Con fecha 18 de octubre de 2017, la directiva nacional del gremio que reúne a los funcionarios del Sernageomin (Afuser), envió una carta a los trabajadores del organismo para manifestar su "incredulidad" por la renuncia de la entonces jefa jurídica del servicio, Doris Roa, cuya salida fue anunciada con "elogios y reconocimiento" a su labor por el director nacional, Mario Pereira.

El gran pero para la asociación tiene relación con un hecho que era de conocimiento generalizado en el Sernageomin y que precisamente es parte de una denuncia que el 2018 interpuso la actual subcontralora Dorothy Pérez  ante la Fiscalía Regional Centro Norte: una falta a la probidad funcionaria de Doris Roa, por haberse asignado a fines de 2014 un sobrepago que sobrepasaba el máximo permitido del 75% de Asignación mediante la Resolución 10. 

En la denuncia de 16 páginas que presentó Pérez -que fue publicada ayer por Reportajes de La Tercera- se dan a conocer la forma en que la Contraloría modificó de manera irregular, según su parecer, las sanciones que el ente aplicó al Sernageomin luego de una auditoria que se realizó en 2017. Dichas sanciones se dieron tras haber detectado pagos abultados y sin adecuados fundamentos de asignaciones especiales en las remuneraciones no solo de Roa, sino, que a unos 300 funcionarios.

Luego de la auditoría, Afuser envió una carta, además, al director nacional para solicitar que se adopten sanciones administrativas en contra de Roa por "transgresión a la normativa". Es más, con antelación en un encuentro nacional de dirigentes se había acordado enviar una misiva exponiendo un "claro repudio al estilo de gestión de la funcionaria Doris Roa, destacando su trato prepotente y arrogante respecto de sus pares y compañeros de labor, llegando incluso a tratar en forma hiriente y desconsiderada, en un medio de comunicación en Internet, a un directivo de la institución que no es partícipe de su grupo más cercano".

A pesar de las sanciones que la Contraloría aplicó en primera instancia al Sernageomín -donde se comprobaba una vulneración a la normativa y donde se establecía que el procedimiento de cálculo que utilizaba el Sernageomin para pagar las Asignaciones Especiales y las Asignaciones de Modernización era "improcedentes"- dos días después de visar el hecho, desde el gabinete del contralor Jorge Bermúdez se ordenó a la Contraloría Regional Metropolitana 1 enviar por segunda vez el informe final de auditoría a la Unidad Revisora de Informes, que incluía varias anotaciones al margen escritas con lápiz en la que se ordenaba eliminar una de las sanciones: la reintegración de los fondos mal pagados por el Sernageomin.

Pero además, se pedía sacar del informe final el nombre de la abogada Doris Roa. Cinco días después,  el contralor Jorge Bermúdez contrató y designó a Roa Moraga como fiscal de la Contraloría, cuarto cargo en la jerarquía del ente contralor.

La Afuser calificó en su carta que esa designación fue una "brutal operación que daña severamente una vez más el prestigio de la institucionalidad del Estado de Chile". Como dirigentes, agregan, "responsablemente señalamos que no escatimaremos ninguna acción disponible para reparar esta verdadera agresión al bien común".