La dispar postura de los médicos frente al aborto y la objeción de conciencia

La ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo, además de legalizar esta opción para las mujeres embarazadas en determinadas circunstancias, también otorgó la potestad a los médicos de decidir: estar disponibles para realizar abortos o declararse objetores de conciencia, en cualquiera de las tres causales descritas en la norma.

Así, en los primeros seis meses de la ley los profesionales de salud ya han hecho uso de esta prerrogativa, que los obliga a formalizar su postura ante el director del recinto donde laboran en caso de que sea contraria a practicar abortos ante riesgo de vida materno, inviabilidad fetal o embarazos producto de una violación.

Y el resultado de esta gestión, en los 69 hospitales públicos habilitados para estos procedimientos, da cuenta de dispares y extremas realidades: maternidades donde todos los médicos se han declarado objetores de conciencia, en al menos una causal, y otras donde ningún profesional ha formalizado reparos. Pero lo más frecuente son recintos con equipos divididos, donde una parte ha manifestado su contrariedad y el resto ha accedido a interrumpir embarazos. En los 24 recintos habilitados que respondieron a la consulta de La Tercera, un 35% de sus médicos declaró ser objetor. Es decir, de los 419 profesionales capacitados para realizar la interrupción en estos recintos, 146 presentaron algún tipo de reparo.

Esta realidad ha dificultado la tarea de muchos directores de estos centros, que se han visto forzados a reorganizar a los profesionales, a objeto de garantizar que la ley se cumpla.

En la Región Metropolitana, por ejemplo, todos los médicos ginecoobstetras de los hospitales San Borja, El Carmen y San José accedieron a hacer abortos. Lo mismo ocurre en el Biobío, con los profesionales del centro Las Higueras de Talcahuano y los recintos de Quellón y Ancud, en Chiloé. Ninguno tiene reparos.

"Como institución, como hospital, nosotros no tenemos objeción. Y los equipos dedicados a esto han sido súper delicados. Se les preguntó si iban a ser objetores y hoy nosotros no tenemos objeción. Si, eventualmente, alguien presentara esa condición, se le va a respetar", explica José Miguel Puccio, director del Hospital San José, recinto que fue el primero en poner en marcha la ley de aborto.

En el hospital Eloísa Díaz, de La Florida, tres de los 21 ginecólogos son objetores y en el Luis Tisné, de Peñalolén, el 40% de los especialistas ha rechazado hacer abortos en alguna de las causales.

La directora de este último recinto, María Angélica Silva, contó que, mejorando la coordinación, han logrado sortear la baja de profesionales y que el recinto ya ha practicado 10 interrupciones de embarazos. "Tenemos algunos médicos objetores, pero como esto funciona con turnos, tenemos todos cubiertos con gente que no es objetora y que está disponible frente a la llegada de cualquier mujer en esta condición. Todos tienen claro que frente a una emergencia están obligados a responder", dice Silva.

Esta situación se repite en todo el país. En los principales recintos del norte, entre el 18% y el 25% de los ginecoobstetras se ha declarado objetor, como en el caso de los hospitales Juan Noé de Arica, Ernesto Torres de Iquique y el Leonardo Guzmán de Antofagasta (ver tabla).

En el centro del país, la realidad es dispar. Mientras en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso hay solo dos objetores dentro de su staff de 28 médicos, en la Región de O'Higgins el 41% de los 34 ginecoobstetras del Hospital de Rancagua se negó a realizar abortos en la tercera causal.

En cambio, en la Región del Biobío la cifra de profesionales que no están dispuestos a interrumpir embarazos es elevada y pone en aprietos el cumplimiento de la norma. El caso más plausible es el Hospital Grant Benavente de Concepción, donde el 80% de los 44 médicos formalizó su negativa. Y lo mismo hicieron tres de los cinco ginecoobstetras del San José de Coronel y cuatro de los cinco doctores de Lota.

Con todo, el servicio de salud local informó que desde que rige la ley se han realizado cuatro abortos: dos en Concepción, por riesgo materno y violación, y otros dos en Lota, ambos a mujeres cuyos embarazos fueron producto de agresiones sexuales.

Germán Acuña, presidente del Colegio Médico de Concepción, indica que la negativa de sus pares es producto de "convicciones personales, que pueden originarse por múltiples factores, desde principios religiosos y filosóficos a historias familiares o la crianza. Nosotros vamos a proteger a los colegas, porque son convicciones profundas que los hacen tomar estas decisiones que la ley permite. No es un antojo, hay una facultad legal para decir 'yo objeto' o no". Con todo, Acuña añade que "es obligación que el sector de redes o los directores de servicios de salud gestionen los recintos y hagan los convenios necesarios para que la ley se cumpla en cada caso".

Manuel Monsalve, diputado PS por la zona, señala que si bien la prerrogativa de los médicos fue aprobada en el Congreso, "la situación es delicada, dado que la atención de salud no puede estar expuesta siempre a la objeción de conciencia".

