La condena que selló la caída definitiva de Héctor Llaitul, líder histórico de la CAM

Aunque judicialmente Héctor Llaitul, exlíder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), está prácticamente abatido, con una condena por delitos graves, y con una acusación de la Fiscalía en que se pide a la justicia que lo envíe a prisión por 25 años, su semblante este lunes 22 pareciera ser el mismo de quien años atrás llamaba a la “resistencia armada” y “canalizar la violencia hacia el sabotaje”.

Es que antes de ser condenado por delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado, usurpación violenta de predio, hurto simple y atentado contra la autoridad, Llaitul hizo una advertencia larga al tribunal, y a todos quienes estaban presentes en la última jornada de su juicio: “Cuando se habla de la alteración al orden, yo estando preso, sigue existiendo el conflicto mapuche. Si me condenan, va a seguir existiendo el conflicto mapuche, porque es un problema objetivo, de condiciones objetivas”, emplazó.

Para que la Fiscalía Regional de La Araucanía pudiera sentar a Llaitul en el banquillo de los acusados hay que remontarse al 24 de agosto del 2022. Ese día fue detenido por personal de la PDI, mientras almorzaba en Cañete, Región del Biobío.

Los investigadores ya venían siguiéndole la pista. Hace al menos un año que estaban encima del exlíder de la CAM, pues en septiembre del 2021 ya tenían sus comunicaciones intervenidas, logrando acumular cerca de 200 mil datos de sus llamadas y donde posteriormente se incorporó también el análisis de su celular.

Por ejemplo, en esa época le decía a su hijo Ernesto (también detenido), que “el ratón tiene tres temitas (armas), los dos corteli (armas cortas) que le faltan los porotos (munición) y el connotado (armas grandes) que llegó último”; “Necesitan porotos, porotos del 20″; “Van a pasar a buscar los dos tema, entrega uno y el otro queda allá y se dividen los porotos y pasa el largo”.

Durante las primeras audiencias del juicio se revelaron interceptaciones telefónicas donde Llaitul decía tener ciertas diferencias con la organización radical Weichán Auka Mapu (WAM).

Con la revelación de los chats que mantuvo el exlíder de la CAM con diversas personas, también se notan conflictos con comuneros de otra agrupación mapuche: Resistencia Mapuche Malleco (RMM).

“Por lo que me enteré es un show que va a montar el Queipul porque ellos negociaron el tema de la huelga de hambre y creo que mañana se bajan todos y hay un supuesto logro político de ellos, pero en estricto rigor es un negociado que tienen estos machucados”, dijo Llaitul en una conversación el 16 e agosto de 2022, donde apunta a Víctor Queipul, sindicado como uno de los líderes de la organización RMM.

Antes, en julio 2021, también lo tenían intervenido. Ese día, Carabineros abatió a Pablo Marchant, líder de la CAM que participaba en un “sabotaje” en contra de una forestal. Sin embargo, la policía frustró el operativo y en el enfrentamiento, “el Toño” murió.

En esa oportunidad, Llaitul creyó -erróneamente- que había sido su hijo quien había recibido la mortal herida a bala. En ese contexto es que esa misma noche tomó el teléfono y llamó a la pareja de Ernesto: “Es un dolor que lo vamos a cargar siempre, pero el Nanito murió como vivió”, le mencionó el comunero a Javiera Plaza, quien le respondió: “Sí, lo sé, lamien, el único consuelo que voy a tener en mi vida va a ser ese”.

Pero hubo una escucha clave en la causa, no por su impacto jurídico, sino que dio cuenta de cómo Llaitul era un personaje incómodo para La Moneda. Esto, pese a que antes que la administración de Gabriel Boric arribara al gobierno, algunos personeros del oficialismo guardaban una cierta simpatía hacia su figura y “su lucha”.

