La contralora Dorothy Pérez lleva tres meses trabajando en conjunto con una comisión asesora para potenciar el control, la probidad y la transparencia. Cuando Pérez fue confirmada por el Senado para liderar la Contraloría durante los próximos ocho años, llegó al convencimiento de que parte de su legado tenía que ser dejar instalado un sistema nacional de control que se traduzca en una red fuerte, robusta y efectiva.

La líder del órgano contralor tiene en su horizonte un sistema que pueda funcionar de manera orgánica y colaborativa con la misión de que en el Estado exista mayor cumplimiento de todo tipo de normas. Esto, según ha dicho Pérez, para “erradicar la sensación que se ha ido produciendo en los últimos años de cierta anomia”.

Para ir dibujando ese camino, hace más de tres meses que la contralora dio un paso decisivo. Fue el 23 de diciembre que Pérez firmó la Resolución Exenta N° 2469 que dio vida a la comisión.

De manera similar a sus antecesores -como lo hicieron los excontralores Ramiro Mendoza y Jorge Bermúdez- la mandamás del ente contralor convocó a una comisión asesora de cinco personas. Pérez quiso que la comisión fuera integrada por especialistas en asuntos de la Contraloría, pero a diferencia de los excontralores determinó que fueran profesionales externos al organismo.

Así fue como contactó al exministro José Antonio Gómez quien a su vez ejerce como presidente de la comisión. El exradical tiene un largo historial trabajando en el Estado. Fue senador, ministro de Justicia y de Defensa.

A Gómez se suma otra abogada que en los últimos años pasó de una alta exposición pública -casi fue nombrada fiscal nacional- a sumergirse como la nueva fiscal del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi). Se trata de Marta Herrera, la exjefa de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional durante la era del exfiscal nacional Jorge Abbott.

La incorporación de Herrera es estratégica para la comisión. Si bien su especialidad es el derecho penal, su paso por la unidad especializada de la Fiscalía Nacional le permitió identificar los problemas que existen en el Estado en cuanto a la coordinación de las instituciones. Más aún cuando Herrera, en la práctica, asesoraba a todas las fiscalías regionales para combatir delitos de corrupción, lo cual muchas veces implicó integrar fuerzas de tareas donde además de estar las policías también había presencia de funcionarios de Contraloría.

La comisión también es integrada por abogados que han dedicado su carrera al derecho administrativo. Uno de ellos es el académico de Derecho de la Universidad Católica José Luis Lara. El abogado, quien además es socio de PPU Legal, también trabajó durante dos años como asesor del expresidente Sebastián Piñera en materias de derecho público.

La instancia no solo la componen abogados. La idea de Pérez era diversificar las miradas y para eso llamó a rostros vinculados a otros mundos. Una de ellas es Tamara Agnic. La ingeniera comercial fue la expresidenta de Chile Transparente, también es directora de BancoEstado y en su pasado fue superintententa de Pensiones, exasesora de la Subsecretaría de Hacienda y también tuvo un paso por la dirección de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

El quinto integrante es el administrador público y actual director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa. Si bien el diseño original era que el quinto cupo fuera para la economista Jeannette von Wolfersdorff, finalmente a la comisión llegó Figueroa quien lleva un largo historial trabajando en instancias vinculadas a transparencia y gobierno abierto.

Pese a que este consejo ha pasado desapercibido, fue Pérez quien lo dio a conocer hace tres meses en un simposio que organizó sobre la ley de delitos económicos y ambientales. Ese fue el evento que escogió para comentar con los asistentes la misión que le encargó a la comisión.

“La Contraloría, durante la gestión de varios contralores en el pasado, ha conformado equipos que la han ayudado a ver más allá de lo evidente. La Contraloría tiene casi 100 años de experiencia en el control, pero es un control que nosotros sabemos realizar desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista financiero contable. Sin embargo hay ocasiones en que buenas ideas pueden venir desde el mundo de la academia”, dijo Pérez en diciembre.

En esa misma línea, la contralora explicó el criterio que tuvo para convocar a los especialistas: “Son personas que además de hacer clases sobre la materia, han trabajado en la vida real y concreta, con experiencia práctica en cada uno de los ámbitos de su trabajo, pero con conexiones clave con el mundo del control, de las compras, en el ámbito penal, en el compliance. Este equipo de expertos y expertas trabajará ad honorem y en un plazo de tres meses nos va a hacer un levantamiento, nos va a dar una mirada externa”.

Ese informe será público y contendrá las propuestas de la comisión. Una vez que sea entregado, la instancia quedará disuelta. La instancia ha sesionado regularmente durante estos tres meses, en las oficinas de la Contraloría y su trabajo puede ser prorrogado por un máximo de 30 días corridos.