Cuando faltaban 25 minutos para que comenzara la audiencia llegó hasta el frontis del Centro de Justicia el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz. A cuatro días de su renuncia ante el presidente Gabriel Boric producto del escándalo que se desató a raíz de sus filtraciones al abogado Luis Hermosilla, el jefe de la policía enfrentó desde las 9 de la mañana su audiencia de formalización en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por el delito reiterado de violación de secreto.

Muñoz bajó desde un vehículo color negro escoltado por un grupo de funcionarios policiales, quienes a punta de empujones y golpes a los reporteros gráficos le abrieron paso al otrora director de la policía civil.

“Por favor déjenme pasar, déjenme entrar al Tribunal. No me dejan avanzar”, fueron sus escuetas palabras. El lunes en la tarde el exjefe policial declaró ante el Ministerio Público para “explicar” los 501 mensajes con el abogado Luis Hermosilla, textos en los cuales habría rebelado antecedentes de cinco causas que se encontraban en investigación.

De fondo, mientras Muñoz se dirigía a la sala 303 del edificio ubicado en la Avenida Pedro Montt, un hombre gritaba “a la cárcel todos los corruptos”. A esa hora, según fuentes policiales, Carabineros también había desplegado un servicio preventivo con motivo de esa audiencia.

Pero el ingreso de Muñoz no sólo asediado por la prensa. Y es que además el exdirector de la PDI también fue escoltado por familiares de los mártires de la institución y quienes a lo largo de todo el día desplegaron un lienzo en el frontis del Centro de Justicia. “Basta de corrupción”, se podía leer en el lienzo acompañado de fotos de la detective Valeria Vivanco -asesinada el 2021-, Danitza Araya -herida el 2019-, entre otros policías fallecidos.

El inicio de la audiencia, finalmente, se postergó en 30 minutos respecto a la programación inicial. Una vez iniciado el proceso, y tras la discusión de incidentes previos, el fiscal oriente Francisco Lanas comenzó a leer uno a uno los mensajes que Muñoz envió a Hermosilla y los cuales habría -según la tesis de la Fiscalía- revelado información de cinco causas en 12 filtraciones y las que comenzaron sólo cuatro días después que el exdirector asumiera su cargo el 2021.

El fiscal Lanas expuso durante la audiencia que el equipo investigativo de tres fiscales -él, la fiscal regional, Lorena Parra y Felipe Sepúlveda- separaron en dos grupos los hechos según el carácter del delito. El primer grupo correspondía a la revelación de antecedentes de la causa de la Minera Dominga, la investigación del denominado Caso Enjoy y la indagatoria en contra del exintendente y otrora alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara.

Un segundo grupo de hechos, acompañados de los mensajes que comprobarían los delitos, fue la vulneración que existía en dos investigaciones por lavado de activos, las cuales pese a tener dicho calificación no fueron impedimento para que Muñoz entregara antecedentes y que correspondía a la indagatoria en contra del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa y la del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba.

A las 10.00 de la mañana, y una vez terminada la exposición del persecutor, la jueza Francis Fell le preguntó a Muñoz si entendió los hechos que se le imputaban. “Los entiendo perfectamente”, retrucó el renunciado líder de la PDI.

En representación del Consejo de Defensa del Estado (CDE), expuso sus argumentos el presidente del comité penal, Daniel Martorell.

Luego de eso fue el turno de la persecutora regional Oriente, Lorena Parra, quien expuso los argumentos para fundar la medida cautelar -que a esa hora- ya había solicitado en contra de Muñoz: prisión preventiva. Según el Ministerio Público el expolicía arriesga una pena que va entre 5 años y un día a 10 años de privación de libertad.

Parra, quien encabeza al equipo investigador que abrió esta nueva arista del denominado caso audio afirmó que el exdirector, incluso, adelantó diligencias a Hermosilla respecto a la investigación en la denominada causa Minera Dominga, en la cual se investigaba al expresidente Sebastián Piñera.

Luego de aquello, fue el turno del fiscal Felipe Sepúlveda, quien siguió la misma línea argumentativa. “Muñoz abandona el interés general y se aboca en este caso, o más bien trata, de satisfacer intereses particulares y afecta el principio de probidad administrativa (...) ha defraudado la confianza que ha puesto el sistema sobre él”, afirmó el fiscal.

