El pasado 15 de enero, el Papa Francisco pisó suelo chileno, después de 30 años de la última visita papal. Su objetivo: tener un acercamiento con el pueblo chileno y reencantar al catolicismo nacional, golpeado por las denuncias de abuso sexual al interior de los colegios de la Congregación Marista y la figura controversial del entonces obispo de Osorno, Juan Barros, a quien él defendió a pesar de las denuncias de supuestos encubrimientos de abusos que reiteraron las víctimas de Karadima.
Aquella gira pontificia marcó un cambio. Un quiebre. Tras retornar a Roma y disponer el viaje a Chile de la misión del obispo de Malta, Charles Scicluna, y recibir a las víctimas de Karadima en el Vaticano, el Papa envió una carta a la Conferencia Episcopal. En ella acusó a la Iglesia criolla de mantener una "cultura del abuso y el encubrimiento"
La misión Scicluna invitó a todas las víctimas a denunciar, llamado al que luego se sumó el fiscal nacional, Jorge Abbott, generando una ola de "casos" a nivel nacional. El tema de los eventuales abusos en la Iglesia se judicializó definitivamente. Salió de los templos y entró a las oficinas de los fiscales del Ministerio Público. El persecutor nacional, Jorge Abbott, de hecho, solicitó un catastro nacional, según el cual hasta hoy existen 37 investigaciones vigentes por abusos sexuales, en las que se indaga a 68 personas. De estos, 36 son clérigos -incluidos tres obispos-, 31 sacerdotes y dos diáconos. Hasta ahora se han contabilizado 104 víctimas, de las cuales 52 son menores de edad. Y las diligencias han implicado allanamientos a 11 sedes religiosas.
Los operativos
En la Región de O'Higgins, el fiscal regional, Emiliano Arias, indaga los presuntos abusos cometidos por la llamada "Cofradía", que mantiene a 14 clérigos de la región suspendidos y que llevó al Papa a aceptar la renuncia presentada por el emblemático obispo Alejandro Goic.
En paralelo avanza el caso contra el excanciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz, quien está en prisión preventiva, formalizado como presunto autor de abuso sexual reiterado y estupro agravado.
En la fiscalía Metropolitana Sur, el titular, Raúl Guzmán, cierra el cerco en torno a los abusos cometidos por miembros de la Congregación Marista, que mantiene a una decena de hermanos suspendidos. Y en La Araucanía, el persecutor regional, Cristian Paredes, indaga cinco casos de abuso sexual. El puzzle es complejo.
Hasta ahora el Ministerio Público ha allanado 11 edificios eclesiásticos, ubicados en las regiones de O'Higgins, La Araucanía y Metropolitana. A estos se suma el realizado por el OS-9 de Carabineros a la casa del excanciller Óscar Muñoz.
En paralelo, tres fiscalías regionales (La Araucanía, Valparaíso y Metropolitana Sur) solicitaron requerimientos de información al Vaticano, a través de la Cancillería, en los cuales piden expedientes canónicos de imputados investigados en casos de delitos sexuales cometidos por clérigos, además del Informe Scicluna. La solicitud fue presentada el lunes 14 de agosto a la Secretaría de Estado de la Santa Sede.
