Desde la región del Biobío, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), abordó este viernes los líos de platas en los convenios entre el Minvu y fundaciones privadas -como Democracia Viva-, realizando una autocrítica sobre su rol como secretario de Estado y exparlamentario en permitir que “un sistema de estas características se instalara”.
“Esta es una de las irregularidades principales que hay en todo un sistema. Desde el 2019 no se exigían boletas de garantía y otras cosas más no se exigían; se siguió el sistema que había cuando se transfería recursos del Estado al municipio, ese mismo se aplicó a estas entidades. Algo irregular que lo estamos modificando, que va a cambiar”, comprometió Montes.
El ministro se encontraba en una visita a los vecinos del conjunto habitacional Prais, en la comuna de San Pedro de la Paz, hasta donde se movilizó para hacer entrega de departamentos restaurados, tras la toma de vivienda que afectó al conjunto. En el lugar, hizo un espacio para referirse al caso de presuntas irregularidades que complica al Ejecutivo.
“Tenemos que todos ver cómo mejoramos el sistema para adelante y este es un sistema que estaba instalado y el problema es la responsabilidad -tanto cuando era parlamentario como ahora- en haber permitido que un sistema de estas características se instalara sin haberlo enfrentado entre todos oportunamente”, reflexionó el exsenador PS.
Lo que empezó con la denuncia de funcionarios del Serviu de Antofagasta de posibles conflictos de interés en los contratos firmados con la fundación Democracia Viva -ligada a militantes RD- y la repartición regional del Minvu, llevó a destapar un caso de eventual corrupción que mantiene a la Fiscalía investigando posibles delitos en al menos nueve regiones.
“Estamos apoyando con todo la decisión de investigar todas las fundaciones, y se están investigando una por una. A medida que aparezcan situaciones irregulares, hay que actuar y eso corresponderá a las instituciones. Nosotros como ministerio apenas haya irregularidades vamos a reaccionar en los términos que se hizo con Democracia Viva”, planteó Montes.
Había sido el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien el jueves había confirmado la falta de boletas de garantía en este tipo de convenios. El secretario de Estado ese día planteó que “efectivamente fue un error, porque hay otros mecanismos, en algunos casos el Estado podría no exigir boletas de garantía, pero no transfiere todos los recursos, lo hace parceladamente, y sigue transfiriendo solo si las rendiciones previas son aprobadas, por ejemplo”.
En la misma jornada, la titular de Interior, Carolina Tohá, aseguró que, pese a la falta de boletas de garantías, se mantiene la obligación de restituir recursos. Esto, en medio de la decisión de Democracia Viva de interponer un recurso de reposición con el objeto de evitar devolver los dineros a la Seremi de la cartera en Antofagasta, que ascienden a 391 millones de pesos, correspondiente al 92% de los recursos entregados a fines de 2022 y que no habrían sido rendidos por la fundación.
“El gobierno ha planteado desde el primero momento que una de las cosas evidente de este caso es que hay una modalidad de traspaso de recursos a fundaciones extremadamente laxa, que no la inventó nuestro gobierno y que se ha venido practicando hace mucho tiempo, y que entre otra de sus laxitudes tenía el no exigir boletas de garantía”, aseguró la jefa de gabinete también en esa intervención.
Seremi de Vivienda de Antofagasta rechaza recurso de Democracia Viva
El ministro Montes, además, informó que la repartición regional de su cartera en Antofagasta rechazó el recurso de reposición presentado por la ONG encabezada por Daniel Andrade (exRD), que tenía como propósito impugnar la resolución del Minvu que mandataba a la fundación a restituir el 92% de los recursos entregados a fines de 2022, correspondiente a $391 millones.
“La decisión de la Seremi destaca que la fundación incurrió en una serie de incumplimientos de los respectivos convenios, sin que existan nuevos elementos, presentados por Democracia Viva, que permitan desvirtuar lo ya concluido con anterioridad”, informó el Minvu a través de un comunicado.
En paralelo a la decisión de la Seremi, este jueves el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó un recurso al Primer Juzgado Civil de Antofagasta para solicitar la retención de bienes y los dineros depositados en la cuenta bancaria de la fundación ligada a militantes RD, petición que fue acogida por el tribunal.
Según la evaluación de los consejeros del CDE, existía un “riesgo evidente” en que Democracia Viva no cumpliera con la resolución dictada por el Minvu y que los obligaba a restituir gran parte de los fondos entregados por el Estado a las arcas fiscales.
“(La decisión) se basa en un cúmulo de antecedentes que constituyen los motivos graves, que hacen procedente la medida precautoria que se solicita y que, confrontados con la situación patrimonial de la fundación Democracia Viva, permiten sostener la existencia de un riesgo evidente de que ésta no cumpla con la obligación de restituir la cuantiosa suma debida al Fisco de Chile”, reza el comunicado del CDE.
