El gobierno inició el proceso de reparación de las personas que padecieron ataques de violencia rural en las regiones de La Araucanía y Biobío. Para ello, desde el Ejecutivo han dispuesto cuatro programas de ayuda económica dirigidos a mitigar el daño sufrido.
En el el primer semestre de 2018, el Ministerio del Interior realizó un catastro de las víctimas y la infraestructura dañada en estos acontecimientos. Según los datos obtenidos, se trata de 447 víctimas, 416 personas naturales y 31 jurídicas.
"Durante el primer semestre, nuestros equipos del Ministerio del Interior en coordinación con las intendencias han desarrollado en La Araucanía y Biobío un catastro de las víctimas de violencia rural. No es una mera enumeración, sino también identificar sus situaciones sociales, económicas, de vulnerabilidad y ruralidad".
Para ellos, la autoridad puso a disposición tres iniciativas: créditos BancoEstado con aval de Corfo, subsidios habitacionales y reposición de actividades comerciales a través de Sercotec. Es así que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, durante su visita a La Araucanía dio cuenta del estado de avance de estas medidas.
En el caso del crédito con BancoEstado, se han otorgado ocho préstamos por $ 2.457 millones. Mientras hay 75 solicitudes que permanecen en evaluación. Además, se aprobó la entrega de 11 subsidios habitacionales para familias víctimas de violencia rural en las comunas de Ercilla, Angol y Collipulli: ocho para compras de vivienda y tres para construcción en sitio propio.
El catastro de Interior también contabilizó la infraestructura dañada en este tipo de ataques. Se trata de 42 templos -30 católicos y 12 evangélicos-, así como 16 construcciones, que consisten en sedes sociales, escuelas y centros de atención de salud. Para la reconstrucción de estos edificios, el gobierno creó el Fondo Social Presidente de la República. Este dispone de $ 1.500 millones para "reposición de infraestructura sociocomunitaria y de culto que haya sufrido daños por atentados de violencia rural". La postulación a este dinero se abrirá en noviembre.
Luciano Rivas, presidente de la Multigremial de La Araucanía, pese a valorar la intención, consideró que el gobierno debería ir "un poco más allá". "Nosotros valoramos que vaya vía Corfo o vía BancoEstado y la banca en general, pero creemos que estos instrumentos deberían ser aún más ágiles y bien informados. Aún hay víctimas que no saben cómo postular", dijo.
Para René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, "este programa ha funcionado lento y no ha llegado a todos. Entendemos que el presupuesto de tres mil millones no alcanza.
Los forestales quedamos fuera, porque pide requisitos que nosotros no tenemos". En este sentido, indicó que trabajan en un mecanismo propio junto a las autoridades.
Seguridad
En paralelo a las medidas contempladas en el Programa de Reparación a las Víctimas de Violencia Rural, el gobierno inauguró la Unidad de Coordinación Estratégica Macrozona Sur. Esta oficina se conformó con efectivos de la PDI y Carabineros.
Según Chadwick, esta instancia será respaldada por el Ministerio Público y contempla "una acción coordinada, conjunta y colaborativa" entre ambas policías.
La prioridad de esta unidad, según enfatizó la autoridad, será ubicar a José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, ambos prófugos de la justicia luego de ser condenados a 18 años de cárcel por el ataque incendiario que culminó con la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay.
Además de esta misión especial, los focos de esta unidad, en palabras del ministro del Interior, será el combate contra la violencia rural, acciones contra el robo de madera y de ganado, así como el narcotráfico que afecta a la zona.
En cifras de Interior, el 95,6% de los eventos violentos de orden público en los últimos ocho años se han producido en la provincia de Arauco (Biobío), Cautín y Malleco (La Araucanía). Las principales comunas afectadas son Ercilla, Collipulli, Cañete y Tirúa.
