Durante esta jornada la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo criticó la serie de convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, cuyo representante legal es Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez (RD).
Vallejo criticó duramente la situación, calificándola como un “total y absoluto despropósito político”.
Y que “lo primero es mandar los equipos que están trabajando allá para poder recabar todos los antecedentes y luego se verá el procedimiento que sigue, pero efectivamente fue un total y absoluto descriterio político lo que aquí se realizó”.
En esa línea, la secretaria de Estado señaló que “el resto obviamente lo verá el curso de las acciones, que esperamos, mientras antes mejor, para todos y todas, partiendo por el gobierno”.
Y que en el Ejecutivo “nos interesa que cuanto antes esto se pueda aclarar, porque además tenemos harto trabajo que hacer y estas cosas obviamente no contribuyen en nada”.
Los dichos de Vallejo van en línea con lo expresado por el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien durante la mañana expresó que que había una “falta de criterio” en torno a los contratos. Sin embargo, planteó que “hasta el momento no tenemos antecedentes de irregularidades”.
Montes aseguró que “las acciones legales dependen de los antecedentes que reunamos. A cualquier irregularidad, por parcial que sea, nosotros vamos a pedir acciones legales, pero eso depende de los antecedentes que estamos recabando”.
“No se trata de entrar a culpar a todo el mundo sin tener todos los antecedentes con precisión”, dijo.
De todas maneras, reconoció que “por la cantidad de recursos todo indica que esto va a requerir una investigación mayor”.
En relación a la renuncia de Daniel Andrade, quien se desempeñaba como asesor en la Subsecretaría de Defensa, la vocera de gobierno sostuvo que “aquí hubo un Seremi que asignó un recurso a una fundación cuyo presidente cumplía funciones en el gobierno y por eso aquí hay responsabilidades políticas que se han asumido, que son graves a propósito del descriterio político”.
“Otra cosa distinta es lo que va a arrojar la investigación que está realizando el Ministerio de Vivienda que tiene que ver con el uso de los recursos públicos, porque eso es algo central. Hay que esclarecer si los usos de los recursos públicos fueron bien utilizados o no para los propósitos que estaban señalados, que es el apoyo y reforzamiento a los campamentos en distintas áreas”, sentenció.
