El 8 de agosto de 2016 fue uno de los días más felices en la vida de Enrique Guzmán (26): por fin cumplía su sueño de trabajar en una aerolínea tras cuatro años como guardia de seguridad del aeropuerto Arturo Merino Benítez.
La posibilidad de viajar a otros países y de comenzar una carrera en este rubro eran sus principales motivaciones. Por eso durante los casi dos años que prestó servicios a LAW como agente de servicios al pasajero nunca dejó de sonreír y atender con la mejor disposición siguiendo la filosofía de la compañía: "Entregar un servicio bueno y muy humano".
"Al principio me proyecté mucho. Las remuneraciones eran superiores al mercado, teníamos beneficios de transporte y una tarjeta de comida y el ambiente laboral era muy bueno", explica Guzmán a La Tercera.
Pero el 16 de febrero pasado no aguantó más y terminó con licencia psiquiátrica, la que al igual que sus sueldos, cotizaciones y beneficios no han sido pagados hace 4 meses. "Mi situación económica hoy día es crítica. Soy jefe de hogar pero como la empresa no me desvinculó no puedo cobrar ni mi finiquito ni mi seguro de cesantía. Es muy frustrante no tener respuestas", relata.
El ex funcionario no regresó a trabajar tras el término de su licencia porque en marzo la Dirección de Aereonáutica Civil canceló la licencia de vuelo de LAW.
En un principio tanto Guzmán como otros de sus compañeros contactados por La Tercera confiaron en que la aerolínea volvería a operar, pero hoy sólo esperan que se les pague lo adeudado.
Los trabajadores que sí fueron desvinculados no corrieron mejor suerte. Decenas de demandas han sido interpuestas contra la empresa por no pago de sueldos y prestaciones laborales, según se pueden revisar en el Poder Judicial.
En su última entrevista a La Tercera PM Bernardo Javalquinto, quien asumió el liderazgo de la compañía, pidió a los trabajadores "un poco más de paciencia" tras las críticas.
Solos ante los pasajeros
El 22 de enero de este año los trabajadores de LAW que operaban desde el aeropuerto, enviaron una carta a la gerencia - a la que tuvo acceso La Tercera - para "dejar de manifiesto la grave situación por la que está atravesando el personal de despacho comercial, debido a una serie de irregularidades que han afectado el trabajo, integridad, seguridad física y emocional de quienes formamos el equipo del aeropuerto".
A esa altura LAW ya había anunciado que cancelaba todos los vuelos nacionales. Sin embargo los vuelos al extranjero sufrían constantes reprogramaciones sin previo aviso.
En la carta los trabajadores reclamaron contra la "nula comunicación de las medidas que adoptará la compañía en este periodo de crisis", la "falta de presencia de la gerencia en el aeropuerto" y la "grave falta de recursos para enfrentar estas contingencias debiendo los funcionarios en algunas ocasiones pagar de su bolsillo por los servicios (como alimentación o alojamiento) que se entregan a los pasajeros".
De acuerdo a los testimonios recabados por La Tercera, en enero además comenzó el retraso en el pago de los sueldos, cotizaciones y beneficios, lo que también quedó especificado en el documento. "Horas extras, feriados y cotizaciones impagas; pérdida de beneficios como movilización y aumento de las horas de trabajos por turnos", eran parte de los reclamos.
En paralelo, imágenes de pasajeros varados durante varios días en los aeropuertos de Santiago, La Romana y Miami se tomaron los noticieros de televisión, mientras los call center de la empresa no daban abasto ante los reclamos.
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Pasajeros varados en aeropuerto de La Romana, República Dominicana[/caption]
"Nos levantábamos con miedo todos los días, sabíamos a lo que íbamos (...) A mí los pasajeros me golpearon, llegamos al punto de tener que trabajar con carabineros al lado", relata un ex trabajador que pide mantener la reserva de su nombre.
Y continúa: "Nosotros nos las arreglábamos solos en el aeropuerto. Nuestro jefe llamaba a la oficina de Apoquindo (casa Matriz donde se ubica la gerencia) para preguntar qué respuesta le dábamos a los clientes, pero nadie le entregaba una solución".
