En septiembre del año pasado Chile debía ratificar el llamado Acuerdo de Escazú (Costa Rica), por el cual 24 naciones de América Latina y El Caribe se comprometían a facilitar el derecho de las personas a acceder a información ambiental, a promover la participación ciudadana en las decisiones de los proyectos de alto impacto y a mejorar el acceso a la justicia ambiental.
A pesar de que las negociaciones se extendieron durante cuatro años y se realizaron en el país, Cancillería se negó a firmar el documento.
"Es impresentable que el gobierno haya ofrecido a Chile como sede de la cumbre climática de la ONU (COP25) y a fin de año vengan representantes de todas las naciones del mundo, y el Ejecutivo no haya sido capaz de ratificar este pacto que es fundamental para hacer frente a los conflictos socioambientales", opina Flavia Liberona, directora Ejecutiva de la Fundación Terram.
Carolina Schmidt, ministra del Medio Ambiente, expresa que "el Presidente Piñera lo ha señalado: ese es un acuerdo que está en análisis, tiene algunas situaciones soberanas complejas, por lo tanto, está en análisis por parte de Cancillería".
Ante esta situación, el director Nacional de Greenpeace, Matías Asun, opina que "no puede ser que se escuden en razones de seguridad nacional para no firmar este tratado".
En ocasiones anteriores, la ministra Schmidt ha afirmado que la controversia con Bolivia por la soberanía del Río Silala, y que hoy se encuentra en La Haya, es el punto neurálgico de esta negativa.
Desde la Fundación FIMA, Ezio Costa, dice que "el gobierno se está perdiendo la oportunidad de mejorar el diálogo entre los territorios, la política ambiental y la regulación ambiental que podría dar el Acuerdo de Escazú".
"No solo hay que firmar, sino después hay que aplicar medidas de participación ciudadana, que sean medidas que efectivamente les permitan a las personas de las comunidades incidir en las decisiones gubernamentales", agrega Costa.
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