El 27 de septiembre se registró un hecho relevante en la investigación que sigue el Ministerio Público por eventuales delitos de abusos sexuales contra menores, los que habrían sido cometidos por sacerdotes. En dicha jornada, la Defensoría Penal Pública logró que fueran sobreseídos tres de los 14 religiosos investigados en el marco de "La Cofradía".
Esta indagatoria se inició a raíz de un episodio del programa Contacto de Canal 13 de marzo, que daba cuenta de la presunta existencia de un grupo de clérigos de la Región de O'Higgins que se dedicaba a abusar de personas vulnerables. En esa audiencia, realizada en el Juzgado de Garantía de Pichilemu, la fiscalía no se opuso al sobreseimiento y reconoció ante el tribunal que no existían delitos por esos tres presbíteros.
Además, el Ministerio Público reconoció el lento avance de la investigación y las dificultades para identificar a las presuntas víctimas.
Fin de "La Cofradía"
Han pasado seis meses desde la denuncia que derivó en 14 sacerdotes suspendidos de sus funciones eclesiales y la renuncia de Alejandro Goic, quien era el obispo de Rancagua y presidente del Consejo de Prevención de Abusos. En todo este tiempo, la investigación penal sigue sin víctimas.
Así lo planteó el jefe de estudios de la Defensoría Penal Pública de O'Higgins, Víctor Providel, quien aseguró que "al menos 10 personas sindicadas como víctimas ya han ido a declarar y señalan que nunca han sufrido abusos".
Providel no apuntó sus dardos al trabajo del Ministerio Público, pero señaló que "nosotros también tenemos el derecho de que si estamos convencidos de la inocencia de nuestros representados, activar la protección judicial y pedir el sobreseimiento definitivo".
En este sentido, el abogado agregó que está en estudio presentar nuevas solicitudes judiciales para que se termine la indagatoria sobre sus representados. Para que esto se concrete se deben realizan determinadas diligencias pendientes, " relacionadas, precisamente, con la toma de declaración de personas específicas", señaló.
Providel puso en duda la calidad de la información aportada por la denunciante, Elisa Fernández, ya que no entregaba datos certeros para llegar a los eventuales afectados.
Desde el Ministerio Público de O'Higgins, el fiscal Sergio Moya advirtió que las declaraciones de Providel son "bastante subjetivas y parciales, y seguramente se enmarca en los defendidos que tiene la Defensoría Penal Pública, porque recordemos que hay varios de los imputados que tienen abogados particulares".
Moya aclaró que aún hay diligencias pendientes, pero reconoce que "La Cofradía" o "Familia" no existe. "Tenían ciertas vinculaciones estrechas, pero esas vinculaciones y esa estructura que de alguna forma fue dada a conocer por un programa de televisión no tiene relevancia desde el punto de vista investigativo-criminal".
Agregó que, efectivamente, "hay personas que han incurrido en conductas que revisten carácter de delito, otros que no, pero una estructura tan formal como llegar a plantear que aquí hay una especie de estructura, lo descartamos".
