Este año, más de 27 mil alumnos de las universidades del Consejo de Rectores (Cruch) perdieron la gratuidad, por atrasarse en sus carreras más allá de la duración formal de estas. Y según la ley, en esos casos, los estudios faltantes deben ser financiados por las instituciones y los jóvenes en partes iguales. Pero esto genera un problema para los planteles, porque les abre una brecha financiera.

Ante este panorama, que podría ser insostenible en los próximos años, el Cruch está buscando una solución. Y ya hay una idea sobre la mesa, que es de los rectores Carlos Peña (U. Diego Portales) y Carlos Saavedra (U. de Concepción), pero que podría ser polémica, pues se aleja de la postura que levantan los otros planteles.

La propuesta de ambos académicos, a la que accedió La Tercera, plantea que se debe reconocer que el desempeño de un alumno no depende solo de su esfuerzo, sino que también su vulnerabilidad, su ubicación sociodemográfica y el grado de selectividad de la casa de estudios a la que ingresó.

¿Qué hacer en esos casos? Peña y Saavedra proponen calcular la duración real de las carreras universitarias en Chile -que en promedio es 30% más que la duración nominal, o tres semestres más de lo que debieran durar- y compararla con la duración real de los programas en el mundo. Al menos en la Ocde, la sobreduración es similar a la chilena.

Entonces, dicen los rectores, la gratuidad debiera financiar "un porcentaje de tiempo adicional a la duración nominal, equivalente al porcentaje comparado internacional", ya que ese nivel de retraso es algo natural en todos los sistemas de educación superior.

Quiebre en el Cruch

Hasta ahí, la idea es similar a las de otros rectores. Pero aquí viene la diferencia: Saavedra y Peña creen que lo que resta entre la cobertura ideal de la gratuidad y lo que en promedio duran las carreras debe ser financiado "por las instituciones en porcentajes que dependan de parámetros de selectividad, vulnerabilidad y regionalización".

Y si el alumno no egresa de su carrera antes de lo que dura internacionalmente, ni antes de lo que dura en promedio en Chile, recién ahí tendría que costear sus estudios mediante los créditos del Mineduc.

En resumen, los rectores proponen extender la gratuidad hasta el promedio internacional de duración de las carreras; que la diferencia entre ese límite y el promedio de duración de las carreras en Chile sea solventada por las universidades, pero de forma diferenciada, y que los retrasos posteriores sean pagados por las familias.

La propuesta es novedosa, porque plantea un nuevo esquema de financiamiento, pero también porque genera un quiebre dentro del Cruch, que ha abogado para que el Estado amplíe la duración de la gratuidad a un sexto año de las carreras, pero a todas las instituciones por igual, sin hacer diferencias entre los planteles.

Con la idea de Peña y Saavedra, en cambio, un plantel como la U. Católica tendría que financiar más el retraso de sus alumnos que la U. de Magallanes, pues tiene estudiantes con mejor formación escolar, con mejor nivel socioeconómico y es más selectiva.

Y el diseño también puede abrir un debate interno en el Cruch, porque esta idea ya está en conocimiento de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien tiene la última palabra para solucionar el drama.