“La fundación no tiene patrimonio”: contralor explica ante comisión investigadora razón por la que es “muy difícil” que Democracia Viva restituya el dinero

Este lunes, pasadas las 11.00 horas, se inició una nueva sesión de la comisión especial investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados que tiene por objetivo indagar y recabar antecedentes sobre los eventuales traspasos irregulares de recursos desde reparticiones públicas a fundaciones.

La reunión de esta jornada fue la cuarta que ha contado con la participación de invitados, citados para entregar información relativa a los líos de platas, y en específico a aquellos relacionados a convenios en el marco del programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda (Minvu).

A la cita de este lunes estuvo invitado el contralor general de la República, Jorge Bermúdez. Su participación se produjo luego de que el pasado jueves se diera a conocer el informe final de auditoría que el órgano contralor hizo en el Servicio Regional Ministerial de Vivienda por las millonarias transferencias -un total de $426 millones- a la fundación Democracia viva, la ONG representada entonces por el ex RD Daniel Andrade, y expareja de la diputada Catalina Pérez.

En el texto de 91 páginas, el organismo, además de advertir irregularidades de la oficina regional de Antofagasta -que realizó los convenios con la entidad privada-, también puso en alerta a las autoridades sobre el rol del Ministerio de Vivienda, pues además se hacen una serie de observaciones del poco control a nivel central.

En el informe, por lo demás, donde se revisaron todos los convenios entre los años 2020 y 2023, se acreditó la “falta a la probidad” por parte de exseremi de Vivienda Carlos Contreras (exRD) y se dio a conocer que dividió montos de convenios para evitar el control legal del ente fiscalizador. Además, en el informe se revela que, al menos, 12 personas tenían contrato en la repartición pública y también en fundaciones. Una situación de las mismas características se detectó en el Serviu de la misma región.

En su participación en la comisión investigadora, el contralor explicó ante los diputados la razón por la que es “muy difícil” que Democracia Viva restituya los dineros, lo que ya había manifestado la semana pasada cuando se dio a conocer el informe.

En entrevista con Estado Nacional, de TVN, Bermúdez aseguró que esto se debe a que no existen boletas ni ningún tipo de garantía del polémico convenio. “Yo creo que no hay ninguna posibilidad de recuperar esos recursos, porque no hay garantías, ese es el gran problema. La ley es bastante amplia de que acepta muchos tipos de garantías”, dijo.

El contralor detalló a los parlamentarios que de los $426 millones transferidos, se habían rendido solo $116 millones, de los cuales se habían aprobado $34 millones y se habían rechazado $82 millones. “Por lo tanto, deberían restituirse $391 millones”, destacó.

Respecto a los dineros que Democracia Viva ya habría restituido -según el ministro Carlos Montes la entidad tenía una cuenta corriente con $294 millones que fueron embargados-, Bermúdez señaló que “a nosotros no nos consta que se hayan devuelto efectivamente o que estén retenidos en una cuenta (…) si uno tomara eso como verdadero, y de la resta de los $391 millones que deberían restituirse, aún quedarían $97 millones” por devolver.

Además, el contralor dijo que es muy difícil que los dineros sean devueltos. “Yo, por qué he dicho que es casi imposible poder recuperar esos recursos, porque en realidad aquí no hay garantías, la fundación no tiene patrimonio, en realidad tiene un patrimonio de $300 mil que declaró al momento de su constitución”.

“Por lo tanto, la forma de requerir la devolución es a través de un juicio, primero entonces hay que establecer que hay una deuda, un juicio de lato conocimiento para obtener una sentencia, esa sentencia luego hay que ejecutarla, estamos hablando de 10 años más por lo menos”, agregó.

El contralor insistió que “frente a una entidad que no tiene patrimonio, es muy difícil que se puedan recuperar estos $97 millones (…) lo que pasa es que es cierto que al final como no hay garantías es muy difícil que se puedan restituir esos recursos”.

Asimismo, Bermúdez señaló que las cauciones no eran una exigencia, “lo que hace es que sea muy difícil después obtener la restitución de los recursos”.

El contralor detalló las observaciones que se hicieron respecto a Democracia Viva en el informe final de la auditoría que se hizo en la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

En primer lugar, dijo que “no está totalmente fundamentado o motivado en el acto administrativo ese convenio de transferencia que ha sido directo respecto de la fundación”, agregando que “la ley siempre establece el mecanismo de concurso como el obligatorio y la regla general, salvo una situación fundada, en que pueda ser de una asignación directa”.

En segundo término, detalló que “tenemos un problema también acá a propósito del objeto de la fundación y la experiencia en las iniciativas que se le encomiendan, acá hay que tener en cuenta que no hay una relación entre lo contratado, es decir aquello que es el objeto del convenio, y el objeto social por así decirlo, o el objeto de la fundación, no había una coherencia entre una cosa y otra”.

“De hecho, si uno mira la fundación Democracia Viva, estaba sobre todo desde el punto de vista de fundamentar o extender la democracia, participación ciudadana, más que en el fondo de realizar obras, que de hecho son obras públicas. Solo en noviembre del año pasado la fundación obtuvo la ampliación de giro por el Servicio de Impuestos Internos para poder realizar también obras”, comentó.

En tercer lugar, Bermúdez dijo que “hay un hecho consolidado, y es que se vulneró el deber de abstención que tienen todas las autoridades, que supone abstenerse o no intervenir en un asunto que le toca en su ámbito de decisión, respecto de una persona con la cual tiene por ejemplo un vínculo de parentesco o de amistad”. Esto en referencia al exseremi de Vivienda Carlos Contreras, quien firmó los contratos con la fundación, ligada a militantes de RD, partido al que él también pertenecía.

Y en cuarto término, recalcó la división de montos en los convenios, para evitar al ente fiscalizador. El efecto que eso produjo, es que con eso se evitó pasar por el control previo, que es el control de trámite de toma de razón, y en realidad no hay ninguna justificación para que eso haya sido así”.