Por ejemplo, la noche en que se creía que el fallecido en La Araucanía era Ernesto Llaitul y no Pablo Marchant, la actual vocera de gobierno, Camila Vallejo, escribió en su cuenta de Twitter: “Verdad y justicia para la familia Llaitul”. En esa misma línea, el entonces diputado Boric, escribió: “Nos ponemos a disposición de familia y comunidades”.

A los pocos días de asumir en La Moneda, el oficialismo cambió el tono, pero luego de una seguidilla de atentados en la Macrozona Sur, y de una serie de declaraciones de Llaitul en que emplazaba a las autoridades por el estado de excepción. El comunero llamó a una “guerra total en contra del Estado capitalista”.

Con Llaitul detenido, y con el gobierno querellándose contra él por Ley de Seguridad del Estado, el Ejecutivo marcaba un distanciamiento de su figura. Pero, esa sensación duró poco, pues el 25 de agosto, Ex-Ante reveló un llamado de una asesora de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, a Héctor Llaitul para entablar un nexo con el Ejecutivo.

Boric, ante esta situación, pidió la renuncia a Vega.

El primero de los hechos por los que se acusa a Llaitul corresponde al llamado a atentar contra empresas forestales en enero de 2020, cuando se leía la sentencia de Daniel Canio Tralcal, otro comunero mapuche miembro de al CAM. “Después no se quejen de las acciones de resistencia (…) nosotros vamos a responder como organización todos los días que nuestros peñis estén en la cárcel”, dijo.

Según expuso la Fiscalía, “luego de las expresiones vertidas por el acusado el día 8 de enero del 2020, por lo menos, se producen 54 ataques de la misma naturaleza que el acusado incita”.

En tanto, también se le acusaron por otros episodios en que ocupó la “reivindicación de tierras ancestrales” para ocultar su participación en el robo de madera y la ocupación del fundo San Sebastián, hechos ocurridos también en 2021.

El Ministerio Público le imputa delitos contra el Orden Público contemplados en la Ley de Seguridad del Estado. Se ofrecieron 76 testigos, 22 peritos y 219 evidencias materiales como archivos de videos, audios, fotografías y transcripciones de escuchas telefónicas. También se le entregó al tribunal un sobre con la identificación de cinco testigos protegidos.

La jueza Rocío Pinilla señaló que “la prueba rendida por el ente fiscal y querellantes, a saber, Ministerio del Interior, Bosques Cautín S.A. y Jorge Penna Riveros, ha sido prueba sólida, contundente, producto de una investigación acuciosa y efectiva que proporcionó una vasta cantidad de indicios serios, graves y unívocos para efectos de determinar que el acusado Héctor Llaitul Carrillanca ha participado en los hechos por los cuales dedujo acusación el ente fiscal y querellantes”.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, indicó que “no se puede entender la existencia de esta organización sin el liderazgo omnipresente, en este caso. Él es quien controla todas las acciones que se realizan, quedó absolutamente demostrado con la evidencia que presentamos en el juicio y por eso que nos parecía muy relevante obtener una sentencia condenatoria en este caso”.

La vocera de gobierno, Camila Vallejo, en tanto, sostuvo que en el Ejecutivo “valoramos el trabajo de la justicia y eso se ha sustentado en base a una querella que se presentó al momento de una declaración que daba cuenta de la adjudicación de delitos cometidos por Héctor Llaitul”.

Por su parte, la oposición también valoró la decisión judicial. Pablo Urquízar, quien fuera el coordinador nacional de Seguridad para las regiones afectadas por la violencia rural durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, aseguró que el condenado “es la persona más peligrosa de la Macrozona Sur y en virtud de él se ha promovido, se ha incitado y se han materializado graves hechos de violencia y terrorismo”.

La lectura de la sentencia en contra de quien fuera el líder de una de las organizaciones más radicalizadas de la Macrozona Sur será el 7 de mayo, a las 13.00 de tarde, en lo que será un hito clave en este tipo de investigaciones.