La frágil situación de las trabajadoras de casa particular en medio de la pandemia

Durante los últimos doce años, Isabel (57) ha recorrido diariamente más de 30 kilómetros desde su hogar, ubicado en Pudahuel, hasta la casa en Las Condes donde presta servicios como asesora del hogar. Un trayecto que entre micro y Metro le toma más de una hora, pero que, asegura, en todo este tiempo nunca impidió que llegara puntual o que no desempeñara bien sus labores.

Pero todo eso cambió en marzo, cuando en Chile se conocieron los primeros casos de coronavirus. “El caballero al que cuido es adulto mayor y me pidió que me fuera a trabajar puertas adentro porque le daba miedo que yo me contagiara en la micro y él se enfermara”, relata a La Tercera. “Yo no acepté porque vivo con mis hijas y nietas, entonces, él me dijo que dejara de ir a trabajar, pero que no me podía seguir pagando”, agrega.

Tras varias discusiones, y luego de que Isabel buscara asesoría externa, finalmente su empleador le notificó que pasaría a engrosar la lista de quienes se debían acoger a la Ley de Protección al Empleo. A mediados de mayo, más de un mes después de que realizara el trámite ante su AFP para retirar dinero de su cuenta de indemnización obligatoria, Isabel recibió el primer pago: $ 86.000, una cifra muy inferior a los $ 280.000 que está acostumbrada a percibir mensualmente de remuneración. “Él no me preguntó nada. Yo ni sabía que iba a tener que ocupar la misma plata de mi cuenta de indemnización obligatoria. Si después me finiquita me voy a quedar sin nada”, se lamenta.

Hoy Isabel es una de las 14.105 trabajadoras de casa particular que hasta el 28 de mayo figuraban en los registros de la normativa impulsada por La Moneda para enfrentar la crisis, según reveló el último informe de la Superintendencia de Pensiones.

Una situación similar está viviendo Eloísa (56). El último movimiento que registró su cuenta RUT fue a principios de mayo y correspondió a un depósito de poco más de $63.000. Cuenta que ese dinero apenas le alcanzó para pagar algunas cuentas que se estaban acumulando en su velador desde marzo, fecha en que su relación laboral quedó suspendida y recibió su último sueldo por sus funciones como asesora del hogar en una casa particular de Concepción. 

“Mi jefa me dijo que tenía problemas económicos por la pandemia y que ya no me podía seguir pagando”, relata a La Tercera. En este contexto, su empleadora le explicó que seguiría pagándole sus indemnizaciones, pero no su remuneración y que para mitigar esta pérdida ella podría retirar un porcentaje acumulado en su cuenta de indemnización obligatoria.

Pero lejos de los $270.000 que estaba acostumbrada a recibir mensualmente, Eloísa solo pudo sacar $63.000 de dicho fondo, lo que ni siquiera representan el 70% de su sueldo original y recién le fueron depositados a mediados de mayo. “Yo tenía poco ahorrado porque me habían contratado hace menos de un año. Antes me habían finiquitado y yo ya había sacado todo el dinero de esa cuenta. Ahora jodí con esa plata”, se lamenta.

Desde el pasado 13 de abril y debido a la crisis por la propagación del coronavirus, las asesoras del hogar que han suspendido su relación laboral pueden gestionar el cobro de su aporte de indemnización desde que mantienen su respectiva cuenta en la AFP -conocido como cuenta de indemnización obligatoria que se financia con una cotización mensual equivalente al 4.11% de su remuneración imponible- y usar esos recursos para suplir, en parte, la falta de remuneración durante este periodo.

Se trata de una medida calificada como “inédita” y que tiene por objetivo “mitigar la pérdida o disminución de sus ingresos, ya sea porque no pueden concurrir a sus trabajos por las medidas sanitarias impuestas (acto de declaración de autoridad) o porque alguna de las partes se ve afectada por la crisis, pudiendo acordar la suspensión temporal del contrato hasta máximo 6 meses”, explica a La Tercera el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro.

Pizarro agrega que más allá del número de trabajadoras que hoy tienen su relación laboral suspendida, “lo relevante es que esta área laboral, muy sensible y clave para muchas personas, está debidamente protegida. Y que las trabajadoras, pese a la coyuntura económica y sanitaria, pueden mantener sus trabajos y percibir ingresos en este contexto complejo”.

