“Knightsbridge”: amplían detención de miembro del Ejército y oficiales de Carabineros investigados por millonaria estafa piramidal

Fachada del Juzgado de Garantía de San Bernardo.
Fachada del Juzgado de Garantía de San Bernardo. Foto: Cristóbal Escobar / Agencia Uno.

El fiscal jefe de Focos Investigativos Occidente, Sergio Soto, detalló una serie de diligencias pendientes de concretar y justificó su solicitud “por la envergadura” de esas diligencias. Soto detalló que desde Asuntos Internos de Carabineros se les informó de forma preliminar que cerca de 500 funcionarios de la policía uniformada “habrían participado tanto en calidad de víctimas como también como reclutadores de otras personas en esta máquina de defraudación”.


En el Juzgado de Garantía de San Bernardo se desarrolló la audiencia de control de detención de los involucrados en una estafa piramidal que era ejecutada por una plataforma denominada Knightsbridge, puente de los caballeros en español.

Cientos de personas cayeron en la estafa de la aplicación, bautizada con el nombre de un exclusivo barrio residencial y comercial de Londres, que prometía altas rentabilidades a través de la compra de productos en el extranjero.

El negocio, según explican desde la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana de la PDI, era la promesa del reembolso del impuesto por la transacción en el extranjero, supuestos retornos de hasta el 300 % de lo que se había invertido.

La investigación de largo aliento llevada a cabo por la Bridec en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Occidente surgió ante más de 300 denuncias de personas estafadas. Se estima que habría un perjuicio económico que supera los 5 mil millones de pesos en el caso.

Este jueves se concretó la detención de tres imputados, dos oficiales de Carabineros y un cadete de la Escuela Militar del Ejército, ligados a la estafa.

En mayo de 2022, La Tercera reportó que al menos tres tenientes de la policía uniformada estarían involucrados en la captación de cerca de 18 policías para invertir en la compra de artículos por Internet con la falsa promesa de retorno de impuestos, provenientes desde el extranjero. A raíz de esta situación, se abrió un sumario a cargo de la fiscalía interna de Carabineros para determinar los grados de participación que tendrían cada uno de ellos.

Por esos días, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), alertó a usuarios y al público general que la plataforma denominada Knightsbridge no era supervisada por el organismo, y por ende no contaba con la autorización para prestar servicios en Chile.

El sistema operó cerca de un año antes de ser denunciado como una operación fraudulenta.

En la audiencia de este viernes, el fiscal jefe de Focos Investigativos Occidente, Sergio Soto, explicó que “hay un mayor número de funcionarios de Carabineros que también estarían involucrados en esta actividad”.

El fiscal detalló una serie de diligencias pendientes de concretar y pidió, “por la envergadura” de esas diligencias, ampliar la detención de los imputados con la finalidad de formalizar investigación el lunes 29 de mayo.

Soto expuso que necesitan revisar discos duros para acceder a información que permita conocer la identidad de personas involucradas en las operaciones con criptomonedas que realizaron los imputados para recaudar los dineros presuntamente defraudados.

Pese a la negativa de los defensores, de mantener la privación de libertad de los tres involucrados en el caso, el tribunal accedió a la solicitud del Ministerio Público y fijó audiencia para el lunes a partir de las 10.30 horas, ampliando la detención hasta esa instancia.

El teniente de Carabineros Sergio Toto permanecerá en el Anexo Cárcel Pudahuel Norte, la teniente Ninoska Benavides lo hará en la Sección Especial Sucre de la policía uniformada, en tanto, el militar Sebastián Jara ingresaría a la unidad del Ejército de Peñalolén.

Tras la audiencia, en diálogo con la prensa, el fiscal Sergio Soto explicó que el rol fundamental de los detenidos era incorporar a otras personas a la plataforma para obtener comisiones en base a los dineros de las víctimas.

“A través del arduo trabajo que realizó la Brigada de Delitos Económicos, se puede establecer que estas personas durante el periodo defraudatorio que va desde diciembre de 2021 a mayo de 2022, tuvieron incrementos incrementos patrimoniales injustificados superiores a los 200 millones de pesos”, expuso el persecutor.

Soto detalló que desde Asuntos Internos de Carabineros se les informó de forma preliminar que cerca de 500 funcionarios de la policía uniformada “habrían participado tanto en calidad de víctimas como también como reclutadores de otras personas en esta máquina de defraudación”.

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