La diputada PC Karol Cariola informó esta jornada que su defensa acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el cuestionado allanamiento a su domicilio realizado por la PDI el pasado 3 de marzo, mientras la parlamentaria se encontraba en un centro médico dando a luz a su primer hijo.

Cabe recordar que la diligencia policial se realizó en el marco de la investigación que está llevando el fiscal Patricio Cooper en su contra por el presunto tráfico de influencias, en una arista derivada del caso Sierra Bella.

Así, la parlamentaria comunista concretó lo que había adelantado el pasado 9 de marzo, cuando anunció que recurriría al organismo internacional por la violación de derechos que, asegura, sufrieron ella y su pequeño hijo producto de esta situación.

Desde el Congreso, este miércoles Cariola confirmó que “recurrimos a la CIDH, está en inicio, hay una entrega”.

Agregó que “efectivamente, acá hubo una vulneración de derechos, que es algo que no queremos que vuelva a ocurrir a ninguna mujer en nuestro país: yo estaba pariendo en el momento en el cual se produce la decisión de generar el allanamiento”, relevó.

“Yo no se lo doy a nadie, la afectación emocional que eso significa para cualquier persona es algo brutal, es terrible, es doloroso y por supuesto que tenemos que marcar precedente, sobre todo quienes somos autoridades. Acá la CIDH tierne que pronunciarse al respecto y ya hemos hecho la solicitud”, sostuvo.

“Interpretación mañosa”

En la ocasión, la diputada PC confirmó lo informado este miércoles por La Tercera, respecto a que su defensa acusa una “interpretación mañosa” por parte de la PDI de los chats encontrados en los equipos que le fueron incautados en el allanamiento.

Esto, ya que según afirman, un nuevo informe policial continúa confundiendo a dos empresarios referidos en los chats de la parlamentaria.

“Es lo que hemos dicho desde el primer momento, esta es una situación bastante compleja, nosotros hemos visto intrepretaciones que no son correctas, se confunden personas. Hay un informe original, que es el que incentiva la primera acción de allanamiento, que, tal como lo hemos dicho en distintas oportunidades, se confunde a dos personas, se trata de generar intencionalidad entre una y otra, a propósito de lo que se nos está imputando, y frente a eso, la verdad de las cosas, es que lo que hemos dicho y hemos reclamado: primero, nuestra inocencia absoluta frente a lo que aquí se está tratando de instalar y, por otro lado, evidentemente que al confundirse a dos personas distintas, no hay consecución del delito que supuestamente se intenta determinar”.

La parlamentaria agrega que “frente a eso, el abogado ha sido muy claro, hay un informe que tiene incluso inconsistencias de fechas y eso es lo que el abogado está también reclamando, así que bueno, hay un proceso judicial, nosotros hemos colaborado para que esto se esclarezca lo antes posible”.

Cariola se refiere a los señalado por su defensa, en el sentido de que en un nuevo informe de la PDI se sigue confundiendo a los empresarios Carlos Frings con Bo “Emilio” Yang.

En las conversaciones, Cariola le habla a la entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, sobre “un empresario cercano, que me apoyó en mi campaña” y que “se dedica a la publicidad a gran escala”, quien quería cenar o almorzar con ambas, pues deseaba “apoyar” en la comuna. Si bien la PDI creyó que se trataba de Bo Yang -por quien Cariola habría pedido a Hassler intervenir para evitar que le clausuraran su negocio-, luego se confirmó que esa persona era Carlos Frings Arias. Fue a Frings a quien Hassler contactó para la facilitación de un árbol de Navidad y un pesebre ubicado en la Plaza de Armas, en diciembre 2022.

Sin embargo, en el nuevo informe policial se señala que “el empresario señalado por la diputada Cariola en las conversaciones como “cercano” y “que me ayudo en la campaña” corresponde al mismo empresario singularizado como “Emilio Yang” en las conversaciones de fechas 18 de enero de 2022 al 24 de enero de 2022, en las que Cariola solicitó a Hassler intervenir para evitar que la I. Municipalidad de Santiago le quitara la patente y clausurara un mall chino de propiedad de este”. Dicha afirmación, afirman desde la defensa de Cariola, debía ser corregida y la PDI no lo hizo.

Otro punto que el abogado de Cariola planteará son conclusiones policiales del detective Francisco Riffo, que a su juicio se excede de sus atribuciones. Como ocurre, dice el abogado, en este párrafo: “Las conversaciones precitadas dan cuenta que la honorable diputada Karol Cariola influyó para que la entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, realizara gestiones para evitar la cancelación de la patente del local comercial ubicado en Gorbea 2727, local 5, comuna de Santiago, que, de acuerdo a lo señalado por misma diputada, sería de propiedad de su “amigo”, “empresario chino”, de nombre “Emilio Yang”, quien le habría ayudado en sus campañas”.

Para el abogado, esto es una “interpretación mañosa”. Si bien el primer informe es de antes de la quincena de febrero, el segundo es del 24 de ese mes. En ese sentido, Manríquez dice que, o hubo un error de copia o, derechamente, hubo mala fe en el nuevo informe.