Tomás O'Ryan (23) no se había enterado de su llamado para cumplir con el Servicio Militar el año 2015. Y tampoco de la denuncia interpuesta en su contra en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago por infringir las leyes sobre reclutamiento al no concurrir al llamado; un llamado que, según cuenta, solo conocería dos años después.
"Estaba en segundo año de universidad cuando postulé a un trabajo donde me pidieron llevar certificados de antecedentes y de situación militar. Ahí recién supe que estaba infringiendo la ley. Me asusté y fui a tratar de arreglarlo de inmediato", recuerda el joven, ahora titulado de Licenciatura en Música.
O'Ryan asegura que se acercó a un cantón de reclutamiento. Desde ahí lo derivaron a la fiscalía, donde le pidieron sus datos y le dijeron que recibiría un correo con su situación. El mensaje, dice, nunca llegó. Pese a no poder regularizar sus papeles, igualmente consiguió el empleo y el tema para él "quedó hasta ahí".
Por anecdótico que parezca, el caso de Tomás O'Ryan no es único. Él es uno de los 56.631 jóvenes que en 2015 fueron denunciados como infractores y remisos por la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), institución encargada del reclutamiento, y por lo cual se arriesga una sanción que puede llegar a la inhabilitación absoluta temporal para ejercer cargos públicos.
Una mirada en profundidad de los casos de remisos e infractores evidencia un problema más profundo: la baja sostenida de postulantes al Servicio Militar, que en diez años ha caído en casi un 60%. Si en 2007 la cifra de voluntarios se acercó a 30 mil, para 2019 el número bajó a 12 mil (ver infografía). Por ello, según la DGMN, este año por primera vez no se llenaron las plazas requeridas por las FF.AA.
El principal afectado con esta caída de reclutas, revela el jefe del Departamento de Reclutamiento de la DGMN, coronel Osvaldo Catrileo, es el Ejército. "Este año el Ejército tuvo que acuartelar no voluntarios y no completó el requerimiento que ellos necesitaban. A esto se sumó la baja de estos ciudadanos que por problemas psicológicos tuvieron que licenciarse. Este año fue el primer año que no se cumplió el requerimiento", detalla el coronel Catrileo.
Desde la institución castrense estiman que este año quedaron sin cubrir cerca de 2.500 plazas, entre las cuales se encuentran los 1.537 reclutas que en mayo fueron separados de sus filas por no estar aptos para usar armas. Así, detallan desde el Ejército, el plan de contingencia castrense, en caso de enfrentar una necesidad real de dotación, consistiría en convocar a las generaciones de reservistas de hasta cinco años atrás.
La dificultad de las Fuerzas Armadas para llenar sus vacantes de reclutamiento coincide con la peor evaluación ciudadana obtenida por las instituciones uniformadas.
Un sondeo publicado en marzo por Cadem detalla que solo un 43% de los encuestados aprueba el trabajo desempeñado por el Ejército, convirtiéndose en la peor cifra obtenida por la institución castrense desde 2017. Algo parecido se repite con la Armada y la Fuerza Aérea, que en el primer trimestre de este año cayeron nueve y siete puntos, respectivamente, en su aprobación. Y en 2016 el Centro de Estudios Públicos (CEP) mostraba que el 50% de la población tenía "mucha confianza" en las Fuerzas Armadas.
Según el coronel Catrileo, la baja en la cantidad de reclutas "afecta para el año militar de las instituciones y también afecta a futuro para las reservas, porque todo el soldado conscripto que sale con valor militar pasa a la reserva instruida, entonces se van a proyectar menos reservas, lo que puede dañar, a la larga, la seguridad nacional".
Los incentivos para postular tampoco han tenido efecto. Según el Ejército, la asignación para soldados que están realizando el Servicio Militar equivale a un sueldo no imponible de $ 95.339, el primer año, y de $ 100.445, el segundo.
