Una voz más que autorizada en materia de derechos humanos es el ex ministro y ex presidente de la Corte Suprema Milton Juica. Abandonó el Poder Judicial el 25 de junio pasado, tras cumplir la edad máxima para integrar esa institución y sólo unas semanas después, sus ex compañeros de la Sala Penal Hugo Dolmestch , Carlos Kunsemüller y Manuel Valderrama son blanco de una acusación constitucional por decretar libertades condicionales a reos de Punta Peuco.
Hoy, a primera hora, se presentó como testigo técnico ante la Comisión que analiza la acusación constitucional que fue presentada por diputados el Frente Amplio y de la ex Nueva Mayoría. Durante su intervención, que fue seguida atentamente por los parlamentarios, Juica confesó que quizás él podría estar ahora acusado, pues participó en fallos en los que se concedió beneficio a violadores de derechos humanos debido a que se cumplían con los requisitos de una ley que aún no es modificada.
Fiel a su estilo, Juica habló fuerte y claro para asegurar que asistía al Congreso para recordarles que si alguien ha hecho algo por avanzar en justicia en casos de derechos humanos fue la actual Corte Suprema y el actual Poder Judicial, deslindando la responsabilidad que por años ha sido abandonada por el Poder Ejecutivo y por el propio Congreso.
"Como primera cuestión hago presente la injusticia que representa esta acusación constitucional respecto a la situación de nuestros colegas, la mía propia también, porque soy partícipe de esto, porque participé en fallos anteriores, de atribuirle un notable abandono de deberes en relación a los Derechos Humanos cuando son (los jueces) los únicos que se la han jugado en este país para ello. Con resultados positivos", dijo el magistrado.
Juica mezcló contexto histórico del Poder Judicial con cifras de casos de Derechos Humanos de los tres últimos años en la sala penal que hoy es acusada. "En total, esta Corte Suprema, que se le tacha de procurar la impunidad de los delitos de lesa humanidad, esta Corte Suprema en tres no es casualidad que tenga 344 condenados, respecto a 318 víctimas. ¿Puede alguien pensar que esta sala esta Corte Suprema ha incurrido en notable abandono de deberes con respecto a los Derechos Humanos de nuestro país? Quiero que me digan qué otra institución ha hecho esto en el Estado chileno", dijo el ex presidente de la Corte Suprema, que además destacó que en materia de indemnizaciones incluso "hemos luchado" contra el CDE, que se opone a la indeminización por daño moral.
Un juez histórico
La intervención de Juica parte presentándose ante quienes, quizás por su juventud, no lo conocían. "Yo trabajé en el Poder Judicial y cesé en el a partir del 25 de junio del presente año. Tuve 52 años en el Poder Judicial y, por lo tanto, tengo una experiencia vivencial del desarrollo del Poder Judicial desde el gobierno de Salvador Allende, todo el periodo de la dictadura horrorosa que nos tocó vivir y todo el periodo hasta este año de la democracia. Y por lo tanto mi vivencia, mi experiencia, mis conocimientos están relacionados más bien de lo que fue y ha sido la conducta que se le atribuye al Poder Judicial en torno a la defensa de los Derechos Humanos que, por supuesto, en gran parte de este periodo que yo recorrí fue nula", sostuvo.
Agregó que es un hecho histórico que la dictadura de Pinochet no tuvo contrapesos del Poder Judicial y que tuvo "17 años para actuar con plena autonomía sin tener la molestia de decisiones jurisdiccionales salvo pequeñas y honrosas excepciones que voy a detallar". En ese sentido admite que ese Poder Judicial y esa Corte Suprema "acepto el régimen de Pinochet, lo ayudó muchas veces y naturalmente propició y aceptó reformas que le restó competencias y pasó a ser meramente de los tribunales militares en tiempo de guerra que funcionaron en nuestro país sin injerencia en la que la misma Corte Suprema se autoimpuso de no insistir ni interferir en los consejos de guerra y eso es histórico".
Explicó que al pasar los años fueron los tribunales ordinarios quienes asumieron el rol de investigar "los graves atentados a los derechos humanos homicidios, secuestros, violaciones, expulsiones, torturas, todo eso quedó en dominio de tribunales". Sin embargo, Juica les recordó a los comisionados que "la dictadura al término de su periodo ofreció a aquellos jueces que estaban por jubilar y que tenían una edad excesiva una salida. Yo fui relator de la Corte Suprema por 10 años, por lo que yo sabía todo lo que pasó en esa época", y que casi al iniciarse la democracia la política del último ministro de Justicia del régimen fue llenar al Poder Judicial de "jueces totalmente afines a la dictadura, que aseguraran que la dictadura no iba a tener ninguna dificultad en el tiempo de la democracia, o la transición, como se le puede llamar".
Entonces Juica llama a reflexionar a los parlamentarios: "Por lo tanto, era muy difícil pensar siquiera en democracia que pudiera haber una posibilidad de poder atender las demandas de la sociedad chilena respecto de la investigación y condena de los delitos de lesa humanidad". Entonces, el ex supremo hace una pausa y mira a los diputados y les señala "Y eso es responsabilidad lo digo claramente no de esta Corte Suprema, no de este Poder Judicial, sino de esa Corte Suprema y de ese Poder Judicial respecto del cual en democracia, salvo dos excepciones que las voy a decir, nunca hubo una acusación constitucional por notable abandono de deberes, a pesar de todas las situaciones dramáticas que ocurrieron durante la dictadura".
¿Por qué ahora?
