Los detalles de la acusación por torturas, falsificación y obstrucción que dejó a cuatro carabineros en prisión preventiva en Alto Hospicio

Cinco funcionarios de Carabineros, que desempeñaban labores en la Tercera Comisaría de la comuna de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá, fueron detenidos ayer lunes, por su presunta autoría en los delitos de torturas, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.

Durante la jornada de este martes, los efectivos policiales -cuya identidad quedó en reserva al igual que la de la víctima, por decisión del juez Guillermo Cofré- debieron enfrentar a la justicia, siendo formalizados en el Juzgado de Garantía de la ciudad por la fiscal jefe Virginia Aravena, quien solicitó la medida cautelar de prisión preventiva.

Respecto a los hechos, la persecutora detalló que, a eso de las 14 horas del pasado miércoles 19 de julio de 2023, fueron detenidas tres personas por el supuesto delito de violación de morada. Entre ellas se encuentra la víctima de iniciales R.A.V., junto a su pareja y un tercero.

Al momento de ser trasladados a los calabozos, a las 20 horas del mismo día, la víctima se habría opuesto a firmar un documento que daba cuenta de que no tenía lesiones tras ser aprehendido, lo cual fue comunicado por una de las imputadas, de iniciales R.B.T., quien pertenecía a la Sección de Investigación Policial (SIP), al comandante de la unidad policial, teniente coronel de iniciales J.C.P., también imputado.

Debido a ello, este último fue a conversar con el sujeto arrestado, pero ante la negativa del mismo de no acceder a lo pedido, el teniente coronel ordenó trasladar a otra celda a los detenidos que se encontraban junto a la víctima, para dejarlo solo.

Posteriormente, llamó a dos funcionarios de Carabineros, los imputados de iniciales A.A.U. y E.G.C., quienes se encontraban en la comisaria con atuendos de motociclistas y con sus cascos puestos, con el protector negro que no les dejaba ver sus rostros, esperando afuera de la celda donde se encontraba la víctima.

En ese contexto, el comisario –según relató la fiscal- ordenó al funcionario de la SIP de Carabineros, de iniciales I.A.E., apagar las cámaras y la grabación de dicho sector, para efectos de que no quedara registro audiovisual de ese calabozo, lo que este policía realizó.

Según los hechos expuestos en la audiencia de formalización, el teniente coronel habría ordenado el ingreso de los otros dos imputados a la celda, y en conjunto redujeron a la víctima ubicándolo boca abajo, doblándole los brazos para esposarlo, para luego agredirlo entre los tres, recibiendo golpes en su cuerpo, muslos y genitales.

Además, le habrían rociado gas pimienta en su cara, afectando también a otros detenidos y personas del lugar, sin que existiera un motivo que justificara la violencia ejercida. Todo esto, mientras la imputada de iniciales R.B.T. observaba la golpiza e insultaba al detenido, de acuerdo a lo señalado por el Ministerio Público.

La fiscal jefe de Alto Hospicio prosiguió relatando que una vez concretado lo anterior, y ya sin oposición de la víctima, fue llevado hasta el lugar donde estaban los vehículos policiales, con el fin de trasladarlo al consultorio más cercano. Sin embargo, en dicho trayecto y dada la golpiza sufrida por la víctima, antes de subirse al móvil, cayó de rodillas, lo que -de acuerdo con los antecedentes entregados- habría motivado a que uno de los imputados le introdujera un bastón retráctil por entremedio de sus nalgas para que se levantara, todo esto con risas e insultos de parte de los presentes.

Ya en el recinto de salud, se le diagnosticó al afectado un leve eritema ocular izquierdo con leve epifora, además eritema pericular izquierdo. No obstante, al concurrir al mismo centro médico luego de la audiencia de control de detención, se determinó que tenía lesiones menos graves.

Pese a todo lo anterior, y 16 días después, cuando el afectado concurrió a estampar la denuncia a la misma comisaría por las agresiones sufridas, fue atendido por una carabinera a quien le relató con detalle lo sucedido, atribuyendo la responsabilidad de estos hechos expresamente al comisario, todo lo cual la funcionaria habría consignado en el parte policial.

Advertido de esta situación por uno de los imputados, el jefe de la Comisaría habría instruido retener el parte original, que contenía la denuncia para que no fuera enviado a la Fiscalía y posteriormente habría ordenado a la imputada R.B.T. modificar su contenido desde el sistema de registro informático, sustituyéndolo por un relato sucinto, redactado en términos generales, sin atribuir a nadie en específico las golpizas recibidas.

Además, se consignaron en el documento dos firmas: la del teniente coronel -pese a que en esa fecha no se encontraba de servicio- y la de otro funcionario que se había negado a firmar el parte, por lo que el comisario junto a la otra imputada de iniciales R.B.T., le habrían ordenado a otra carabinera que estampara su firma en el documento.

Cabe indicar que el parte policial fue remitido a la Fiscalía, con la nueva redacción, el 11 de agosto del año pasado, retardo que habría tenido como finalidad acortar el plazo para recuperar las grabaciones del día de la golpiza sufrida por la víctima.

Asimismo, el 4 de agosto, de acuerdo a lo sostenido por la Fiscalía, uno de los funcionarios de la SIP e imputado en este caso, de iniciales I.A.E. se habría dirigido hasta los calabozos de la Tercera Comisaría, con la finalidad de abrir y manipular el DVR de las cámaras de vigilancia, con intención de ver si había registro de la golpiza que hubiera sido captada, a pesar de haber sido desconectadas por él mismo.

En este contexto, habría indicado a los funcionarios de guardia que el equipo de grabación tenía un problema, sacando el DVR y llevándoselo a las oficinas de la SIP, supuestamente para repararlo, sin tener autorización ni estar facultado para ello, todo de lo cual se dejó constancia en los libros respectivos.

El Ministerio Público terminó su alocución respecto a los hechos, detallando que mientras se desarrollaba la investigación por estos hechos, durante los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024, el comisario habría presionado a los funcionarios que estaban en la guardia el día de los hechos, para influir en sus declaraciones y que éstos no relataran la verdad de lo sucedido, sino lo que este imputado les decía que debían declarar, especialmente la omisión respecto de la desconexión de las cámaras y la golpiza efectuada a la víctima.

Por todo lo anterior, el juez de garantía Guillermo Cofré, resolvió enviar a prisión preventiva al comisario J.C.P., junto a los funcionarios A.A.U. y E.G.C., R.B.T., medida que deberán cumplir en dependencias de la Primera Comisaría de Iquique. En tanto, al imputado de iniciales I.A.E. le fue impuesta la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.