En el sur, el complejo panorama se repite: en el hospital de Puerto Montt el 75% de los médicos no accedió a hacer abortos en las tres causales. Y cinco de nueve ginecólogos en Castro tuvieron la misma postura. Asimismo, en el hospital base de Valdivia, de 18 obstetras hay 16 que tienen objeción de conciencia. Juan Bertoglio, director de este recinto, explica que pese a ello pudieron resolver los cuatro casos que se han presentado: "Se ha logrado atender con quienes no tienen objeción de conciencia. Ahora, si me traen 40 pacientes, los dos médicos van a ser insuficientes. Afortunadamente, los casos no han sido de urgencia inmediata. El inconveniente se suscita cuando el número de casos supera la capacidad de atender de los profesionales disponibles o no objetores".

Bertoglio añade que confía en que la demanda no superará su capacidad de atención y que, de ser así "tendremos que replantearnos la situación, priorizar, recurrir a otros servicios, pero por el momento la demanda no es problema atenderla. El número de casos y la frecuencia se pueden atender con los pocos médicos que no son objetores".

Según el sondeo de La Tercera, alguno de los casos más complejos están en Aysén y O'Higgins, con los hospitales de Puerto Natales y San Fernando, respectivamente, donde todos los especialistas se negaron a interrumpir embarazos, por convicción personal y principalmente por la causal de violación. Allí, el plan de los directivos es derivar y trasladar a las pacientes que demanden la atención, con cargo a sus propios recintos.

Según dispone el protocolo de objeción de conciencia, todos los hospitales habilitados deben asegurar la atención médica oportuna a una mujer que invoque la Ley 21.030. Para ello, el recinto debe contar con al menos un equipo de salud disponible para realizar la intervención y, en caso contrario, es "responsable de asegurar la derivación inmediata de la paciente a otro establecimiento de salud, para que el procedimiento le sea realizado de manera que el acceso a la atención y la calidad asistencial del procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no sufran menoscabo", dice la normativa.

La subsecretaria de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, Gloria Burgos, dice que los flujos de resolución para los casos donde todos los médicos son objetores ya están establecidos. "La institución que recibe a la paciente que requiera una interrupción voluntaria del embarazo tiene que proveerle esa prestación, porque está garantizada por ley. Si no es posible hacerlo, deberá recurrir a su red en el caso público y a convenios en el área privada. Pero tiene que resolverlo y darle garantía de cobertura financiera para ese procedimiento", indica.

Desde la discusión de la ley, las diversas posturas de los médicos y su disposición a hacer abortos, especialmente en casos de violaciones, se instalaron en el centro del debate. De hecho, una encuesta realizada por el Colegio Médico, basada en la respuesta de 6.731 asociados, mostró que un 56% apoyaba el aborto en tres causales y que un 20% rechazaba interrumpir embarazos en cualquier circunstancia. El resto se mostró dividido frente al riesgo materno, la inviabilidad fetal y los embarazos productos de agresiones sexuales.

Las razones que esgrimen los médicos para declarar objeción de conciencia son diversas y han ido cambiando durante la aplicación de la ley.

Según Paz Robledo, ex asesora del Ministerio de Salud y parte del equipo técnico que implementó la norma, la primera preocupación de los profesionales era si se podría objetar en forma diferenciada las causales, es decir, acceder o negarse a interrumpir embarazos en ciertos casos y no en otros. "La pregunta era si podrían objetar solo la tercera causal (violación), que lejos era lo más frecuente", cuenta.

Sin embargo, las violentas reacciones de grupos antiaborto hacia Gonzalo Rubio, el ginecoobstetra del Hospital San José que practicó el primer aborto en Chile, generaron temores en los médicos que hasta ese momento no tomaban la decisión. Y según la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, provocó un retroceso en las confianzas establecidas tras numerosas capacitaciones, seminarios e instancias informativas de la ley (ver entrevista página 6).

Rubio, quien ha debido sortear las críticas por su primera experiencia, sostiene que "en aquellos lugares donde existe mayor objeción, pueden haber más hombres que además tienen una relación confesional. También hay un adoctrinamiento de las universidades confesionales que hacen un trabajo político con la gente que forman, no es inocuo. Quienes están absolutamente en contra de cualquier tipo de cuestión, son colegas que vienen de universidades confesionales".

Además, algunos médicos han tenido dudas frente a casos de interrupción del embarazo por riesgo materno. En este caso, los temores son por madres que, amparadas en la norma, asumen el riesgo y continúan el embarazo, con los escenarios legales que podrían abrirse en caso de que esta falleciera. "Aquí, el médico debe respetar la decisión de la mujer, y si fallece luego de la intervención no debería haber consecuencias legales", dice Adelio Misseroni, abogado del Colegio Médico.