La postura del INDH por pensiones de gracia: desde la acreditación de las primeras víctimas al duro informe de Contraloría

El otorgamiento de las cuestionadas pensiones de gracia en el marco del estallido social sumó un nuevo capítulo este jueves. Esto, luego que la Contraloría General de la República emitió un informe respecto al proceso de selección, entrega y pago del beneficio, destacando una serie de falencias en ese trámite, a cargo del Departamento de Acción Social (DAS) de la Subsecretaría del Interior durante el año 2022.

El objetivo de la auditoría era verificar si la entrega de esos beneficios “se ajustan a la normativa que los rige y si cuentan con la documentación de respaldo correspondiente”, además de “validar el proceso de acreditación llevado a cabo por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de la calidad de víctima de violaciones de derechos humanos y menoscabo laboral, de quienes solicitaron dicha pensión de gracia”.

El informe concluye, entre otros puntos, que 58 de las 419 personas beneficiadas con una pensión tiene condenas, incluidos delitos violentos: “En efecto, se tuvo a la vista (para el otorgamiento) antecedentes que dan cuenta de beneficiarios que tienen más de 10 condenas, por diversos tipos penales, entre los cuales se advierten delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros”.

En el informe se expone que 19 expedientes de los beneficiados, remitidos por el INDH, no presentaban antecedentes médicos “o bien, los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019″. Y que 10 de los 144 casos revisados tampoco presentaban antecedentes médicos o respaldos que acreditaran el relato del postulante, algo que daría cuenta -señalaron- de que el organismo “no realizó indagaciones adicionales a los documentos entregados inicialmente por la víctima, para verificar los hechos relatados”.

Por otro lado, en el documento se señala respecto al apartado “Flujo Postulación Pensión de Gracia INDH 2022″, que contiene la categorización de las lesiones que los postulantes afirman que sufrieron, “no se encontraba aprobado formalmente, ni da cuenta, además, de la decisión de la autoridad de establecer un incremento de pensiones otorgadas con anterioridad a dicha definición”.

Tras los cuestionamientos al proceso de selección, entrega y pago de las pensiones de gracia, acá se reúnen algunos momentos que resumen la postura del Instituto Nacional de Derechos Humanos desde la acreditación de las primeras víctimas al duro informe de Contraloría.

La primera acreditación de víctimas de violación a los derechos humanos en el marco del estallido social se hizo pública el 1 de octubre de 2021. En la ceremonia, el entonces director del INDH, Sergio Micco, dijo que “con esta acreditación, este debate de si hay víctimas de violaciones a los derechos humanos, que algunos órganos del Estado aún plantean, se acabó”.

En la ocasión además recordó que el instituto no fue informado ni consultado cuando los poderes colegisladores decidieron, en diciembre de 2020, instaurar mediante la ley de Presupuesto 2021 un beneficio establecido como pensión en la Glosa 12. “Si nos hubiesen informado y consultado hubiéramos dicho que no”, afirmó, porque las víctimas de violaciones de los derechos humanos “merecen una reparación integral, como acreedores de un derecho que el Estado de Chile no reconoce hasta el día de hoy”, consigna el sitio del INDH.

A mediados del mismo mes, en entrevista con La Tercera, el máximo representante del INDH en ese momento se refirió a dos cambios que efectuó la administración de Sebastián Piñera al Proyecto de Ley de Presupuestos 2022, en que los eventuales beneficiarios de las pensiones de gracia producto de los abusos por parte de agentes del Estado pasó de rotularse “víctimas de violaciones a los Derechos Humanos” a “personas afectadas en el contexto de las manifestaciones”.

“Es gravísimo el cambio porque ya no se habla de acreditar violaciones a los derechos humanos, es decir, se persiste en la idea de que es necesario que los tribunales de justicia resuelvan si hubo o no, lo que es un profundo error. La glosa del año pasado ya daba por hecho que había violaciones a los derechos humanos y que quien acreditaba era el instituto. Hoy, desde esa perspectiva, claramente hemos retrocedido”, dijo.

Y apuntó que “tal cual está redactada hoy la glosa, cualquier persona podría acceder al beneficio sin que se le hayan necesariamente violado sus derechos humanos. Una política de reparación integral lo primero que exige a un Estado es que reconozca que agentes estatales violaron los derechos humanos”.

A fines de enero de 2022, el gobierno del expresidente Piñera informó del beneficio en 49 casos de víctimas en el marco de la crisis social iniciada el 18 de octubre de 2019, lo que fue calificado como insuficiente por Micco en esa ocasión. Y además hizo un llamado al en ese entonces Mandatario electo, Gabriel Boric, para mejorar dicha política.