"Tampoco teníamos dinero para pagar los hoteles ni las comidas. Un día yo mismo gasté para comprar la alimentación de personas que llevaban más de 12 horas esperando", asegura el funcionario.
En regiones los trabajadores también debían lidiar con la reprogramación de vuelos y la falta de respuestas.
Juan Hernán Ulloa, quien se desempeñó como supervisor de LAW en el aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, relata a La Tercera que la apertura de la ruta a Mendoza (que operó desde julio del año pasado) perjudicó a los pasajeros del sur de Chile. "Ahí se les escapó un poco de las manos. El avión que iba a Mendoza era el mismo que tras llegar a Santiago partía a Concepción o a Puerto Montt. Los vuelos se empezaron a atrasar y además a quienes viajaban, por ejemplo, desde Puerto Montt se les incluía escala en Concepción sin previo aviso", asegura.
"Esto provocó problemas todos los días en el aeropuerto con pasajeros que reclamaban y a los que no podíamos darle respuesta, ya que desde Santiago no nos entregaban una solución", agrega.
En la oficina comercial ubicada en Apoquindo -que fue cerrada hace casi dos meses tras adeudar tres meses de arriendo - la situación para los trabajadores no era mejor.
Videos que circulan en redes sociales y testimonios de ex trabajadores y pasajeros revelan varios episodios de violencia donde incluso debió intervenir carabineros.
Para los trabajadores que atendían el call center la situación resultaba igual de tensa ante los cientos de llamados y correos electrónicos que atestaban el sistema de atención al cliente.
Paula Ampuero, una pasajera que sufrió la reprogramación de dos vuelos a Lima en noviembre del año pasado, los que nunca se concretaron y hasta ahora no han sido reembolsados, relata una de estas situaciones en la querella que interpuso contra la aerolínea por infracción a la Ley del Consumidor.
"Volvimos a llamar el 9 de enero alrededor de las 17:30 hrs., esta vez nos contestó Macarena Peralta, quien parecía estar muy familiarizada con los incumplimientos cometidos por LAW (...) Ella reconoció que desde la aerolínea no estaban respondiendo los correos y que se estaban demorando en realizar las devoluciones", se lee en el recurso.
"De todas formas, de buena voluntad nos señaló que hablaría con Roxana Navarro (especialista a cargo del caso de Paula Ampuero), que iría a su oficina y nos pidió que la esperáramos al teléfono para ver qué le decía", dice otro de los párrafos del documento.
"Cuando regresó a conversar con nosotros, nos dijo que nos tenía que decir la verdad y que cuando le preguntó a la Sra. Navarro ésta le afirmó que hasta la fecha ni siquiera había revisado los correos que enviamos. La señora Peralta, además, nos señaló que la señora Navarro le solicitó mentirnos, y que nos dijera que el retraso en su respuesta se debía a la contingencia que tenían en ese entonces, que era la eliminación de los destinos nacionales de su oferta de vuelos. En ese momento ella misma nos aclaró que le era imposible decirnos eso, porque esa situación era reciente y nuestro problema había comenzado en noviembre", relata la querella.
Entre enero y febrero de 2018 LAW ocupó el segundo lugar del ranking de las aerolíneas con más reclamos por incumplimiento de contrato, cancelación de vuelos y malas condiciones de servicio, según el informe de Tráfico Aéreo.
Caos en Haití
En marzo de este año, unas semanas antes de que la Dirección de Aeronáutica Civil suspendiera su licencia de vuelo, LAW anunció que cerraría "temporalmente" su ruta Puerto Príncipe - Santiago "por el aumento de inmigrantes haitianos declarados como inadmisibles", según declararon en un comunicado.
La decisión se anunció en paralelo a una investigación que realizaba la Fiscalía Occidente por eventual tráfico ilegal de inmigrantes haitianos.
En sus indagaciones LAW estuvo en la mira de la justicia porque en 122 vuelos que realizó la aerolínea entre Puerto Príncipe y Santiago ingresaron a Chile 13.924 personas de nacionalidad haitiana con visa turista, pero sólo retornaron 200.
