La orden la dio “el ruso”: después de 47 años, la justicia cerró el caso por el asesinato de Miguel Enríquez a manos del brigadier Krassnoff

Miguel Enríquez Espinoza, exlíder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue asesinado en una casa de calle Santa Fe, en la comuna de San Miguel, el 5 de octubre de 1974. El lugar fue una guarida en que se ocultó tras un año del golpe de Estado. Luego de 47 años de este crimen, el pasado lunes 9 de mayo, la Corte Suprema puso fin a este emblemático caso y confirmó la participación del exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) Miguel Krassnoff, alias “el ruso”, como autor de homicidio calificado de este histórico dirigente de izquierda. Con esto, el máximo tribunal sumó 10 años más de cárcel a quien es considerado, según diversos fallos judiciales, como el “jefe de una brigada militar de exterminio” y quien en la actualidad cumple más de 650 años de cárcel, por 80 condenas, en el Penal Punta Peuco.

La Segunda Sala Penal determinó que la participación de Krassnoff fue acreditada, ya que “es quien recibe la información sobre la probable ubicación de la víctima y decide articular el operativo, tal como lo reconoce en sus propias declaraciones, por lo que no cabe duda de que es el oficial que se encontraba al mando y, por ende, responsable de las instrucciones que recibieron sus subalternos ante un eminente intercambio de disparos, las mismas que llevan a Jaime Rufino a accionar contra Miguel Enríquez para darle muerte”. En la sentencia se recalca que aquello se concretó “porque Miguel Krassnoff lo permitió, conforme a la jerarquía que impera en los servicios de inteligencia de la época. En tal sentido, Krassnoff resultó ser culpable y responsable penalmente de la muerte de Miguel Enríquez en calidad de autor”.

Junto con eso, se confirmó el fallo que condenó al Fisco a pagar una indemnización total de $ 150 millones a los hijos de la víctima, entre quienes se encuentra el excandidato presidencial, exmilitante del Partido Socialista y Fundador del PRO, Marco Enríquez-Ominami. En el libelo también se dictan penas para otros responsables del crimen: los exagentes Teresa Osorio Navarro y Rodolfo Concha Rodríguez. A ellos se les sentenció como coautores a cumplir cinco años tras las rejas.

El Informe Rettig dejó constancia que mientras Enríquez se ocultaba en la casa de San Miguel, el lugar fue rodeado por un gran número de agentes de seguridad, en el que se incluía una tanqueta y un helicóptero, desde donde se comenzó a disparar. El fundador del MIR murió en esos hechos producto de 10 disparos que recibió. El mismo documento calificó esta muerte como hechos de violencia política, ya que su deceso se produjo cuando evitaba ser detenido por un organismo de represión.

Una vez concretado el golpe de Estado por las Fuerzas Armadas, Enríquez se refugió junto a su pareja de ese entonces, Carmen Castillo, en un inmueble que arrendaron en calle Santa Fe 725, en el sector sur de la capital. Ella estaba embarazada y del ataque resultó herida, pero logró sobrevivir junto a otros dirigentes del MIR: José Bordas Paz y Humberto Sotomayor Salas.

Un informe de la Policía de Investigaciones, realizado luego de una reconstitución de escena, registra el testimonio de la agente de la Dina Teresa Osorio, quien confesó que ese día estaba junto a Rodolfo Concha y Miguel Krassnoff en un vehículo en ese sector cuando el brigadier les ordenó llegar hasta un portón negro y abrir fuego.

En paralelo, y según la declaración de la pareja de Enríquez, ella estaba llegando a la vivienda, cerca de las 13 horas, cuando Humberto Sotomayor le advirtió que había gente extraña por el sector. A raíz de eso, el mirista observó por la ventana y logró ver a unas ocho personas armadas. Tras advertir del inminente ataque al resto de los habitantes del inmueble, tomó un fusil AK47 y comenzó a disparar hacia el exterior. Desde afuera, y según sostuvo en el proceso la pareja de Enríquez, llegó una granada a la casa, la que le produjo heridas en un brazo producto de las esquirlas. Además, detalló que su pareja quedó herida en el rostro producto de lo mismo, pero que no lograba recordar más, pues quedó inconsciente.

Luego de 25 minutos de enfrentamientos, el líder del MIR cayó abatido producto de 10 disparos, según detalló un informe del Laboratorio de Criminalística de la PDI. Humberto Mayor, otro de los presentes, declaró que vio esta escena y le advirtió al resto de sus compañeros de que Enríquez estaba muerto y debían huir.

La muerte de Enríquez provocó que sus compañeros escaparan hacia el sur del país para vivir en clandestinidad, mientras Castillo fue exiliada a Francia.

Pese a toda la evidencia recopilada por la justicia, la defensa del brigadier (R) Krassnoff sostuvo, mediante diversos recursos, su inocencia, asegurando que todo se trató de un enfrentamiento. Los jueces que revisaron el caso desestimaron esta tesis y calificaron el hecho como un homicidio a sangre fría: Miguel Enríquez fue acribillado mientras intentaba escalar una pared para salir de la casa de Calle Santa Fe. Un crimen que engrosa el listado de casos de violaciones a los derechos humanos que indagan, hasta el día de hoy, los tribunales chilenos.

Producto de estos hechos, y a raíz de acciones judiciales, comenzó una extensa y compleja investigación, la que fue encabeza por el juez Mario Carroza. Una de las claves para llegar a la imputación de los culpables fue la reconstitución de escena. Esta diligencia gatilló que el 29 de diciembre el magistrado sentenciara a 10 años de cárcel a Miguel Krassnoff como autor del delito de homicidio calificado.

La decisión llevó a la defensa del exjerarca de la Dina a presentar un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue desestimado. Fue así como el exbrigadier del Ejército intentó jugar su última carta y recurrir a la Corte Suprema, que esta semana selló su destino declarando su autoría en este emblemático crimen de la dictadura.

Para el abogado Ciro Colombara, quien representó en el caso a la familia de Enríquez, el proceso judicial “fue un camino larguísimo, que termina con una sentencia condenatoria respecto de Krassnoff y de los otros partícipes que es muy clara en cuanto a que se trató de una ejecución, extrajudicial y en ningún caso se trató de un enfrentamiento como algunas defensas intentaron plantearlo”.

A juicio del profesional, esto “demuestra que el Poder Judicial chileno hoy tiene un récord impecable en materia de derechos humanos, si bien es cierto durante décadas estos casos no fueron investigados, o no fueron investigados seriamente, y menos fueron sancionados, estas sentencias demuestran que hoy día la justicia chilena está cumpliendo plenamente en materia de derecho internacional de los derechos humanos respecto de los crímenes de la dictadura”.

“Creemos que por fin se hizo justicia”, sentenció Colombara.

Para el hijo del exlíder del MIR, Marco Enríquez-Ominami, “son 47 años viviendo con la certeza de que lo que había ocurrido era terrorismo de Estado, era infame y éramos unos pocos que aquí sosteníamos que hubo utilización del Estado para matar ideas. Ahora Chile es un país un poco más justo. No alcanza para la alegría, pero alcanza para sentirse más en paz”. El excandidato presidencial sostuvo, además, que “siempre confié de que íbamos a ganar, porque era insostenible y no es un accidente que Krassnoff tenga más de 800 años de cárcel acumulada como condena”.

Finalmente, considera como “fundamental que el Estado asuma que tiene una responsabilidad, que eso tiene que repararse”.