“El gobierno acaba de conceder 49 pensiones de gracia a víctimas de violaciones a los derechos humanos que sufrieron un menoscabo laboral permanente y que fueron acreditadas por el instituto. Se trata solo de 49 casos de los 145 que el instituto (INDH) informó al gobierno antes del 31 de diciembre del 2021. Es una política completamente insuficiente. No hay reparación integral hasta el día de hoy en Chile. Por eso, como director, llamo a las futuras autoridades de gobierno y del Congreso Nacional a que definan y apliquen con la mayor urgencia una política de reparación integral”, recalcó el otrora director del organismo.

En ese sentido, expresó, “la única compensación que existe hasta el día de hoy es la que contempla la Ley de Presupuesto 2021 y la Ley de Presupuesto 2022. Allí se plantea que el INDH debe acreditar como víctimas de violaciones a los derechos humanos a las personas que hayan sufrido un menoscabo laboral permanente producto de los hechos acaecidos durante la crisis social. Con esta acreditación, estas personas pueden solicitar a una pensión de gracia a la Presidencia de la República. Un beneficio que dista mucho del daño provocado a las personas a las que se les vulneraron sus derechos”.

En tanto, en junio del 2022, ya en la administración Boric, Micco envió un oficio a la ministra del Interior, Izkia Siches, solicitando información respecto del cumplimiento e implementación de la glosa presupuestaria y la pertinencia de algunos decretos que igualmente estarían regulando la materia. ”Resulta preocupante que durante el período que le corresponde al actual gobierno, el INDH ha remitido una serie de expedientes con solicitudes de pensiones de gracia de víctimas de violaciones a los derechos humanos (...), que a la fecha no tienen respuesta”, expresó el organismo en un comunicado.

Además, en ese oficio el INDH planteó dudas acerca de la compatibilidad de las pensiones con otros beneficios estatales, especialmente de invalidez e indemnizaciones civiles que puedan decretar los tribunales. Para ello, el documento remarcó la necesidad del establecimiento de una comisión calificadora de víctimas, “que debería constituirse luego de haber escuchado a la sociedad civil, a las propias víctimas y a los organismos nacionales de derechos humanos, como el INDH”. En ese momento existían 206 casos acreditados por el instituto a la espera de una resolución.

Por su parte, la actual directora del organismo, Consuelo Contreras, como invitada a la Comisión Investigadora por pensiones de gracia de la Cámara de Diputados, planteó el 24 de agosto de 2023: “En el Consejo nos enteramos de que existía esta glosa presupuestaria que involucraba al Instituto en la acreditación de víctimas de violación a derechos humanos”

“Hubo un largo debate de varias sesiones en el Consejo del Instituto, porque se nos impuso, a través de una glosa presupuestaria, llevar a cabo una actividad que no está en el mandato del Instituto. La verdad es que tengo la convicción de que tampoco el Instituto cuenta con los mecanismos adecuados para realizar una acción de este tipo”, agregó en la oportunidad.

Contreras además afirmó que “desde que asumí el cargo en julio de 2022, fuimos muy claros en señalar que el Instituto no contaba con las características de una comisión acreditadora y que si se requería acreditar víctimas de violaciones a los derechos humanos había que conformar una comisión”.

También sostuvo que el INDH “no tiene ninguna posibilidad de acreditar la situación médica (de los eventuales beneficiarios). La ley de pensiones de gracia es clara en señalar que la situación de menoscabo médico se debe acreditar en el centro de salud más cercano al peticionario”.

En tanto, este jueves, en respuesta al informe que Contraloría remitió a la Cámara de Diputados y Diputadas que da cuenta de una serie de irregularidades en el otorgamiento de pensiones de gracia, el organismo señaló en un comunicado que “no hubo encargo para el INDH en cuanto a la magnitud de las lesiones y su relación causal con el menoscabo laboral de tales víctimas”, en referencia a los beneficiados.

Por otro lado, descartaron tener algún tipo de participación en la entrega del beneficio, afirmando que “el otorgamiento de la pensión de gracia, contenido en las glosas de las mencionadas leyes de Presupuesto, estaba radicado en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, acción que ejecutó a través del Departamento de Acción Social y la comisión especial asesor”. En esta línea, añadieron que “el INDH nunca intervino en este proceso y su actuación se restringió a acreditar la calidad de víctimas de las personas afectadas y que lo requirieran”.