El ex presidente del máximo tribunal del país prosiguió y dijo con tono duro: "Lo primero que me llama la atención es por qué ahora, cuando ya el Poder Judicial asumió el compromiso de investigar y reprimir todos los sucesos que ocurrieron en la dictadura, se hace una acusación constitucional, y no se hizo cuando correspondía, cuando estaban aún vigentes todos los actores del Poder Judicial que tanto daño hicieron a nuestra jurisdicción".
Tras esto explicó el caso de Alfonso Chanfreau. En esa oportunidad, luego que la Corte Suprema enviara los antecedentes de este caso que estaba avanzando en manos de una ministra de fuero, fue enviado a la justicia militar, lugar en que fue sobreseído definitivamente la responsabilidad de quienes participaron en el secuestro calificado de este estudiante de filosofía de la Universidad de Chile. Esto motivó una acusación constitucional en contra de supremos, la que sólo prosperó respecto del ministro Hernán Cereceda.
Pero Juica hace un punto y sostuvo: "No quiero dejar de lado este caso, como era previsible se fuera a la justicia militar y en la justicia militar fue sobreseído definitivamente… pero ¿qué pasó con el caso Chanfreau? Y ahí viene entonces la cuestión del control de convencionalidad que de alguna manera se achaca en este caso con respecto al Poder Judicial. El Poder Judicial fue el único poder del Estado que aplicó el control de convencionalidad tratándose de los Derechos Humanos, y lo digo con toda seriedad".
Acto seguido el ex juez miró a los comisionados y aseguró que "ningún poder del Estado puede atribuirse haber hecho algo respecto al control de convencionalidad de los atentados a los Derechos Humanos. Hubo proyectos, pero hasta ahí llegaron".
"¿Qué paso con el caso Chanfreau?", se preguntó Juica y prosiguió: "En el año 2015 la Corte Suprema falló y condenó a los autores del desaparecimiento forzado de Chanfreau a la pena de 10 años a cada uno de los partícipes en ese minuto". El ex magistrado hace una pausa y se apronta a explicar: "Con una sentencia ejecutoriada de sobreseimiento definitivo".
Juica explicó que a partir del caso Almonacid, en que la CIDH condenó al Estado chileno en 2006 por aplicar la Ley de Amnistía, el magistrado aseguró que de ahí en más la Corte Suprema "empezó a aplicar el principio de convencionalidad respecto a que la cosa juzgada establecida por tribunales militares no operaban dentro de un Estado de plena democracia, ni de civilidad". En palabras simples, el ex juez dijo que todos aquellos sobreseimientos que fueron aplicados por tribunales militares, luego fueron procesos reabiertos e investigados por ministros de fuero, hasta aplicarse las condenas respectivas.
"La Corte Suprema entonces entró a conocer el caso Chanfreau y a pesar de tener un sobreseimiento definitivo y por lo tanto si fue altamente cuestionable lo que hizo la Corte Suprema de traspasar el caso, eso fue superado por los actuales ministros de la Corte Suprema, los de la Segunda Sala, aquellos que están acusados y que fueron los que fallaron el tema de Chanfreau, condenando a los autores de esa desaparición forzada", sostuvo, y cerró con un "¡Digamos las cosas como son!".
Un largo camino
Juica aseguró que para que empezara a hacerse justicia en estos casos fue un largo camino que recorrieron los jueces solos, y destacó cómo la justicia opera hoy en casos de Derechos Humanos. "La democracia empezó a operar a partir del año 1990, pero ¿se atendieron los casos de Derechos Humanos? Hubo naturalmente comisiones que investigaron los atentados, pero el presidente (Patricio Aylwin) nos dijo a los jueces 'hay que investigar en la medida de lo posible'. ¿Qué es eso? Puede ser lo imposible también, parecía decir si es imposible no se puede investigar. ¡Y se investigaron todos los procesos!".
En una sentida intervención ante la Comisión, Milton Juica aseguró que "fueron los jueces, los tribunales actuales, los que están sujetos a esta acusación constitucional los que aplicaron el control de convencionalidad y los tratados internacionales de los Derechos Humanos. La Ley de Amnistía dejó de operar para la jurisdicción a partir de esa fecha, a partir de cuando logramos dotar en los años 2000 con jueces más progresistas que vieron la posibilidad y vieron lo que estaba pasando en el país frente a la impunidad que pasaba en los casos de Derechos Humanos que empezaron. Con pocos ministros, porque aún quedaban remanentes de la dictadura que costó mucho sacarlos".
Recordó que su postulación a la Corte Suprema fue rechazada en 1998, y que sólo el 2001 pudo ser parte del máximo tribunal, luego de los incentivos para que ciertos jueces dejaran el Poder Judicial y comenzara la elección de "uno a uno" en que se cuotea la Suprema de jueces "progresistas" y jueces "conservadores" en un juego binominal que, para algunos, mantiene los equilibrios en el máximo tribunal.
"Lo que quiero significar, señor presidente, es que el control de convencionalidad respecto a los Derechos Humanos de no aplicar la Ley de Amnistía es creación de la Corte Suprema o del Poder Judicial. ¡Hasta ahora se discute en el Congreso sobre la necesidad de tener la Ley de Amnistía que está vigente y que no ha sido derogada! Todavía se estudia en el Congreso y nunca ha llegado una solución. La Corte Suprema o el Poder Judicial lo hizo. Para la prescripción operó lo mismo, insisto, para la cosa juzgada de aquellas causas que fueron sobreseídas definitivamente en la justicia militar tampoco operó y fueron reabiertos sus procesos, entregados a los ministros en visita, y han tenido todos estos resultados", emplazó Juica.