“Sobrerreacción”, “nerviosismo” y “entorpecimiento del trabajo en terreno”.

Esas han sido las opiniones que han comenzado a emanar en los gobiernos regionales desde el pasado 11 de agosto de 2023, luego de que el Ministerio de Hacienda elevara las exigencias a los convenios para transferencias desde los gores a instituciones privadas, con el fin de evitar nuevos líos de platas como lo sucedido con Democracia Viva en junio pasado.

Y es que el decreto n° 20 emitido por la Dirección de Presupuesto (Dipres) elimina las asignaciones directas y exige que en todo procedimiento sea concursable, facultad que había sido entregada a los Gobiernos Regionales para iniciativas con una inversión menor a las 7.000 UTM. La medida ha sido cuestionada por la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi) -que agrupa a los 16 gores a nivel nacional- debido a que tales medidas ralentizarían la entrega de recursos desde los gobiernos a las organizaciones, además de “elitizar” la participación en algunas instituciones con capacidad técnica y recursos para postular.

Pese a que desde la asociación se ha valorado la implementación de nuevos mecanismos que busquen velar por la correcta utilización de los recursos públicos, la medida instalada por el Ejecutivo daría cuenta de un “nulo conocimiento” del gobierno central hacia el rol que cumplirían los gores dentro de las regiones y comunidades.

El presidente de la Asociación y gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz (Ind.) comentó a La Tercera que la medida ha provocado un sabor amargo entre los gobiernos locales, pues “tenemos distintos tipos de transferencias que mucha veces no están asociadas a políticas públicas, sino que algunas están asociadas derechamente a donaciones o proyectos pequeños que la sociedad civil plantea. En ese sentido, nos parece que algunas de las clausulas de la circular son altamente perjudiciales para instituciones como bomberos o como la las juntas de vecinos o clubes deportivos”.

Desde la Asociación, por ejemplo, toman el punto de su colaboración con bomberos con quienes tienen más de $113 mil millones en ejecución a través de la compra de carros bomba, entre otros recursos. Asimismo, existen 7 regiones con un monto de $45 mil millones que se verían entramados por la circular. Es más, la junta directiva de bomberos se reunió este domingo con el fin de evaluar la situación e incluso analizar la posibilidad de movilizarse.

En concreto, el documento establece 16 puntos entre los que destacan obligaciones de aplicar reglas de la contratación; obligación de suscribir convenios en caso de efectuar transferencias a instituciones privadas, obligación de utiizar el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas de la Contraloría General de la República; exigencia de garantías, obligación de acreditar antiguedad y expeciencia, obligación de acreditar objeto social; prohibicón de fraccionamiento; obligación de restituir los recursos transferidos en el caso que indica, entre otros.

Pero la opinión del Presidente de la Asociación no ha sido la única. A los reparos se suma el gobernador de Los Ríos, Luis Cuvertino (PS), quien afirmó que la situación profundiza la burocracia entre Gores y organizaciones sociales. “Se está actuando en un ambiente nocivo, que no da cuenta de la realidad del funcionamiento de la gran mayoría de los gobiernos regionales, situación que está muy lejos de la necesidad de mejorar los mecanismos de control”.

Una visión similar ha demostrado la gobernadora de Coquimbo, Krist Naranjo (Ind.), quien dio a conocer su preocupación puesto que la medida afectaría a las organizaciones sociales que habrían postulado a fondos concursables del 8% del Gobierno Regional. Según Naranjo, esta circular viene hacer otras exigencias que no estaban contempladas en sus bases.

“Una es el periodo de vigencia de la organización que pasó de un año a dos años; plazo de ejecución y que el traspaso de los recursos no puede pasar del año presupuestario; el objeto social acorde de los objetivos y postulación del proyecto. Estos nuevos cambios impiden continuar con la ejecución de algunos fondos aprobados y seleccionados inicialmente. Lo ideal y razonable que esta circular hubiese comenzado a regir el 2024, considerando que el año presupuestario 2023 cierra en el mes de octubre y la discusión de la nueva Ley de presupuestos se comienza a discutir a fin de este año”, expresó.

Rodrigo Mundaca, gobernador de Valparaíso (Ind.) hizo hincapié en el punto nueve que prohíbe el fraccionamiento para distintos convenios de la misma institución, ya que establece la obligación de transferencia en relación con el avance efectivo de la ejecución y la obligación de no establecer compromisos que excedan el ejercicio presupuestario, salvo con autorización de la Dipres. “El efecto más grave es que se nos comunico en agosto, cuando el fondo concursable lo habíamos lanzado el mes de abril, con las mismas bases de 2022 cuando no se exigía antiguedad y eso significo retardar el lanzamiento y el tener que comunicarla a las instituciones”, comentó a La Tercera.

El gobernador regional de Los Lagos, Patricio Vallespín (Ind.) esbozó que desde los gobiernos regionales existe un apoyo para evitar la discrecional en asignación de recursos con pleno conocimiento de los instrumentos y la tipología de beneficiarios “pues los fondos concursables para organizaciones sociales que todos realizamos es inaplicable e inadecuado varios puntos de la Circular 20 que debería ser plenamente aplicable a otro tipo de organizaciones tipo fundaciones y corporaciones”.

Jorge Díaz (Ind.), gobernador de Arica y Parinacota, recalcó que el circular presenta un gran freno al espacio en que se ejecutan los gobiernos regionales y también cómo se piensa su desarrollo. “Es más, limita en distintas partes en aspectos que evidentemente es plausible que se avance en inversión pública (...). ¿Y por qué lo entendemos así? Porque no puede ser que a mitad de año cambien las reglas de cómo se ejercita y e ejecuta un presupuesto regional”.