La Fundación Comprometidos respondió este viernes en torno a los cuestionamientos por un convenio en el que recibió $128 millones de parte de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Atacama y acusó que el debate busca “enlodar” el trabajo de la entidad.

La declaración de Comprometidos ocurre luego de que la Fiscalía de Atacama anunciara el inicio de una nueva investigación por convenios entre fundaciones y el Ministerio de Vivienda en las que están directamente involucrados.

Este jueves se dio a conocer que la fundación se adjudicó -en diciembre de 2022- un convenio de colaboración con la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Atacama para el plan “piloto de gobernanza en habitabilidad primaria para distribución de agua potable en campamentos sector Paipote y Villa El Cerro II, de la comuna de Copiapó”, por un total de $ 128 millones, en el marco del programa de asentamientos precarios. Todo esto, cuando registraba “actividades en producción de películas cinematográficas” y “actividades de clínicas veterinarias” como sus únicos giros.

En marzo de este año, se añadieron -de acuerdo a la información tributaria de la fundación- dos actividades económicas más en la entidad: “asistencia social” y “fundaciones y corporaciones”.

Desde Comprometidos aseguraron mediante un comunicado público que las informaciones conocidas buscan “enlodar el trabajo honesto que realizan los miembros de nuestra fundación, así como todo el aporte que realiza la sociedad civil organizada en colaboración con organismos del Estado”.

Respecto al convenio que motivó los cuestionamientos, la entidad afirmó que “nuestro proyecto piloto hoy tiene un 80% de ejecución de manera satisfactoria, un trabajo real y constante, con rendiciones oportunas y honestas, dando cuenta de un irrestricto apego a la ley y un profundo respeto por los fondos públicos”.

En esa línea, aseguraron en su defensa respecto a sus giros que no sólo cuentan con un área de bienestar animal, sino que también tienen un estudio jurídico solidario que trabaja junto a la comunidad, además de un centro de estudios de proyectos “que promueven el desarrollo regional con un canal digital de interacción comunitaria, además de realizar diversas actividades de apoyo a en barrios y poblaciones del país mediante Junta de vecinos, organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones comunitarias”.

A su vez destacan que desde su formación el año 2016, a través de diferentes proyectos autónomos o con ayuda de otros organismos, han beneficiado a 80 mil personas mediante todas sus áreas.

“Por otro lado nuestra fundación como organización sin fines de lucro no tiene, ni ha tenido ningún vínculo de funcionamiento, administrativo o financiero con ningún partido o movimiento político, ni con ninguna personalidad política o autoridad pública, cualquiera sea su cargo. Descartamos categóricamente que quien preside nuestra fundación, sea partidario, adherente o simpatizante de alguno de los partidos políticos oficialistas o de gobierno”, precisaron.

En esa línea, dentro de la comunicación difundida, desde Comprometidos, aseguraron que el “Proyecto Piloto de Gobernanza” tiene un porcentaje de cumplimiento en las familias de los campamentos de la región de un 92%, “dando cuenta de un trabajo real en el territorio y una participación activa de la comunidad, y otorgando continuidad a un programa que durante años fue coordinado directamente por el Serviu de Atacama y que beneficia a miles de personas con el suministro de agua potable”.

Asimismo, aseguran que mensualmente sostienen reuniones de coordinación donde participa la Fundación Comprometidos, los delegados de los campamentos y analistas del Minvu, “en donde mes a mes se va nutriendo el desarrollo del proyecto de manera colaborativa para un óptimo cumplimiento y beneficio para la comunidad”.

De igual manera, descartaron tener alguna injerencia en el cobro de agua que se realiza a las familias, asegurando que el valor cobrado corresponde a un asunto contractual entre la Seremi de Vivienda de Atacama y la ONG para desarrollar el proyecto. “Nuestra organización es solo la encargada de recaudar los cobros, para pagarlos directamente a la empresa de distribución de agua potable, con el fin de aportar a la organización de las y los vecinos de cada sector, quién es la receptora final y total de estos montos, junto con la planilla detallada de los usuarios”, afirmaron.

De estos cobros, aseguraron se pueden auditar, ya que existen facturas y comprobantes disponibles. “Nuestra organización no tiene ningún beneficio monetario” por este cobro, acotaron.

Para finalizar, desde la organización aseguraron que emprenderán acciones legales por “informaciones alejadas de la verdad”.