La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, participó la tarde de este lunes de la sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado que analizó el proyecto de ley que modifica y fortalece la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación y que se conoce como “Ley Zamudio”.

Durante el análisis, Recabarren solicitó una modificación del texto que califica de “discriminación arbitraria todo acto, práctica, tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, o de cualquier otra naturaleza, que tenga como objetivo modificar la orientación sexual o la identidad y expresión de género de una persona”.

“Entiendo que está refiriéndose a la prohibición de las terapias de conversión”, comentó en la sesión la subsecretaria, recordando que Chile “siempre ha señalado como Estado que se opone”, a tales procedimientos.

“Sin embargo en la forma en que está redactado aquí, está en términos absolutos y podría incluso aplicarse a casos donde pudiera existir la anuencia de la persona que se vaya a tratar y ahí tendríamos un problema porque iríamos en contra o podríamos ir en contra de la voluntad de una persona y por lo tanto, a priori, teniendo presente la convicción de la prohibición de las terapias de conversión, en el sentido de obligar, verdad, o que se considere o se apoyen, promuevan, terapias que obliguen a las personas a intentar cambiar la convicción interna que tienen, por ejemplo respecto de su identidad o expresión de género o de su orientación sexual, es decir: teniendo clarísimo eso, en la forma en que está redactado esto podría ocurrir que una persona sí quisiera, o estuviera disponible, tuviera la voluntad de hacerlo, y estaríamos per se, señalando a priori, que este tipo de actos serían discriminatorios y por lo tanto en ese sentido me parece que no está adecuadamente redactada la indicación", expuso.

Frente a ello, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) calificó de “abominable y totalmente contraria a la dignidad humana” la exposición de la funcionaria de Gobierno.

“Que Recabarren valide la existencia de estas terapias si es que una persona quiere someterse a las mismas, como lo señaló hoy en el Senado, refleja una abierta violación a los derechos, un desconocimiento total de la dignidad humana. Por esto, exigimos su renuncia. Debe renunciar, si está posibilitando o pretendiendo que una persona se someta a torturas porque esa es su voluntad”, dijo el vocero del Movilh, Oscar Rementería.

Por su parte, Constanza Valdés, codirectora de Abofem y abogada de la Agrupación LésBIca Rompiendo el Silencio, sostuvo que “no existe el consentimiento en las terapias de conversión, de basan en la culpa y en el dolor de las personas que sufren por la discriminación y exclusión que sufren. Un mínimo de conocimiento por parte de las autoridades”.

Desde Fundación Iguales, en tanto, indicaron que las “terapias” correctivas “equivalen a actos de tortura y son una de las formas más atroces de materializar el odio y la discriminación contra las comunidades LGBTIQ+”.

Tras los cuestionamientos, la subsecretaria se refirió al tema en Twitter.

“Reitero mi más profundo rechazo a las terapias de conversión, las que considero tratamientos denigrantes”, señaló.

“En tramitación del proyecto sugerí mejorar redacción de una indicación determinada, hubo acuerdo de la Comisión en elaborar nueva propuesta, y quedó pendiente de votación. Nunca he dicho que las terapias de conversión puedan ser voluntarias”, aseguró Recabarren.