Un operativo de la Brigada de Trata de Personas (Bitrap) de la Policía de Investigaciones (PDI) en Santiago, que buscaba desbaratar el comercio sexual en el casco histórico, terminó con dos funcionarios de la misma institución detenidos, procesados y posteriormente desvinculados.
Se trata de Nicolás Ortega Castro y Sebastián Peredo Vera, funcionarios hasta entonces activos del Departamento de Policía Internacional Aeropuerto y la Brigada de Robos Oriente de la PDI.
Según reveló Mega, todo se remonta al 28 de noviembre del 2022, cuando la Bitrap detuvo a una adolescente venezolana de 17 años, que estaba siendo explotada sexualmente en el Portal Fernández Concha, frente a la Plaza de Armas. La adolescente estaba bajo la coacción de una célula del Tren de Aragua, que incluso tras la aprehensión seguía sus pasos y sabía cada uno de sus movimientos.
Esto era posible gracias a Ortega y Peredo -los expolicías-, quienes entregaban información a Yariel Ulloa López, ciudadano cubano que en la organización criminal facilitaba la captación y explotación sexual de las víctimas.
De acuerdo a información de la Fiscalía Centro Norte, Ulloa consultaba y pagaba a los entonces funcionarios de la PDI con la finalidad de enterarse sobre procedimientos propios de la policía, el lugar donde se encontraban las víctimas y para obtener información desde los sistemas que mantiene la policía sin justificación.
De hecho, el 29 de noviembre del 2022, cuando la menor detenida en Plaza de Armas era trasladada al Juzgado de Familia, recibió una llamada de Ulloa. Decía ser su padre, pero tras notar su incomodidad, la Bitrap solicitó autorización para acceder al tráfico de llamadas del teléfono del supuesto familiar. En esa revisión saltaron los nombres de Ortega y Peredo.
Apenas la adolescente fue detenida, el cubano se había comunicado inmediatamente con sus dos contactos al interior de la institución para saber su paradero. Sus gestiones dieron resultado: la organización criminal averiguó la dirección exacta de la residencia de acogida a la que fue destinada la menor por el tribunal de familia.
La detención y formalización de los imputados
El 15 de marzo de este año, la Bitrap logró la detención de los involucrados: los dos inspectores de la PDI, el ciudadano cubano y Aura Acosta Villalobos, colombiana que mantenía -junto a Ulloa- una empresa de fachada para ocultar las ganancias generadas por la explotación sexual de víctimas de trata de personas.
El grupo se encontraba en una fiesta de despedida en el departamento de Ulloa, en el centro de Santiago, quien se iba a mudar a Estados Unidos.
Al día siguiente, la PDI publicó un comunicado anunciando que, “por la gravedad de los hechos e independiente de la investigación penal”, Ortega y Peredo fueron desvinculados de la institución. Eso sí, no mencionaron más detalles del caso.
Ese mismo día, el 16 de marzo, los cuatro imputados fueron formalizados por los delitos de asociación ilícita, trata de personas, lavado de activos y cohecho. La Fiscalía decretó para todos ellos la medida cautelar de prisión preventiva.
La persecutora de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, Carolina Suazo, indicó que este viernes se realizó una audiencia de revisión de la prisión preventiva de uno de los funcionarios de la PDI, pero finalmente se mantuvo.
“Lo que hemos podido establecer a la fecha, de acuerdo a las diligencias que ha realizado la Fiscalía en coordinación con la Brigada de Trata de Personas y el Departamento V de la PDI, es que los funcionarios públicos entregaban información a integrantes de la organización criminal respecto de plataformas a las que solamente tienen acceso a los funcionarios de la PDI. Entregaban, además, información a la organización criminal respecto a procedimientos de la Policía de Investigaciones, en el caso, por ejemplo, del rescate de víctimas, cuestión que se pudo acreditar de forma clara cuando una víctima menor de edad fue rescatada desde la Plaza de Armas”, detalló.
En esa ocasión, agregó, “se pudo establecer que uno de los tratantes precisamente tomó contacto a través del ciudadano cubano con uno de los funcionarios policiales”. Esto, junto a “otras situaciones que se encuentran vinculadas a entrega de información propia de sistemas informáticos que mantiene la PDI, involucrando obviamente y obteniendo información que es obviamente secreta respecto de personas que no son funcionarios públicos o no se encuentran vinculados a investigaciones particulares”.
