La cruzada contra el robo patrimonial

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Cofres y candelabros de plata del Museo de San Francisco recuperados en el fundo de Schüler. Foto: PDI

Un inventario nacional de piezas, mayor difusión de los delitos y penas más duras, son las medidas para combatir estos crímenes que en 2018 contabilizaron 2.601 objetos robados.


En diciembre pasado el caso del empresario agrícola Raúl Schüler, a quien se le incautaron 137 piezas robadas entre esculturas, armas, cofres, vasijas, platería mapuche, fósiles entre otras, desde su fundo en San Francisco de Mostazal y de un departamento en Providencia, sorprendió a la opinión pública y develó la existencia de una red de tráfico ilícito de arte patrimonial en el país. Sin embargo, para la Policía de Investigaciones (PDI), el hallazgo no tuvo una connotación negativa.

Para los investigadores, el procedimiento reflejó los avances que ha logrado la cruzada contra el robo patrimonial, tarea que han emprendido en coordinación con el Ministerio de las Culturas y con instituciones públicas que resguardan este tipo de piezas, a través, por ejemplo, de la Mesa de Trabajo de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Patrimoniales que funciona desde 2011. En esto el uso de tecnología también ha sido crucial.

En el caso Schüler, la pieza clave fue La República, escultura desaparecida en 2003 desde la Plaza Rubén Darío en Valparaíso, que fue detectada dentro de los bienes del empresario. El coleccionista poseía otras estatuas patrimoniales: 17 provenían del Cementerio General, una del Cementerio de Quillota, otra del Cementerio de Valparaíso y dos del Cerro Santa Lucía.

"Hicimos un análisis profundo en torno a La República, usando un espectómetro XRF que nos arroja las cantidades de materiales con los que está elaborada. Así podemos saber si es o no una réplica y si comparte similitudes con otras esculturas de la época. Esta proviene de Val D'Osne, una fundición en Francia y son todas casi 100% hierro", explica Pablo Ibarra, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI, que desde 2002 investiga este tipo de ilícitos.

De hecho esa misma tecnología es la que se está usando para peritar un cáliz encontrado en el Museo de Colchagua de la Fundación Cardoen, que en febrero pasado fue reconocido por un sacerdote como una de las piezas robadas del Santuario El Carmen de Curicó en 2012. La fiscalía acaba de abrir un causa.

Hace dos años, además, la Bidema creó el Cenacrim (Centro Nacional de Análisis Criminal) que utiliza softwares de análisis forense que les permite llevar un registro más acabado de las denuncias, los bienes patrimoniales incautados y hacer cruces de datos. Con todo ello, además del trabajo de peritos, la Bidema ha conseguido sistematizar mejor sus datos y así dar con el paradero de piezas desaparecidas. "Trabajamos en línea con la Interpol y, por ejemplo, hace unos meses recuperamos un libro de 1741 procedente de Perú que se estaba vendiendo en Chile por $ 2 millones y medio", cuenta Ibarra.

En 2018 se registraron 2.601objetos robados, de los cuales se recuperaron 716 (ver infografía).

Pérdida irreparable

La forma en que se sustraen estos bienes varía según la naturaleza de ellos. En el caso de las piezas arqueológicas, estas suelen ser retiradas de yacimientos naturales al aire libre y que por ley todas pertenecen al Estado. En 2009 se requisó una colección privada de 6 mil fósiles, la más grande incautada por la PDI.

Pero en el caso de los objetos no arqueológicos, los robos son más complejos. Los hay de ocasión -cuando un delincuente ve la oportunidad de robar un pieza- y grupos organizados que pueden actuar por encargo. Al primer caso correspondió el robo que sufrió el Museo Aeronáutico en febrero pasado, cuando una persona en situación de calle entró al edificio y sin que nadie lo viera hurtó la espada que perteneció al teniente Armando Cortínez, el primer piloto en el mundo en realizar un doble cruce sobre Los Andes.

Diametralmente diferente fue la experiencia que vivió el Museo de la Solidaridad (MSSA) el 21 de abril pasado: durante la madrugada el vigilante de turno (de una empresa externa) recibió la llamada de un interno desde la cárcel de Colina, quien aludiendo a un presunto incendio le indicó sacar una serie de objetos del museo, entre ellos, dos pinturas del artista Hugo Rivera-Scott y objetos personales del ex Presidente Salvador Allende, como una capa, un reloj marca Jaeger-LeCoultre y su carnet de militante del Partido Socialista de 1933. Las piezas fueron transportadas en un auto alquilado mediante la aplicación Beat.