Debido a esta gran afluencia de pasajeros desde ese destino eran comunes las "comisiones de servicio" que llevaba a personal que trabajaba en Chile (2 funcionarios de counter y 2 de seguridad) a apoyar labores en el Aeropuerto Toussaint Louverture durante 15 días.
El ex funcionario de la compañía, Enrique Guzmán, explica que en sus casi dos años trabajando en la empresa viajó tres veces a Puerto Príncipe: en julio y en noviembre de 2017, y la última vez durante la primera quincena de febrero de 2018, situación que le desencadenó un cuadro depresivo que terminó con una licencia psiquiátrica.
Guzmán relató en uno de los informes que envió a la empresa que los agentes de despacho comercial se enfrentaban "a precarias situaciones donde debemos lidiar con las barreras idiomáticas y pasajeros agresivos que incluso portan armas".
Pasajeros adultos que estaban registrados en el sistema como "infantes", personas que intentaban viajar con más de un niño sin haber pagado el boleto correspondiente y problemas con la conexión a internet al interior del aeropuerto eran algunos de los problemas a los que se enfrentaban.
Luego debieron lidiar con la presión de los pasajeros ante la cancelación y reprogramación de vuelos. "La última vez creí que no iba a regresar. Los pasajeros estaban muy molestos", dice Guzmán.
En ese informe los trabajadores pidieron a la aerolínea "refuerzo en la capacitación" a los funcionarios y mayor "apoyo" desde el departamento de Field Support, que desde Santiago enviaba a los trabajadores las directrices sobre cómo operar ante cado caso.
"Nuestro compromiso como agentes de despacho comercial siempre ha sido al 110% con la operación a Puerto Príncipe, por ello situaciones como la ocurrida la semana pasada sólo ocasionan una pérdida de motivación porque nuestro trabajo ha sido más cuestionado que valorado", expresó Guzmán en dicho documento.
La última "comisión de servicio" que salió rumbo a Haití fue el pasado 28 de febrero. Al quinto día en Puerto Príncipe los trabajadores fueron informados que LAW suspendía temporalmente su ruta hacia ese país. "Nos dejaron botados. Tuvimos que esperar tres día a que un avión nos pudiera ir a buscar. A muchos no nos habían pagado el sueldo, apenas el viático y nos quedamos solos en un país con escasas garantías de seguridad", relata un ex funcionario de la aerolínea.
"Tras tres días de angustia finalmente llegó un avión a buscarnos, nos llevó a República Dominicana donde tuvimos que esperar junto a los pasajeros que estaban varados en el aeropuerto La Romana para que otro avión que venía desde Miami nos llevara a Santiago. Ese fue el último vuelo que realizó LAW", relata el ex trabajador.
Una historia que se repite
El supervisor de LAW en el aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, José Hernán Ulloa, interpuso una de las decenas de demandas contra la empresa por parte de los trabajadores por "nulidad de despido y cobro de prestaciones laborales".
Ulloa explica a La Tercera que tras 8 meses trabajando en la compañía el 10 de enero de este año fue desvinculado junto a sus 15 compañeros tras el cese de operaciones de la aerolínea a nivel nacional.
Sin embargo, pese a que lo desvinculó, la empresa aún le adeuda pago de sueldos y prestaciones laborales.
El ex funcionario de LAW lleva 14 años trabajando en el rubro aeronáutico. Ha pasado por varias aerolíneas y su experiencia en esta empresa le hizo recordar lo que vivió en AirComet.
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Avión de AirComet[/caption]
"En 2005 también se vio como positivo que llegara una nueva aerolínea al mercado chileno, ya que sólo existían Latam y Sky para vuelos nacionales. El proyecto partió como Aerolíneas del Sur, y en 2007 fue comprada por españoles que le cambiaron el nombre a Air Comet Chile. Al menos en Puerto Montt, donde ya trabajaba, dejaron de operar el 30 de octubre de 2008, y varios funcionarios resultaron perjudicados", recuerda de ese episodio.
Pese a que Ulloa le ofrecieron trabajo en otra compañía aérea, optó por migrar a otro rubro.