"A Caval le pagaron más de $1.000 millones y ese dinero no está… no está", aseveró el 23 de junio de 2017, en una audiencia del caso Caval, la fiscal Marcia Allendes.
La frase no fue sólo una queja al azar: desde hace meses el Ministerio Público de Rancagua se trazó como objetivo prioritario dar con el paradero que podrían haber tenido los recursos que recibió la empresa de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon Soto, y Mauricio Valero Illanes, principalmente a través de los negocios realizados con el empresario Gonzalo Vial Concha, quien los acusa de estafa tras haber pagado $1.200 millones por estudios de minería que, en su mayoría, fueron plagiados de internet. Es por esta última arista por la que será formalizado el 28 de marzo Sebastián Dávalos Bachelet, hijo de la mandataria.
A la revisión de información bancaria de los involucrados en la indagatoria –Compagnon Soto, Valero Illanes y Dávalos Bachelet, entre otros-, el fiscal regional Emiliano Arias, sumó ahora nuevas diligencias, una de las cuales trasciende las fronteras de nuestro país.
Ello ya que, según pudo constatar La Tercera PM, Arias instruyó a mediados de noviembre a la jefatura del OS9 de Carabineros a realizar reuniones de coordinación con autoridades argentinas para obtener datos que podrían ser clave para la investigación. El persecutor busca dar con eventuales empresas fantasmas creadas fuera de Chile donde podrían haber ido a parar los dineros de Caval que, como adujo Allendes, no están en los productos financieros revisados.
Además, a través del oficio 4/2018 dirigido a la Dirección Nacional de Aduanas requirió que se informara si existe alguna declaración de entrada o salida de dinero en efectivo por montos iguales o superiores a 10 mil dólares por parte de Compagnon Soto, Dávalos Bachelet, Valero Illanes y Sol Herreros Wandel, quien ejercía la gerencia de proyectos en Caval.
Las gestiones van en línea con el informe pericial de análisis contable 1/2018 del OS9 de Carabineros que, tras revisar la información disponible de Caval, concluye que "es imposible pronunciarse en relación al gasto real bajo el concepto de sueldos o remuneraciones de la Sociedad Exportadora y de Gestión Caval Limitada, ya que la información contenida en los Estados Financieros de la Empresa, cotejado con lo declarado bajo la declaración Anual de renta y liquidaciones de remuneraciones, son todas cifras no concordantes unas con otras. Por lo tanto, esta perito contador no se manifiesta en cuanto a las cifras reales pagadas bajo este concepto".
No es la única herramienta del Ministerio Público para sostener que no se tiene certeza contable sobre Caval y los recursos que generó.
En la indagatoria hay testimonios que dan cuenta de que Compagnon manejaba grandes sumas en efectivo, cuyo origen no se conoce. Así lo declaró, por ejemplo, el contador y gerente de Caval, Marcelo Carreño Salgado. "Un día llegó con $ 100 millones en efectivo. El 12 de agosto de 2014. No sé con quién se consiguió esa plata", adujo en Fiscalía.
En este mismo sentido, en su última declaración del 28 de diciembre de 2017, Vial Concha también alude a este tipo de transacciones y entrega antecedentes inéditos respecto del rol de Compagnon Soto en la crisis del año 2012 por la planta faenadora de cerdos de Freirina.
Anteriormente, el empresario había declarado en el Servicio de Impuestos Internos a raíz de los cuestionados negocios de Lo Beltrán -la sociedad de Patricio Cordero- con Caval para Freirina. Ahí, sostuvo que "Caval no prestó servicios a ninguna de las empresas del grupo nuestro, asociados a Freirina (…) A su consulta respecto de si Caval prestó algún servicio relacionado a este conflicto, debo señalar que no".
Sin embargo, ahora precisó que Compagnon, a título personal, habría cobrado $400 millones en efectivo para, entre otras cosas, monitorear un plebiscito en la comunidad sobre el tema, y habría recibido en paralelo $70 millones de un préstamo personal del empresario que nunca devolvió.
Consultado por el tema, desde la defensa de Vial, encabezada por el abogado Luis Hermosilla, aclaran que "cuando Gonzalo Vial declaró en el SII, lo interrogaron para determinar si las facturas de Caval no estaban destinadas a pagar, en realidad, otras cosas como las gestiones relacionadas con Freirina. Fue interrogado en su calidad de representante legal de Graneles. Lo de Freirina se pagó con plata de Agrosuper y luego hay dinero que Gonzalo Vial entregó en efectivo y que no son parte de nuestra querella, respecto de las cuales no hay facturas a Graneles y eso es, precisamente, lo que Gonzalo Vial le señaló al fiscal, que aparte de los $1200 millones facturados que Graneles le pago a CAVAL ( objeto de la querella) le pasó a Compagnon otra cantidad en efectivo, no hay contradicción".