En ambos casos las piezas fueron recuperadas; la espada del Museo Aeronáutico, dos meses después fue abandonada en una iglesia en Cerrillos, y los objetos del MSSA fueron devueltos por una persona anónima en un cuartel de la PDI de Conchalí.

Para la directora del museo de calle República, Claudia Zaldívar, acá lo que primó fue la rápida difusión de los delitos. "Todos actuamos rápido, particularmente creo que sirvió mucho la amplia campaña en los medios de comunicación y en las redes sociales, llamando a no adquirir las obras y objetos robados, sensibilizando a la ciudadanía", dice. Claro que también fueron cruciales las alarmas y cámaras de seguridad de alta definición que grabaron el robo.

La Ministra de las Culturas, Consuelo Valdés, concuerda con Zaldívar en que la difusión del delito es clave. "Es mucho mejor ponerse colorado una vez, asumir y difundir el robo porque eso corta la cadena de posible comercialización de un objeto. Aunque también es importante la prevención, como tener buenos inventarios de los objetos patrimoniales con fotografías y descripciones detalladas. Estamos trabajando en un registro nacional del patrimonio cultural que estará online, abierto a toda la comunidad", cuenta.

En el mejor de los casos las piezas pueden ser recuperadas incluso años después del robo, como sucedió con el Museo de San Francisco, del que se sustrajeron piezas en 2014, y fueron recuperados ahora en el operativo del caso Schüler: dos cofres y dos candelabros de plata repujada, mientras una Custodia de Plata sigue desaparecida. "Aunque las recobramos, las piezas fueron vulneradas. Los cofres contenían telas que fueron retiradas, además de insignias de los jesuitas que fueron borradas, entonces existe un patrimonio que es inmaterial que es irrecuperable. Por eso estos robos son tan dolorosos", comenta Orietta Grendi, directora del Museo de San Francisco.

Eso sí, para la PDI siempre será un logro recuperar las piezas, y por eso hablan de casos emblemáticos en que no ha sido posible hallarlas aún.

Uno de ellos fue el robo con características cinematográficas que sufrió en 2015 el Museo de la Recoleta Dominica: con violencia y a plena luz del día, los asaltantes amenazaron con pistola a una de las profesionales del museo y se llevaron anillos, crucifijos y otros objetos de oro y plata. "Se trató de una banda de seis personas, quienes sabían exactamente los puntos de acceso y salida y dónde estaban los objetos más valiosos. Actuaron sin dejar rastro porque incluso pudimos recuperar el vehículo en el que se transportaron", cuenta el subcomisario de la Bidema, Edgardo Rodríguez. En ese caso la institución no hizo público el robo hasta meses después, cuestión que pudo dificultar las pesquisas.

El otro caso fue el del robo de la espada de Manuel Bulnes desde el Museo Histórico en 2016, que fue tomado por Carabineros. El ladrón fue atrapado y condenado a una de pena de cuatro años de libertad vigilada intensiva, pero la pieza nunca apareció.

Otro tema importante en la discusión es justamente el tipo de sanciones que recibe este tipo de delitos patrimoniales. Según una modificación hecha a la ley n° 17.288 en 2005, existen multas que van de 50 a 200 UTM además de las penas privativas de libertad que correspondan de acuerdo a las normas general, según sea robo con violencia o hurto, por ejemplo. "Hoy no tenemos una ley acorde ni por el robo ni por receptación de obras, por eso vamos a presentar este mes un proyecto que eleva las sanciones, porque ahora son insuficientes", reconoce la ministra Valdés.

Raúl Schüler, por ejemplo, habría invertido unos $ 600 millones en las obras adquiridas de forma ilícita, pero el avalúo de todas las especies confiscadas superaría los $ 5 mil millones. Sólo el valor real estimado de las esculturas sería entre $ 150 y $ 200 millones. Claro que como recalca la PDI, cuando se produce un robo patrimonial la pérdida no es sólo económica. "El año pasado dimos con un abogado de la V Región que tenía una ONG que ayudaba a realizar excavaciones de fósiles, pero se dejaba lo más valioso para él, al igual que libros históricos de instituciones públicas y que él tenía en su poder. Entonces, hay un tema de acceso público a un patrimonio que es de todos y que es un derecho que es vulnerado con estos delitos", dice el subcomisario Rodríguez.

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