“Tenemos una tremenda preocupación por la situación de inseguridad de nuestro país ante el fracaso de la política de Sebastián Piñera y su gobierno”. De esta manera, el 10 de enero, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), emplazó al Ejecutivo a tomar acciones más concretas para enfrentar “el alza” en los delitos más violentos, en una carta entregada en La Moneda, junto a otros jefes comunales de la Región Metropolitana.
La carta fue firmada, además de Hassler, por los alcaldes de Lo Espejo, Peñalolén, San Miguel, Quilicura, Quinta Normal, Renca, Independencia, San Joaquín, Macul, Pirque y la directora de Seguridad de Estación Central. Un día después, la misiva encontró una dura respuesta por parte del Ejecutivo, quien, a través del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, envió una misiva a los jefe comunales reclamantes.
En la carta -a la que tuvo acceso La Tercera- Delgado señala que “sorprende el tono de la misiva, ya que no se condice con el trabajo colaborativo y coordinado que hemos realizado durante estos cuatro años con los municipios del país”, agregando que los alcaldes utilizan “cifras no actualizadas que intentan desconocer la realidad en materia de número. Al analizar tanto los delitos de mayor connotación social, como los delitos violentos, las cifras demuestran que la delincuencia disminuyó en el año 2021. Por ejemplo, en materia de homicidios durante el año pasado, estos bajaron en un 25%, según las cifras de Carabineros de Chile y la PDI”.
El ministro expone que se registró un aumento de un 83% en incautaciones de droga, la desarticulación de más de mil bandas y organizaciones criminales y un alza en el decomiso de armas de fuego convencionales, pasando de un 20% y de un 103% en el caso de las armas modificadas. “La crítica siempre es legítima, pero pedimos que ella se realice con apego a la verdad, a las cifras sobre la delincuencia y el trabajo coordinado y colaborativo que hemos realizado con los municipios durante estos cuatro años”, agrega.
Los jefe comunales reclaman -además- que es el gobierno el encargado de la Seguridad Pública, lo que el ministro no niega, pero dice que también tienen un grado de participación importante las autoridades del Poder Judicial, el Ministerio Público y también los alcaldes, pues “no en vano, varios de los actuales alcaldes ofrecieron durante las campañas para llegar al sillón edilicio, ‘mayor seguridad’”.
Es acá donde el exalcalde de Estación Central pega el golpe más duro para los alcaldes. Desde 2018, recuerda Delgado, se implementó Sistema Táctico de Operación Policial (STOP), una herramienta para prevenir el delito y que permite focalizar los recursos de Carabineros en aquellos lugares donde se están desarrollando focos delictuales.
Las reuniones estratégicas del STOP, que partir del año pasado es Ley, se realizan mensualmente y en ellas las prefecturas entregan precisamente información georreferenciada tanto de los delitos como de las bandas que operan en cada territorio comunal. “Los alcaldes no son un invitado más a estas reuniones, son participantes activos que aportan con su experiencia y conocimiento a colaborar en las estrategias preventiva”, parte diciendo.
Enseguida, agrega: “Nos sorprende que los alcaldes firmantes de Santiago, Lo Espejo, Peñalolén, San Miguel, Quilicura, Quinta Normal, Renca, Independencia, San Joaquín, Macul, Pirque y Estación Central, tengan asistencias disímiles a las sesiones STOP. De las seis reuniones que se han realizado desde las elecciones de mayo pasado, los alcaldes de San Joaquín, Lo Espejo y Santiago no han asistido a ninguna sesión de STOP, en tanto, Quilicura, Macul y Quinta Normal, solo han participado en una. Ninguno de los firmantes tiene 100% de asistencia en esta instancia”.
Finalmente, Delgado señala que se han invertido, entre 2018 y 2022, $ 85 mil millones en herramientas y programas para prevenir delitos y focalizar la prevención en distintas zonas del país. Es más, señala que las municipalidades que entregaron la carta en La Moneda han recibido cerca $8 millones en sus comunas.
El martes, la subsecretaria del Prevención del Delito, María José Gómez, había señalado sobre la carta enviada por los alcaldes que éste tenía un “objetivo político”.