Pero Sepúlveda fue más allá y aseguró que “el director de la PDI se olvidó del interés general, se olvidó de las funciones de la PDI, se olvidó de las normas del proceso y quiso, en este caso, atender a intereses particulares, los intereses personales de él y también los del señor Luis Hermosilla”, a quien -aseguró- le tenía una “fidelidad perruna”.

Tras la exposición del Ministerio Público, tomó la posta el abogado Juan Carlos Manríquez quien comenzó a exponer la defensa del exdirector Muñoz. El penalista, junto con asegurar que La Moneda jamás le pidió la renuncia al exdirector, comenzó a solicitar medidas cautelares menos gravosas de las que pedía el Ministerio Público.

Luego de eso, Manríquez comenzó a leer partes de la declaración que Muñoz entregó ante los fiscales. Respecto a las causas que involucraban al expresidente, el exdirector -según su abogado- señaló que Hermosilla se habría presentado como el abogado de Piñera. “Por ende, le envié información a Hermosilla con la finalidad de que si a él le servía de algo, ya que involucraba al Presidente de la República de esa época”, afirmó el defensor.

Citando a Muñoz, Manríquez además aseguró que una de las razones para informar a Hermosilla sobre las diligencias de estas causas era “porque si al Presidente de la República le iba mal y en definitiva también en este tipo de cuestiones las instituciones andaban mal, para su política institucional en la PDI tampoco iba a andar muy bien. Y, en definitiva, esa fue la motivación y finalidad que él arguye, por la cual actuó”.

A lo largo de toda la audiencia realizada en el edificio C del Centro de Justicia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del exdirector, argumentando que su libertad no sólo era un riesgo para la sociedad, sino que también para el éxito de la investigación.

Pese a que su defensa intentó explicar que aquello no se sostenía, la magistrada Fell a las 16:27 horas dio por acreditado los delitos reiterados que expuso la Fiscalía, la vulneración de secreto y de la obstaculización de la investigación, ante lo cual resolvió: “La prisión preventiva, por ahora, resulta indispensable para el éxito de la investigación, la que está recién comenzando (...) resulta proporcional y necesaria por peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de las diligencias de investigación. Esa es la resolución”.

Sin embargo, tras aquella resolución, tanto el CDE como la Fiscalía expusieron que -en discrepancia de la defensa- la prisión preventiva de Muñoz debía realizarse en un recinto de la PDI y no en la casa de este, la cual pertenece a la institución y que por ende es calificada como “cuartel”. Mientras Manríquez argumentaba porqué aquello sí correspondía, la jueza interrumpió y dijo: “yo voy a resolver”. Finalmente, Fell acogiendo el argumento del ente persecutor y ordenando que la medida cautelar se cumpla en la Brigada de Reacción Táctica de la PDI en Cerrillos por los 120 días que dure la investigación.

Tras el fin de la audiencia, la defensa del exdirector dijo que “van a estudiar primero” si es razonable apelar. Pese a eso, y respecto a lo señalado por la magistrada, sostuvo: “rescato que la jueza haya dado por establecido que, salvo los dos casos de Espinosa y Torrealba, todos los otros no estaban sujetos a la ley de lavado de activos; segundo, que en esas otras causas no está establecido que haya una grave daño a la causa pública y, por último, hasta ahora tenemos hechos formales simple delitos de penas de suspensión del empleo o 61 días (reclusión) y lo que nos deja en esta condición lo que dice relación con los delitos de lavado”.

El Ministerio Público por su parte, en voz de la vocera de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Pamela Valdés valoró la medida. “Estamos muy conforme por el trabajo realizado, en pocos meses en este caso se pudo establecer esta investigación, que fue a través de un equipo de fiscales, en la cual se pudo acreditar hechos graves que comprometen la confianza de las instituciones”, sostuvo. Ahora, según dio a conocer La Tercera, la Fiscalía realizaría diligencias sobre las cuentas bancarias de Muñoz y Hermosilla.

El último registro visual del ahora exdirector de la PDI, se tuvo a las 16:30. A esa hora, Sergio Muñoz dejó la sala 303, esta vez no por la puerta principal ni escoltados por funcionarios policiales, sino que por gendarmes, como imputado y rumbo a cumplir su prisión preventiva.