Hay un jardín infantil que está funcionando, con niños muy chicos adentro.
Este fue el mensaje que ingresó a las 9.30 de este viernes a la Prefectura Rinconada de Carabineros en Maipú. El aviso alertó a los policías, quienes anotaron la dirección del lugar denunciado y avisaron de inmediato a la autoridad sanitaria.
Al llegar al lugar, ubicado Avenida Pajaritos 1257, los uniformados confirmaron la denuncia. Cuatro menores -uno de 3 años y tres de un año- estaban en el jardín al cuidado de dos parvularias, en plena cuarentena, y poco antes que el ministro de Salud, Enrique Paris, informara de 4.296 casos nuevos por coronavirus y el aumento de un control férreo a las medidas de fiscalización.
En una semana marcada por las denuncias contra empresas que operaban durante el confinamiento sin ser del rubro de bienes esenciales, o adulterando su rubro, el caso de este jardín infantil se convirtió de inmediato en foco de críticas de diversas autoridades.
A poco andar las pesquisas de la Fiscalía Occidente, de Carabineros y de la Seremi de Salud, se apuntó a los presuntos responsables: el representante legal de la empresa de golosinas Fruna, José Antonio Santiesteban, y María Jesús Arévalo, sostenedora del jardín “Creando”.
La trama tras esta historia se fue aclarando con una velocidad vertiginosa, con información que trascendía cada 30 minutos. Todo en presencia de los padres que llegaban a retirar a los niños del establecimiento.
¿Qué fue lo que pasó? Cuando los policías llegaron al jardín y comprobaron la presencia de los menores en el lugar, le solicitaron a la sostenedora del jardín una explicación. María Jesús Arévalo les señaló que contaban con un certificado que les extendió la empresa Fruna, dado que mantenían un convenio con ellos para cuidar a los hijos de sus trabajadores.
La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, se trasladó hasta el recinto y desde ese lugar indicó que “no existe ese tipo de certificado (…) La empresa no está autorizada a contradecir una normativa sanitaria, como es el no funcionamiento de jardines infantiles”. El documento que “autorizaba” al jardín a funcionar, a nombre de la empresa Fruna, estaba fechado desde el 25 de mayo.
Detectada esa irregularidad, el fiscal jefe de Maipú, Luis Pablo Cortés, aceleró las pesquisas y emanó una orden de detención contra el representante legal de Fruna, José Santiesteban, histórico dueño de la empresa de golosinas. Según explicó Carabineros, la empresa le pagaba directamente al jardín para el cuidado de los menores. De acuerdo al sindicato de la empresa Fruna, el monto entregado era de $ 80 mil por niño.
La representante del sindicato Nº 3 de Fruna, Patricia Vásquez, indicó que “nosotros venimos a dejar a nuestros hijos a las 7 de la mañana, porque nos obligan a trabajar. Eso era sabido, a muchas madres las están obligando a ir a trabajar y no tenemos con quién dejar a nuestros hijos. Acá son como 30 las mamás que están en esa situación”.
El fiscal Luis Pablo Cortés indicó que “la fiscalía ha implementado la investigación sobre la comisión del nuevo delito en la ley contra la salud, que afecta a los empleadores que han forzado la presencia de trabajadores, en este caso, tanto como del jardín como de la empresa”. Tanto la sostenedora del jardín como el representante legal de Fruna, quedaron apercibidos y citados por la fiscalía. No fue posible obtener una versión de ellos.
El gobierno, por su parte, anunció una querella contra los responsables, donde los imputados arriesgan penas de 5 años de cárcel. En tanto, la seremi de Salud Metropolitana, Paula Labra, anunció la clausura del jardín, el inicio de un sumario y una multa que podría alcanzar los $ 50 millones.
