por Gendarmería y luego fue trasladada a la Cárcel de San Miguel por determinación del juez Torres.

Este cambio de medida cautelar por una más gravosa, se podría entender como una nueva victoria para los querellantes, ya que recientemente el municipio de Maipú logró que el juzgado accediera a la petición de embargar los dineros que Barriga consiguió a través de la venta de contenido para adultos en la plataforma Onfayer. Esto con la finalidad de “asegurar el cumplimiento de una eventual sentencia civil condenatoria que obligue al imputado a reparar los perjuicios causados con ocasión de la comisión de un delito”.

El abogado de Cathy Barriga, Cristóbal Bonacic, calificó la prisión preventiva como una decisión “arbitraria, la cual no se ajusta al mérito de los antecedentes”.

En este sentido, explicó que “en toda revisión de medida cautelar lo que tiene que revisar el tribunal es cuáles son los nuevos antecedentes que hay que justifiquen la prisión preventiva. El tribunal dio como argumento los mismos hechos que fueron objeto de formalización en enero de este año, resuelto por otro juez, por este mismo tribunal, entendido que no era suficiente la prisión preventiva”.

Al respecto, afirmó que “hoy día, lamentablemente, se ha ejercido una presión, que ha sido desde enero de este año, que nuestra representada tiene que estar privada de libertad sin ningún mérito ni fundamento alguno”.

Tras esto, indicó que a la brevedad presentarán un recurso ante la Corte de Apelaciones para que revoque la medida. “Estamos muy esperanzados de que tras la apelación que se va a presentar lo antes posible, la Corte de Apelaciones va a ajustar la resolución a lo que corresponda, va a revocar esta resolución que no tiene mérito, en cuanto a los hechos y al derecho”, destacó Bonacic.

La revisión de cautelares se dio en el marco de la investigación de los presuntos hechos de corrupción que habría cometido Barriga mientas encabezó el municipio de Maipú entre 2016 y 2021. En particular, la actual administración de la comuna, liderada por el alcalde Tomás Vodanovic (FA), señaló que el monto que se le imputa a la exalcaldesa asciende a $33.515.721.000.

Un informe realizado por una funcionaria de Contraloría también apunta a una cifra similar que redondea los $31 millones, dicho documento fue utilizado el 13 de septiembre por la Fiscalía Metropolitana Oriente en la reformalización de la exchica Mekano, a quien además de los ilícitos de fraude al fisco le sumaron una arista por falsificación sobre los libros contables comunales que entregó al ente fiscalizador, los cuales habrían sido alterados.

En esa audiencia, la persecutora Constanza Encina también entregó nuevos antecedentes, tal como que Barriga que teniendo conocimiento sobre la falta de recursos, continúo realizando millonarios eventos como el Año Nuevo Chino, Maipú Enamorado, Granja Alimentaria, Maipeluza y Spa Adulto Mayor, que en su totalidad suman más de $ 6.300 millones desembolsados de las arcas comunales.

A raíz de la indagatoria contra Barriga, el diputado y marido de la acusada, Joaquín Lavín León también está bajo la mira del Ministerio Público por supuestos pagos de facturas ideológicamente falsas que habrían sido emitidas a nombre de la municipalidad cuando la exchica Mekano era alcaldesa.

Por esta investigación, la Policía de Investigaciones allanó la oficina del parlamentario en el Congreso, su sede distrital y su domicilio ubicado en Peñaflor.

Luego de las diligencias en el Congreso, la fiscal Encina dijo: “Se trata de una investigación donde el imputado en este caso es el diputado, el señor Joaquín Lavín León. Esta investigación, si bien surge de una investigación que tenemos por fraude al fisco y otros delitos de falsificación en el contexto de la Municipalidad de Maipú, esta es una investigación donde solamente se está imputando al señor Joaquín Lavín por el momento”.

En tanto, el diputado Lavín sostuvo que “aquí no se ha cometido ningún delito y esperamos que se investigue de manera rápida”. Horas después se conoció su renuncia a la Unión Demócrata Independiente (UDI).