Para el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, la baja en la voluntariedad tendría respuesta en los cambios demográficos: "En 2006, la base de conscripción, es decir, los jóvenes que cumplen 18 años en un año determinado, era de 146 mil. En cambio, en 2017 este mismo número llegó a 122 mil. En consecuencia, en nuestra sociedad hay cada vez menos jóvenes y, además, ellos tienen cada día más alternativas laborales y académicas. Así, algunos de los factores que pueden influir en una baja en la voluntariedad son la mayor oferta pública de becas de estudio, la tasa de cesantía", señala.
Persiguiendo remisos
Aunque el 2015 fue el único año en que la DGMN presentó denuncias en contra de remisos e infractores, el Ministerio Público tuvo que indagar, incluso en 2019, los casos que aún mantenía vigentes. Sin embargo, y tras tomar una decisión institucional, el ente persecutor decidió aplicar el principio de oportunidad en estas causas; es decir, no iniciar formalmente investigaciones contra los jóvenes remisos e infractores.
¿La razón? Según la fiscalía, el principal motivo fue "la afectación que provoca la persecución de estos ilícitos en la vida de numerosos jóvenes infractores, quienes, al presentar antecedentes penales por infracciones a las normas de reclutamiento, ven mermadas sus opciones laborales, impidiéndoles incluso la obtención de títulos profesionales", explicaron.
Entre los argumentos que esbozó el ente persecutor para terminar estas investigaciones, consideró que no se "compromete gravemente el interés público, por cuanto el tipo penal previsto en el artículo 72 del Decreto de Ley 2.306 tiene su fundamento en la necesidad de dotar a las Fuerzas Armadas del personal necesario para sus misiones de paz y de guerra, y en este caso particular las infracciones denunciadas no implicaron un grave perjuicio a las Fuerzas Armadas".
Bajo estos argumentos, la Fiscalía Nacional, hasta junio de 2019, decidió cerrar por esta vía 21.508 denuncias contra infractores y remisos. Y aunque las cifras de la fiscalía son disímiles con el total de denuncias presentadas por la DGMN (56 mil casos), lo cierto es que la decisión institucional del Ministerio Público tendría un impacto directo en caso de que el organismo reclutador trate de impulsar nuevamente la persecución penal contra los jóvenes remisos.
Sobre este punto, el subsecretario Galli asegura que "mucho más importante que la persecución penal de quienes no se presentan al proceso es generar incentivos a la conscripción. No hay que olvidar que el Servicio Militar es una obligación o 'carga' pública que consiste en entrenarse para formar parte de la reserva de nuestra defensa".
Pese a los esfuerzos institucionales por captar a nuevos reclutas, la tendencia sostenida a la baja seguirá siendo la lucha sin cuartel que mantienen las Fuerzas Armadas.
¿Por qué se denunciaron estos casos?
Las razones de la DGMN
En noviembre de 2016, la entonces subsecretaria para las Fuerzas Armadas, Paulina Vodanovic, aseguraba que debido a la significativa alza de jóvenes que no se presentaron al Servicio Militar, se tomó la decisión de que la DGMN denunciara por primera vez, ya que "no se llenaron los cupos con los voluntarios". Este, sin embargo, fue el único año en que se tomó esta estrategia. Desde la DGMN aseguran que "si bien es el director general quien dice qué vamos a denunciar, hay una entidad superior que es el ministro y el subsecretario (de Defensa) quienes dicen si denunciamos este año o no".
El decreto
Cuarenta años de vigencia
Publicado el 12 septiembre de 1978, el Decreto Ley 2.306 es el que hace más de 40 años dicta las normas sobre reclutamiento y movilización de las Fuerzas Armadas. Y aunque su última modificación data de septiembre de 2005, este cuerpo legal centra sus incisos en los "varones" y solo hace una mención a las mujeres que desean postular: "Las mujeres que pertenezcan a las clases comprendidas en el correspondiente llamado podrán concurrir al Cantón de Reclutamiento respectivo para manifestar su decisión de efectuar voluntariamente el Servicio Militar".
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