"Descubrieron un centro de tortura en la comisaría que está en el Metro Baquedano". La información corrió con total rapidez. Los graves hechos denunciados, a través de un amparo preventivo presentado por la académica de la Universidad de Chile Myrna Villegas, supuestamente habían ocurrido la noche anterior y estaban basados en el testimonio de Nicolás Luer, un joven estudiante de 22 años, quien acusó haber sido detenido, golpeado por Carabineros y trasladado hasta el recinto policial -que funciona al interior de esa estación del tren subterráneo-, lugar en que dice haber visto "personas atadas, colgadas en el techo, siendo torturadas", y que escuchó a un tercero pidiendo auxilio.
Ya en la mañana de hoy la historia de Luer estaba viralizada en redes sociales y en WhatsApp, donde una persona aseguraba que la denuncia había sido acreditada por los jueces Darwin Bratti y Daniel Urrutia, quienes se constituyeron en la estación de Metro tras la presentación del amparo."Se encontró sangre y amarras, anoche dos jueces del 7mo. Juzgado de Santiago dan cuenta de que se torturó gente", decía el mensaje. A esa altura a la fiscalía no había llegado denuncia alguna.
La indignación por la información que se compartía a esa hora en redes sociales hizo que a las 10.18 la excandidata presidencial del Frente Amplio Beatriz Sánchez pidiera -a través de su cuenta de Twitter- la renuncia del ministro del Interior, Andrés Chadwick, basándose en que el INDH había denunciado torturas. Más tarde el propio organismo en su cuenta oficial aclararía que la PDI no había acreditado que en ese lugar se hubieran cometido apremios y que eso tenía que ser esclarecido por el Ministerio Público y que ellos estudiaban acciones legales. Pero ¿qué decían los jueces?
En conversación con La Tercera, ambos magistrados sostuvieron que se constituyeron junto a una abogada del INDH y revisaron cada rincón del recinto policial sin encontrar detenidos. El juez Bratti fue enfático: "No encontramos detenidos, menos amarrados del techo, ni tampoco indicios de que existiera una estructura de la cual se pueda colgar a una persona". Para esto, dijo, no solo hicieron una inspección ocular, sino que también "revisamos las cámaras y ninguna persona había sido trasladada hasta esa comisaría esa tarde".
Urrutia, por su parte, detalló que él pidió a personal de la PDI que levantara dos amarras de plástico que estaban cortadas en el suelo. "No podemos descartar lo que dice el denunciante, la fiscalía debe investigar, lo responsable es decir que nosotros no encontramos detenidos, ni sangre, pero al menos yo vi siete cartuchos percutados y dos amarras y al consultarle al carabinero si ellos ocupaban eso para los detenidos él lo negó y ahora debe investigarse", sostuvo Urrutia.
La Fiscalía Oriente abrió una investigación y se citará a declarar a la víctima, a los jueces y a la policía.