La otra cara de la “regularización acotada”: migrantes regulares denuncian riesgos de expulsión por dificultades con la embajada de Venezuela en Chile

Corría 2017 y, ante la compleja situación sociopolítica de su país, Jhoismel Agüero decidió dejar Venezuela para viajar a Chile. El hombre, proveniente del estado de Apure -al sur de Venezuela-, ingresó al país de manera regular, como turista, para después solicitar su residencia temporal.

Una vez en Chile, Agüero rápidamente encontró trabajo como garzón en Providencia, labor que desarrolla hasta ahora. En estos ocho años desde su llegada, además, ha construido una familia que a la fecha ya es integrada por su pareja y dos hijos -de cinco y un año-.

Pero si bien algunas cosas han cambiado en la vida del ciudadano venezolano, las complicaciones con su situación migratoria no han tenido grandes variaciones. Lo anterior, porque tiempo después de arribar al país recibió una residencia temporal, un carnet de identidad para extranjero, para posteriormente comenzar a tramitar su residencia definitiva. Algo que aún no logra conseguir.

Entre los hechos que han incidido para que aún no pueda conseguir su residencia definitiva se encuentra el cierre del consulado venezolano en Chile tras las elecciones presidenciales en ese país, en julio pasado. La situación contrasta con el proceso que podría impulsar el gobierno chileno a través de una “regularización acotada” de migrantes que ingresaron de manera irregular al país, caso contrario al de Jhoismel.

El proceso para solicitar la residencia definitiva en Chile considera una serie de requisitos y documentos que deben ser entregados para que se analice el requerimiento. Ese es el proceso que Agüero comenzó a mediados de 2021, luego de un primer intento que quedó a medias por diversos factores, entre ellos regulatorios. Por ejemplo, recuerda que la primera vez que empezó los trámites para su residencia, la tramitación se hacía de forma presencial, lo que ahora es remoto y contempla -además- otros requisitos.

Uno de estos es el certificado de antecedes del país de origen, el que si bien -en el caso de Venezuela- puede ser solicitado de manera remota a través de internet en los servicios gubernamentales, este debe estar “legalizado y/o apostillado”, afirma la normativa chilena.

Dicha legalización, denuncia Agüero, es algo que intentó realizar en Chile, precisamente en la embajada venezolana, pero que no pudo concretar por el cierre de su consulado en el país. Aquello, dice el ciudadano venezolano, derivó en que presentara su solicitud con el documento tal cual lo entrega el sistema online de su país, lo que -a su juicio- habría provocado que recientemente esta semana recibiera un correo del Servicio de Migraciones rechazando su requerimiento.

Según la resolución, “la persona extranjera no adjunta el certificado de antecedentes de su país de origen vigente, debidamente legalizado y/o apostillado, requisito exigido para otorgar el permiso de residencia definitiva, siendo pertinente rechazar su solicitud en conformidad al artículo 88 N°1 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería”.

Pero no solo eso, la resolución del servicio migratorio, además de rechazar su solicitud, le dio 10 días a Jhoismel Agüero para que abandone el país, los que de no cumplirse arriesga ser expulsado. Si bien los especialistas en temas migratorios advierten que casos como este podrían deberse a fallas en la entrega o carga de los documentos, igualmente exponen que situaciones como estas están ocurriendo actualmente y que muchas veces terminan en la justicia.

Jhoismel Agüero afirma que desde que llegó al país hizo “todos los requisitos legales”, porque quería estar de “forma correcta”. Pese a que reconoce que pudo haber realizado el proceso antes de su solicitud del 2021, califica lo que le ha ocurrido como recibir “un balde de agua fría, porque de un momento a otro me puedo quedar en el limbo”, considerando que tiene su familia en Chile.

A lo que suma una reflexión: “Nosotros los extranjeros, en este caso yo que estoy trabajando, tratando de hacer mi vida fuera de mi país de origen, nos ponen como trabas para hacer las cosas bien, mientras que hay gente que también son extranjeros, que han delinquido y siguen en la calle como si nada. Entonces es una sensación incómoda, desagradable, porque uno está haciendo las cosas bien, pagando mis impuestos y te ponen trabas como estas”.

Más allá del caso puntual de Agüero, quien precisamente recurrirá a la justicia para poder enmendar su solicitud, los conocedores del proceso migratorio también advierten de una serie de tramitaciones que se han visto afectadas por lo ocurrido entre los dos países.

Patricia Rojas, presidenta de la Asociación Venezolana en Chile (Asoven), sostiene que, “como comunidad, el no contar con un consulado donde las personas puedan recurrir a resolver ciertos temas de documentación para sus procesos migratorios, ha significado un problema para la comunidad en general, inclusive para quienes hemos tenido hijos en Chile y hemos querido ir a Venezuela”.

“Efectivamente, los procesos de regulación de personas venezolanas en Chile se han visto retrasados, porque no tenemos la posibilidad de entregar a tiempo ciertos documentos. Y a pesar de que el Servicio de Migraciones ha ampliado algunos plazos, de todas maneras ha significado el retraso de las personas para tener sus residencias permanentes”, explica la presidenta de Asoven.

José María Hurtado, socio de Hurtado y Bonito Abogados, y especialista en derecho migratorio, advierte que no contar con un consulado venezolano en Chile “dificulta la obtención de documentos de identificación a los nacionales de Venezuela, como pasaportes y documentos de identificación”, lo que acarrea múltiples problemas para las personas migrantes en Chile, ya que esta documentación “es requerida por la autoridad chilena para otorgar distintos visados, teniendo distintos espacios de acción”.

En otro escenario, si bien Hurtado explica que este escenario diplomático no afecta la tramitación de certificados de antecedentes que se obtiene online, sí advierte las dificultades que presenta, pues “el servicio es intermitente y la dictadura cada tanto restringe la emisión de los mismos, lo que dificulta su obtención y fomenta la corrupción”.

El abogado especialista en derecho migratorio también explica que la falta de consulado chileno en Venezuela también “impide la firma de los contratos de trabajo ante el consulado, que sirven de fundamento a las residencias por contrato laboral”. Por lo mismo, Hurtado plantea que debiesen fijarse una serie de cambios, como -por ejemplo- en el caso de los certificados de antecedentes, dar más tiempo a las rectificaciones en caso de que estos presenten alguna dificultad, como sería el caso de Jhoismel Agüero.