En el verano de este año el fiscal jefe de Alta Complejidad de O’Higgins, Javier von Bischoffshausen, recibió una buena noticia. Era finales de febrero y la magistrada del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Cecilia Villanueva, dio luz verde a la solicitud para incautar documentos de la Comisión de Ética de la Corte Suprema.

Con la venia del tribunal, Von Bischoffshausen supo que estaba a solo un paso de sumergirse en un complejo terreno que implicaba irse en contra de la cúspide del Poder Judicial e incluso pagar importantes costos personales para su carrera en la Fiscalía. La autorización que recibió del tribunal traía pistas de lo delicado que era el asunto. La jueza exigió que la incautación la realizara el mismo fiscal de manera presencial en el máximo tribunal. Esa fue la señal más evidente de que la diligencia era sensible y podía crispar los ánimos entre ambas instituciones.

El interés del fiscal es seguir la pista del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa. La relevancia del magistrado -quien está con licencia médica y no ha vuelto a pisar el Palacio de Tribunales- radica en que Von Bischoffshausen analizó los chats que mantuvo con el abogado Luis Hermosilla y tiene sospechas de posibles irregularidades en una serie de designaciones judiciales.

La pista de Ulloa llevó al persecutor directamente hasta la Comisión de Ética. Esta instancia no ha abierto un cuaderno para el ministro, pero según el Ministerio Público, a propósito de las otras indagatorias -como las de los supremos Mario Carroza, María Teresa Letelier, Jean Pierre Matus y los exministros Sergio Muñoz y Ángela Vivanco- habría antecedentes de utilidad para su investigación.

Pese a que Von Bischoffshausen ofició adjuntando la orden judicial, el 24 de febrero el pleno no entregó el material que se quería incautar. “Teniendo en consideración que los antecedentes a que se hace alusión son de carácter reservado, conforme lo dispuesto en el auto acordado sobre Principios de Ética Judicial y Comisión de Ética contenidos en el Acta N°262-2007 y cuya reserva es actualmente materia de discusión tanto en la Corte de Apelaciones de Santiago como ante el Tribunal Constitucional (TC), se hace presente que esta corte no está en condiciones de que se materialice la medida”, se lee en la respuesta.

Que la Fiscalía incautara a la Corte Suprema era una escena de altísima complejidad, no solo en términos institucionales, sino que también a nivel de opinión pública. Esa fue la razón por la cual el fiscal nacional, Ángel Valencia, cuando supo de esta situación -no por información del Ministerio Público que dirige, sino que por un aviso desde el mundo judicial- se activó para intentar contener lo que a todas luces terminaría en un choque entre dos instituciones que desde que explotó el caso Audio han naufragado en un silencioso mar de hostilidades y tensiones. Todo siempre al más puro estilo judicial, uno que se caracteriza por mensajes velados y no por ataques directos y frontales.

Pese a que fuentes de la Fiscalía descartan un clima de tensión con la Suprema, y ponen como ejemplo cuando colaboraron con el pleno entregándole los chats de Hermosilla con la exministra Vivanco, lo cierto es que son varios los persecutores que ven con extrañeza la negativa de los supremos, sobre todo porque al ser el máximo tribunal el que no daba curso a una incautación autorizada por un tribunal, no hay instancias superiores ante las cuales apelar. Lo que también causó ruido es que la Suprema pusiera como excusa el pleito pendiente en el TC con el exsupremo Muñoz, quien está pidiendo copia de sus antecedentes de la misma Comisión de Ética. “Nadie, ni los supremos, pueden estar sobre la ley”, comenta en privado una fuente conocedora de la diligencia.

Si al fiscal Von Bischoffshausen le fue mal en la Suprema, sí tuvo éxito en la Corte de Apelaciones de Santiago. Fuentes que saben del asunto comentan que la fiscal judicial Javiera González le entregó el material que tiene del sumario -aún en proceso- que se abrió en contra de Ulloa. González además es la instructora del sumario en contra de la suspendida ministra Verónica Sabaj, también caída en desgracia por sus chats con Hermosilla. Y todo indica que indagará hasta las últimas consecuencias. El hecho más evidente es que González ofició a la fiscal regional Oriente Lorena Parra pidiendo todos los chats de Ulloa, Sabaj y otros ministros. La fiscal Parra recibió la petición y entregó todo lo que tenía.

Efecto colateral

La intención de incautar la Comisión de Ética de la Suprema por parte de la Fiscalía ha generado molestia en integrantes del pleno. Más aún cuando entre el Poder Judicial y el Ministerio Público existe una silenciosa guerra luego de que explotaran las investigaciones a propósito de Hermosilla. Los reproches son varios, pero el más importante es uno: las filtraciones.

