P.M.S (37) está privado de libertad desde el 20 de mayo. Según su abogado, Héctor Montecinos, sus padres están angustiados. Llevan más de 50 días esperando que le otorguen la libertad tras ser detenido por robo un con intimidación en La Granja.

El problema es que no debería estar en la cárcel, sino que en un hospital siquiátrico, pues fue considerado una persona inimputable por el 12° Juzgado de Garantía de Santiago y la Corte de Apelaciones de San Miguel, quienes ordenaron su internación en el Hospital Siquiátrico José Horwitz Barak.

El acusado, en compañía de otro individuo, habría amenazado con un arma blanca y robo un millón de pesos. Pero la justicia escuchó los elementos expuestos por su defensa y luego de considerar que la aprehensión se ajustó a derecho, el magistrado Ignacio Ovalle suspendió el procedimiento en su contra por el artículo 458 del Código Procesal Penal, oficiando al Servicio Médico Legal evacuar un informe respecto al estado siquiátrico de este hombre de 37 años.

El análisis forense, que se le realizó en 2017 en razón de una solicitud anterior de la fiscalía, establece que "no distingue carácter lícito o ilícito de un acto. No es capaz de autogobernarse conforme a lo que el Derecho exige, por lo que el examinado debiera ser considerado inimputable. Su libertad conlleva un riesgo para sí y para terceros. Necesita ser supervisado por un adulto responsable y fiable".

Pese a esto y a que padece de una esquizofrenia hebefrenocatatónica crónica, desde el recinto siquiátrico donde debió ser internado tras su detención, han explicado que no ha sido posible recibirlo, argumentando "falta de camas".

Según los documentos contenidos en la carpeta investigativa del caso, el acusado se encuentra en el puesto número 21 de la lista de espera para ser internado. Junto con informar aquello, recomiendan que P.M.S permanezca en el hospital penitenciario de Santiago 1, con tratamiento de Risperidona y Clonazepan.

Esta situación es considerada de suma gravedad por Montecinos, pues asegura que "la cárcel no tiene los medios para atender a personas con este tipo de patologías médicas. Además, a él no se le está dando la medicación, otros internos lo han golpeado. Sus derechos se están vulnerando por todas partes".

"Ninguna de las instancias a las que hemos recurrido ha querido asumir la responsabilidad de darle la libertad. El debiera estar libre y su familia buscarle un medio para internarlo en algún lugar, pero él no puede seguir privado de libertad. Aquí se están atentando completamente los derechos de mi representado, porque él no está con cautelares, está privado de libertad sin deber estarlo, porque él está con una suspensión de procedimiento", sostiene.

La última acción con la que Montecinos buscó la libertad de su representado, recurriendo de amparo ante la Corte de San Miguel, fue rechazada por el tribunal de alzada. El fallo del pasado 22 de junio, eso sí, establece que "sin perjuicio de lo resuelto, y en el evento que el amparado no cuente con la medicación necesaria para su enfermedad el Instituto Siquiátrico José Horwitz Barak deberá arbitrar todas las medidas tendientes a proporcionarle aquellos mientras se encuentre en el Hospital Penal del CDP Santiago Uno".

La resolución, a juicio de Montecinos, resulta "impresentable y absurda", por lo que aun cuando considera que es deber del Estado velar por las garantías constitucionales de este, solicitará "una medida de apremio en contra del director del hospital y será solicitar una orden de arresto por desacato".

"Hay una interpretación de la Ley antojadiza con respecto al tema. Es muy discriminatorio y se atenta completamente contra nuestros derechos humanos. Si tuviera los medios para pagar una clínica privada no tendría problema", agrega.

La problemática que hoy afecta a P.M.S buscó ser reflejada por un estudio elaborado por el abogado Nicolás Cisternas de la Defensoría Penal Pública, la cual analizó los 1.756 procedimientos suspendidos por artículo 458 en 2016.

Uno de los principales inconvenientes identificados, según el abogado, es que "no se sabe con certeza cuántas personas inimputables están pasando por el sistema, puesto que el famoso artículo no se está aplicando uniformemente en el país. Hay juicios donde no lo aplican o la persona no tenía antecedentes y la juzgan como imputable, termina en la cárcel o cumpliendo una pena que no le corresponde".