La Araucanía: llaman a exintendentes para abordar la violencia

“La violencia como vía de solución de conflicto nunca será avalada y es el rol del Estado y sus instituciones velar por el orden público”. Así lo expresó la tarde del lunes el intendente de La Araucanía, Víctor Manoli, en relación a los hechos de violencia que han afectado a esta zona durante las últimas semanas, y que tuvieron un punto de clímax este fin de semana, luego de que Carabineros desalojara cinco municipios que seguían tomados por comuneros.

En ese escenario, y en medio de nuevos incidentes, que incluyeron una marcha por Collipulli, destrozos a inmobiliario público y la quema de un camión, el lunes la autoridad regional anunció que convocará a una mesa transversal de exjefes regionales para buscar una “solución política” al conflicto en la región.

El llamado del intendente Manoli tuvo respuestas inmediatas. Andrés Jouannet (DC), intendente de la zona entre 2015 y 2016, sostuvo que “a mí nadie me ha convocado aún, pero por mi región siempre estaré dispuesto a ayudar y conversar, en todos los temas que se me requiera. Pero creo que para anunciar estas cosas primero tiene que haber un diálogo y no anunciarlo con tanto fuego artificial”.

Luis Mayol (RN, 2018) dijo que “me parece muy bien, yo creo que todos tenemos que estar disponibles para aportar a la solución de un problema que es grave”.

Ricardo Celis (PPD, 2003-2006) indicó que “siempre es bueno conocer las experiencias de otras autoridades. Mi disposición está ciento por ciento. Sin embargo, el gran desafío del intendente Manoli es sentar en la mesa a los dirigentes mapuche, y no veo que se estén dando los pasos necesarios en ese sentido”.

Andrés Molina (ex RN, Evópoli, 2010-2014) acotó que “yo voy a estar siempre disponible si me llaman a hacer una mesa de trabajo (...); me gustaría reunirme con el intendente para ver el tema desde el punto de vista mucho más amplio. Debemos dedicarle tiempo a una agenda de participación política y de seguridad”.

En tanto, Nora Barrientos (PS, 2017-2018) expresó que “desconozco los términos de la invitación, tendría que verla primero para saber en qué consiste. A priori, obviamente que tengo buena disposición. Y ojalá se abra un diálogo con representantes del pueblo mapuche”.

El pasado 4 de mayo, el machi Celestino Córdova (condenado por el crimen Luchsinger-Mackay, ocurrido en 2013) y otros 10 comuneros iniciaron una huelga de hambre en diferentes penales de la zona, solicitando que se les permitiera conmutar su detención (que en algunos casos es prisión preventiva) por el arresto domiciliario total mientras dure la pandemia de Covid-19. A Córdova la petición le fue rechazada por la Corte de Apelaciones.

Fue en apoyo de esta huelga de hambre que el pasado lunes 27 de julio seis municipalidades fueron tomadas por comuneros. Y cinco de ellas (Victoria, Traiguén, Curacautín, Collipulli y Ercilla) seguían así el viernes 31, cuando el ministro del Interior, Víctor Pérez, visitó la zona e instó a los alcaldes a pedir los desalojos, cosa que ocurrió el fin de semana, también en medio de incidentes e incendios a algunas sedes edilicias. Hubo 36 personas detenidas, quienes quedaron el libertad.

Durante toda la semana pasada, además, se produjeron hechos de violencia. Fue descarrilado un tren de carga en Collipulli y destruida una antena de la DGAC, junto con ataques a vehículos forestales.

En su visita, Pérez se reunió con las autoridades policiales de la zona, quienes le solicitaron reforzar sus medios tecnológicos. Y el lunes, según fuentes de gobierno, el secretario de Estado se entrevistó con su par de Justicia, Hernán Larraín, para analizar estrategias en torno a retomar el diálogo con los comuneros en huelga.

Otro tema que generó controversia fue que en los desalojos del fin de semana también habrían participado civiles, al parecer residentes de la zona. “Las personas que estaban en la toma fueron detenidas por causar daños dentro de los municipios; las personas que estaban fuera, estaban incumpliendo el toque de queda”, sostuvo el intendente.

El lunes, la fiscalía dio cuenta de que, además de las formalizaciones por las tomas, se abrió una investigación de oficio por lo sucedido en las inmediaciones de las municipalidades de Curacautín y Victoria. Allí, se indagarán los delitos de desórdenes públicos, lesiones a terceros, incendio de vehículos e infracción al Art. 318 (vulnerar el toque de queda), en base al contenido de diversos videos de redes sociales o medios de comunicación que muestran ilícitos que no fueron denunciados.

Ante lo ocurrido el fin de semana en los municipios, y también por el ataque a la subcomisaría de Ercilla, un incendio que afectó a la Iglesia de Los Sauces, el ataque a funcionarios del Ejército y la quema de un jardín infantil, el gobierno presentó el lunes nueve querellas. “Condenamos absolutamente la violencia, venga de dónde venga”, indicó el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien también se refirió a los enfrentamientos durante los desalojos entre comuneros y civiles. “También condenamos la autotutela, que cada persona quiera tomar la justicia por sus manos. En Chile existe el estado de derecho y son los tribunales los llamados a sancionar a quienes cometan estas inconductas”.

En el mundo empresarial hay preocupación por lo que ocurre en La Araucanía. El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, manifestó a Radio Cooperativa que “lo que ocurrió en Curacautín obedece más bien a una sociedad civil radicalizada (...); es tremendamente peligroso, porque puede ser escalable, la violencia trae violencia”.