Por su antigüedad laboral, la cuenta de Isabel aún tiene fondos, por lo que seguirá recibiendo pagos durante los próximos meses, pero como los montos son inferiores a su sueldo, durante este tiempo ha tenido que ocupar sus ahorros para cubrir sus gastos. Por la cuarentena decretada en gran parte de la RM tampoco sabe cuándo podrá retomar sus funciones en Las Condes. “Yo estaba pensando en tomar otro trabajo, pero con toda esta situación la gente no está recibiendo a nadie. Si esto continúa no creo que me quede otra opción”, explica.

Por el contrario, Isabel lleva semanas realizando trabajos informales o “pololitos” como les llama ella. Cuenta que los últimos días ha estado limpiando departamentos en Concepción hasta los que se traslada en micro. Ante el aumento de casos de coronavirus a nivel nacional, teme que en la ciudad se decrete cuarentena y ella ya no pueda salir de su casa. “A mí no me ha ayudado nadie. Ni siquiera recibí el bono Covid y creo que me perjudicó que tenía contrato. Por eso no me queda otra que salir a trabajar. Mis jefes me dicen que no tienen plata así que no sé cuando pueda volver a esa casa y yo no me puedo dar el lujo de quedarme sin hacer nada”, asegura.

Una realidad que desde el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular aseguran es cada vez más frecuente: “Muchas por necesidad están saliendo a trabajar. La cuarentena para nosotras no existe. La mayoría paga arriendo, son jefas de hogar, y si no generan ingresos no pueden seguir viviendo”, reflexiona Rosa Aburto, dirigenta del Sincatrap de Concepción.

Las asociaciones que agrupan a las trabajadoras de casa particular dicen estar lejos de sentirse “protegidas” por esta ley y denuncian que los empleadores, ya sea de manera intencional o por falta de información, toman unilateralmente la decisión de suspenderles los contratos sin considerar las consecuencias que traerá para ella dejar de recibir su remuneración.

“El sueldo promedio que reciben las asesoras en Chile es de $ 270.000, eso quiere decir que el 4,11% mensual corresponde a $ 11.097. Si el empleador cotizó un año completo, el monto al que podría acceder la trabajadora sería de $ 133.164, un 44% del sueldo mínimo legal que no alcanza para nada”, relata la presidente del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular (Sincatrap), Luz Vidal.

Según establece la ley, de solicitar el beneficio, en el primer retiro la trabajadora recibirá un monto equivalente al 70% de su remuneración. “Si el saldo en la cuenta de indemnización fuere insuficiente para financiar este porcentaje, la AFP deberá entregar el total en el primer giro. Además, si la autoridad extiende la cuarentena o estado de excepción por más de 30 días o se acuerda la suspensión con el empleador por un plazo mayor, la AFP depositará a la trabajadora el 55% el segundo mes, el 45% el tercer mes, el 40% el cuarto mes y el 35% el quinto mes, o hasta el monto que alcance a cubrir si el saldo de la cuenta fuere insuficiente”, relata el subsecretario Pedro Pizarro.

“Las trabajadoras de casa particular ni siquiera pueden aprovechar la plata de su cuenta de indemnización obligatoria porque los fondos que logran acumular ahí son muy bajos debido a los constantes cambios de empleadores y las lagunas en sus cotizaciones. Tampoco se debe olvidar que más de un 50% presta funciones en la informalidad”, agrega Ana Albornoz, abogada del Sincatrap de Concepción.

La abogada enfatiza que las asesoras del hogar están en una situación más vulnerable que el resto de los trabajadores. “Si bien les asiste la Ley de Protección al Empleo, no les asiste el seguro de cesantía porque no cotizan ahí. Por lo tanto, cuando suspenden la relación laboral, no pueden pagarse del seguro de cesantía ni del dinero que el Estado le inyectó a ese seguro (fondo solidario). Eso las deja en una situación peor pese a que ellas también son ciudadanas que, al igual que el resto, pagan sus impuestos”.

Pese a que el espíritu de la norma es que los empleos se conserven y los trabajadores sigan percibiendo ingresos durante la emergencia sanitaria, eso no siempre estaría ocurriendo: “A algunas las obligan a firmar finiquito terminando así la relación laboral”, dice Albornoz. Mientras que Rosa Aburto, relata otro episodio: “Las asesoras del hogar que tienen pocos meses de contrato les piden a sus empleadores que las despidan porque prefieren retirar todo el dinero que solo un pequeño porcentaje mensual”.