En cualquier caso, las imputaciones fueron rechazadas por Compagnon. La cientista política declaró el 16 de enero en el Ministerio Público que "Gonzalo Vial no me entregó dinero en efectivo. Los pagos que recibí por Caval los recibimos en cheques, creo que también hubo un vale vista. Pero siempre fue previa facturación, entrega de informes y de acuerdo al contrato".
Y añadió que "respecto de las imputaciones de Gonzalo Vial puedo señalar que lo ha hecho para tapar algunos problemas de negocios que tiene en otras áreas y desviar el foco de atención hacia nosotros, como por ejemplo Freirina y el hackeo a las empresas y holding del padre que Gonzalo Vial Concha encargó a Victorino Arrepol, y por lo cual tiene una demanda por cobro de honorarios en el 3° Juzgado Civil de Concepción".
Su abogado, Antonio Garafulic, añade que "no es efectivo que Natalia haya recibido dinero en efectivo. Vial Concha no mide el tenor de sus declaraciones porque estaría reconociendo con sus dichos un delito tributario, pero además ello no es cierto. Sólo hubo pagos a Caval por servicios efectivamente prestados".
La versión de Vial Concha es otra.
Freirina
"Natalia me propuso organizar un plebiscito para que la comunidad evaluara si continuaba o no Freirina, lo que también me propuso Luis Álvarez, quien trabaja hasta el día de hoy conmigo. Natalia también quiso trabajar en esto y se ofreció en el área comunicacional y social, no fue específica. Ella me informaba avances con sectores de la comunidad y me contó que el informe del plebiscito salió bueno, pero no me entregaba informes ni respaldos, tampoco mencionó que trabajara en esto con otras personas", apuntó Vial Concha respecto de un trabajo del que hasta ahora sólo se conocían referencias porque en esta labor participaron Patricio Cordero y Juan Díaz, ambos formalizados por su rol en la compra y venta de 44 hectáreas en Machalí.
En 2012, el negocio de Agrosuper en Freirina estaba en serios problemas por las protestas de la comunidad frente al mal olor que generaba y las exigencias ambientales que imponía la autoridad ambiental. Finalmente, la planta fue cerrada. Pero en la época, Compagnon habría asegurado a Vial que podía arreglar el asunto:"Sí, le entregué dinero en efectivo a Natalia que ella me dijo que se necesitaba para poder arreglar el tema que Agrosuper tenía en Freirina. Esto fue el año 2012 que le entregué dinero mío a Natalia Compagnon que me ofreció ayuda con los problemas de Agrosuper en Freirina, eso no se facturó, porque no eran temas de mi empresa. Además, una vez Natalia Compagnon me pidió dinero para unos impuestos, se mostró muy afligida, si no me equivoco me pidió unos $70 millones de pesos en efectivo que no me devolvió", acusa el empresario.
Sobre el objetivo de los fondos, Vial Concha afirma que Compagnon le dijo "que lo iba a ocupar en generar un ambiente propicio a la planta. Fueron como $400 millones de pesos aproximadamente. Ese dinero se lo entregué en parcialidades aproximadamente de 150 millones de pesos. También le presté $70 millones de pesos aproximadamente que me pidió como un préstamo personal pues necesitaba pagar impuestos. Estos dineros prestados salieron de mi cuenta personal, cuyos ingresos están justificados en los dividendos que recibí de Agrosuper".
Vial Concha detalla que "cuando yo entregué estos 400 millones estaba complicado por este tema del sabotaje informático, y por la clase de asesoría era más difícil de controlar sus avances".
Más efectivo
El mismo año en que Vial Concha refiere que le entregó recursos a Compagnon Soto, la profesional se instaló con un nuevo negocio: Inmobiliaria e Inversiones San Lucas S.A. La compañía fue creada el 24 de agosto de 2012 e inició actividades en el servicio de Impuestos Internos el 6 de septiembre de ese año. Una semana después, según consta en un contrato de compraventa, adquirió a través de esta sociedad un departamento con bodega y estacionamiento en el Edificio Crucero del Condominio San Alfonso del Mar en Algarrobo, en la suma total de $135.392.940, equivalentes a 6 mil UF de esa fecha. La operación se pagó al contado y en efectivo.
El 5 de enero de 2017, Compagnon vendió la propiedad en $91.300.000, $44 millones menos que el precio original.
El representante de Inmobiliaria e Inversiones San Lucas S.A. en esta transacción fue Carlos Barría Saravia, investigado a inicios del 2000 en el marco de un fraude a Dipreca.