Hay varios supremos quienes están indignados con la dinámica que ha caracterizado las causas penales de la Fiscalía, es decir, que los chats se van filtrando a cuentagotas en medios de comunicación y, luego de eso, las indagatorias son iniciadas por parte del Ministerio Público. Además, hay un sentir -compartido por algunos ministros- de que las filtraciones han sido con pinzas y solo para algunos magistrados de determinada inclinación política.

La molestia suprema también preocupa en la Fiscalía. Esto debido al requerimiento que ingresaron 10 diputados -del PC, PS y FA- para remover al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Pese a que Cooper mandó un escrito pidiendo al pleno que no lo declarara admisible, hace dos semanas la Suprema le dio luz verde para pasar al fondo e ignoró su petición, dejando el periodo de prueba en manos de la suprema Mireya López.

Fuentes del máximo tribunal comentan que el reproche de negligencia manifiesta hacia Cooper por haber realizado una incautación a la expresidenta de la Cámara Karol Cariola (PC) cuando estaba pariendo a su primogénito, Borja, no tiene mucho futuro. Sin embargo, en el segundo “supuesto fáctico” donde se imputa “negligencia manifiesta en el cumplimiento de la obligación de reserva en el ejercicio de la función investigativa”, hay algunos magistrados dispuestos a enviar mensajes cuando se vote el acuerdo de ese requerimiento.

Dicha imputación se basa en que Cooper no habría resguardado los chats entre la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC) y Cariola en el marco del caso Sierra Bella. Chats que finalmente fueron publicados por La Tercera. Pese a que este capítulo podría tener sustento en un voto de minoría, otras fuentes de la Suprema comentan que no hay agua en la piscina para que el pleno les dé la razón a diputados del PC para remover al fiscal que indaga a una militante de sus filas.

Una nube negra en la Suprema

La Suprema se atrinchera en el secreto absoluto de la Comisión de Ética, cuya regulación no es legal, sino que es un autoacordado que data de 2007. En ese documento se exige “estricta y total reserva”. Lo que pocos saben es que, además, se regula explícitamente la destrucción del material. Luego de tres meses desde que terminó un asunto, todos sus papeles se “microfilman”. Luego, los archivos originales son destruidos. Las “microfichas” solo pueden ser consultadas por la Comisión de Ética o quien sea autorizado por la mayoría de sus miembros.

Cuando la orden de incautación fue publicada por la prensa -en una nota de The Clinic- el asunto volvió a ser abordado escuetamente en un pleno de la Suprema. Fue el de hace unas semanas, cuando presidía, como subrogante, Chevesich. En ese pleno pasaron tres cosas. La primera es que Chevesich y su aliada, la ministra Andrea Muñoz, propusieron abrir un cuaderno de remoción para el ministro Ulloa. Ambas magistradas -que son parte del corral de poder de la Cuarta Sala- se han caracterizado por dar señales de severidad ante la opinión pública. Pero su arremetida no tuvo eco en el pleno, el que estimó que había que esperar el fin del sumario.

Chevesich aprovechó de reforzar la postura del pleno: ante el interés de la Fiscalía por incautar documentos de la Comisión de Ética, el máximo tribunal mantiene su postura de que no serán entregados en función de la prohibición regulada en el autoacordado de 2007.

Uno de pocos magistrados que pidió la palabra fue Carroza. Lo hizo porque días atrás salió una entrevista -también en The Clinic- en que por primera vez reconoció algo que es un secreto a voces. “Hay un ambiente que no es grato en la Corte Suprema, uno nunca sabe en quién confiar”, confesó el magistrado.

Una frase que, pese a que se condice con la realidad, causó incomodidad en algunos supremos por lo impertinente de salir hablando en plena crisis. Fuentes de la Suprema cuentan que Carroza se excusó, dijo que consideró que tenía derecho a defenderse, más aún cuando está convencido de que no cometió ninguna irregularidad. Sin embargo, el fiscal judicial de la Suprema, Jorge Pizarro, tiene dos sumarios abiertos en su contra. Al emblemático juez de causas de derechos humanos le queda un año en la Suprema y por eso pidió salir de la siempre polémica Tercera Sala para refugiarse en la Primera Sala, la que resuelve asuntos civiles que siempre pasan inadvertidos.

En la judicatura abunda la resignación. Blanco pensó que su último año como presidente iba a implicar conducir a la magistratura hacia la normalización. La expectativa era dejar atrás los escándalos judiciales y reconstruir un Poder Judicial cuya imagen ha sido duramente golpeada. Pero fue cosa de meses para que la nube negra de las filtraciones volviera a revivir el vendaval y sumergiera a la Suprema en un pantano del cual no ha podido salir.

La semana pasada el máximo tribunal fue el anfitrión del XV Congreso de la Asociación Internacional de Jurisdicciones Administrativas Supremas. Blanco recibió a ministros de Altas Cortes y Consejos de Estado de todo el mundo. Un verdadero hito para el Poder Judicial, pero que se vio opacado debido a la reactivación de las indagatorias judiciales.