La ex integrante del Consejo de Defensa del Estado (CDE) María Inés Horvitz y el abogado Mauricio Daza presentaron una querella en contra del exfiscal Regional Oriente Manuel Guerra, por los delitos de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa, tras conocerse una serie de conversaciones de WhatsApp entre el otrora persecutor y el abogado Luis Hermosilla -imputado por delitos de corrupción-, donde se revela que ambos se habrían coordinado para darle una salida judicial al Caso Penta.
Las conversaciones, que se habrían registrado entre 2016 y 2023, fueron dadas a conocer por The Clinic, en el marco de la investigación que lleva el fiscal Mario Carrera en la causa contra Guerra, en una arista derivada del caso Audio.
En esos chats Guerra habría ido revelando una serie de antecedentes de causas al influyente jurista, quien fuera asesor del Ministerio del Interior y cercano al exministro Andrés Chadwick.
De acuerdo a dos publicaciones de The Clinic, por ejemplo, Guerra mantuvo conversaciones con Hermosilla en momentos en que estaba dirigiendo el caso Penta, el cual cerró el propio expersecutor en 2017. En esa causa Guerra ofreció un procedimiento abreviado a los dos controladores del Grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, concretando una salida judicial al caso.
En ese mismo caso, en una conversación de 2018, Guerra le comentó a Hermosilla que entraría “en una pelea muy dura con el Consejo de Defensa del Estado por Penta”, en la cual la Fiscalía Nacional “lo dejaría pelear solo”. Por ese entonces Guerra recalificó los delitos y excluyó los delitos de soborno y cohecho contra Délano, Lavín y el exsubsecretario de Minería Pablo Wagner, respectivamente. Con ello el CDE quedó fuera de la causa.
La querella
Con estos antecedentes, María Inés Horvitz y Mauricio Daza -quien fuera querellante del caso Cascadas, donde Guerra también era el persecutor- presentaron la querella contra el exfiscal, en la cual también se acusa a Luis Hermosilla por el delito de soborno y “cualquier otro que se establezca durante la investigación”.
Sobre la recalificación de los delitos en el caso Penta, la querella destaca que, en los casos de Délano y Lavín”, “aunque Guerra suprimió los cargos de cohecho y soborno, no excluyó de su acusación los antecedentes que sustentaban dichas imputaciones, lo que deja en evidencia que la reformalización no se ejecutó por considerarlos insuficientes -que de haber actuado correctamente lo hubiera conducido a comunicar la decisión de no perseverar a su respecto-, sino que únicamente con el propósito de excluir del procedimiento a los querellantes que participábamos en él por los delitos contra la probidad”.
Agregan que “con relación a Wagner, si bien pudimos acusarlo particularmente por delitos reiterados de cohecho, se levantó la incidencia de que no podíamos hacerlo por impedirlo la reformalización realizada por Guerra, argumento que confirmó el tribunal, absolviendo a Wagner por estos hechos”.
Al respecto, Horvitz y Daza afirman que el exfiscal “Guerra eliminó hechos de la formalización sin que existiera ningún nuevo antecedente que lo justificara, con el fin de asegurar la impunidad de los reformalizados respecto de los delitos de cohecho y soborno. En este sentido, el querellado Guerra dejó de actuar como fiscal del Ministerio Publico y pasó a actuar como abogado defensor de los imputados”.
Sospechas confirmadas
En la querella encabezada por María Inés Horvitz se destaca, por estos motivos, que “las graves irregularidades ejecutadas por Guerra en esta audiencia en beneficio de los imputados resultaban tan evidentes y abusivas, que nos llevaron a concluir que la hipótesis más consistente para explicarlas era que hubo algún tipo de acuerdo ilícito de por medio, incluyendo algún beneficio indebido”.
Agregan que “esta hipótesis se puede ratificar hoy a partir de los antecedentes que han sido revelados durante el transcurso de este año. En efecto, la verdadera razón de la actuación de Guerra en esa audiencia se encontraría en los acuerdos informales alcanzados con Hermosilla y con Andrés Chadwick de “darle una salida a este caso” y a otros vinculados con personeros de la UDI, a cambio de futuros favores. El descubrimiento de los intercambios de mensajería entre Hermosilla y Guerra a propósito del “caso Audio” dejan en claro que éste, en el ejercicio de su cargo y en causas que él dirigía en forma exclusiva tras la salida de los fiscales Gajardo y Norambuena (“las causas VIP ya se las quité y están en mi poder”) compartió información reservada con el primero con el fin terminar este y otros casos que involucraban al expresidente Sebastián Piñera y el entorno político de Chadwick y de la UDI con el fin, luego, de recibir favores de parte Hermosilla y Chadwick”.
El texto agrega que “es así como los chats revelados públicamente entre ambos dan cuenta de una relación que, al menos, existió desde mayo de 2016 hasta noviembre de 2023, esto es, hasta que se destapa el “caso Hermosilla”. Asimismo, están las huellas de que hubo al menos una coordinación entre el entonces fiscal Guerra y Andrés Chadwick para cerrar las indagatorias sobre el financiamiento ilegal de Penta a dirigentes políticos”.
Acceso a cuentas de WhatsApp y bancarias
En el escrito, además de solicitar al Ministerio Público citar a declarar en calidad de imputados al exfiscal Manuel Guerra y al abogado Luis Hermosilla, se pide la comparecencia en calidad de testigo, entre otros a Andrés Chadwick “a fin que declare sobre todo lo que sepa en relación a los hechos objeto de la presente querella, y en especial su vínculo con Manuel Guerra Fuenzalida, las comunicaciones entre ambos, fechas y contenido de las mismas, las pagos o gestiones solicitadas y/o realizadas en favor del imputado Guerra o un tercero a su requerimiento, sus comunicaciones y reuniones con Luis Hermosilla Osorio y en las que se haya hecho referencia a causas seguidas ante el Ministerio Publico y/o en las que se haya hecho referencia a Manuel Guerra Fuenzalida”.
Asimismo, se solicita el acceso a las cuentas de Whatsapp, Telegram, y cualquier otra aplicación de mensajería, como asimismo las cuentas de correos electrónicos, de Manuel Guerra, Luis Hermosilla y Andrés Chadwick correspondientes al periodo 2016 a 2024.
“Lo anterior a fin de remitir al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile dicha información a fin de establecer la existencia de solicitudes de gestiones, beneficios o pagos entre las personas señaladas. En caso de negarse a la facilitación voluntaria de dicha información, solicito desde ya que sea requerida judicialmente a fin de que se pueda efectuar un análisis por la Policía de Investigaciones de Chile en relación a los correos electrónicos ya señalados”, indica la querella.
También se pide al Ministerio Público que se requiera al exfiscal Guerra, a Luis Hermosilla y a Andrés Chadwick el acceso a sus cuentas corrientes entre los años 2016 a 2024, además de oficiar a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) “para que informe las cuentas corrientes vigentes de las personas señaladas durante el periodo señalado”. Agregan que en caso de que no se otorgue acceso voluntario a las cuentas, se exijan mediante procedimiento judicial.
Finalmente se pide despachar una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, con la finalidad de haga un análisis sobre los movimientos de dinero entre Guerra, Hermosilla y Chadwick, “con señalamiento de origen y destino final”.