El despliegue judicial de la nuera de la presidenta Bachelet, Natalia Compagnon en el marco del caso Caval no para.
Luego de que acusara "extorsión" al revelar que el persecutor de Rancagua, Sergio Moya, le ofreció un juicio abreviado a cambio de dejar sin formalización a su marido Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta Michelle Bachelet, Compagnon elevo su arremetida hasta la jefatura del Ministerio Público.
A través de un escrito, la nuera de la jefa de Estado, representada por el abogado Tomás Martínez del estudio Lagos y Asociados, solicitó la inhabilidad de los fiscales Sergio Moya y Emiliano Arias, proponiendo, además, que sea el propio fiscal nacional, Jorge Abbott, quien asuma la investigación en su contra.
La acción de Compagnon se enmarca en la presentación de dos querellas en contra de los fiscales a cargos del caso. La primera en contra Sergio Moya y Emiliano Arias por el delito de amenazas condicionales. Y la segunda, en contra de los mismos persecutores y de Marcia Allendes por el delito de violación de secreto.
"Se habría vulnerado de manera grave y reiterada el carácter de secreto de la misma, publicándose en medios de comunicación piezas de la investigación, consistentes en fotografías personales de Sebastián Dávalos y de su familia, atentándose contra el derecho a la vida privada, en una evidente vulneración de sus derechos en el Portal Ahora Noticias, que tuvo acceso a la declaración completa prestada por Ana Lya Uriarte", sostiene el escrito ingresado esta mañana al Ministerio Público, y al que tuvo acceso La Tercera PM.
"La filtración sólo pudo haberse concretado con la cooperación de personal, dependiente de la Fiscalía de Rancagua", acusó la defensa de Compagnon.
De igual forma, advirtió que se filtró la declaración que prestara Mauricio Valero ante la fiscal Marcia Allende el pasado 23 de marzo de 2017
"Así las cosas, se ha producido una clara y evidente vulneración del principio de objetividad en la investigación, lo que da cuenta de una enemistad evidente entre los fiscales querellados y nuestra representada", sostuvo el escrito.
Para la defensa de Natalia Compagnon, los hechos denunciados dan cuenta que los fiscales han perdido la objetividad para llevar adelante en forma imparcial las investigaciones.
El escrito añadió que los persecutores se encontrarían inhabilitados para seguir dirigiendo la investigación, al violar la norma del artículo 54 y 55 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que los conmina a no tener con alguna de las partes enemistad, odio o resentimiento que haga presumir que no se haya revestido de la debida objetividad.
El trasfondo
Abbott y Arias tiene un largo historial de desencuentros. En junio del año 2017, el Fiscal Nacional instruyó un sumario administrativo contra Arias luego de que éste adelantara a las víctimas de los incendios forestales que afectaron a la región en el verano pasado, que existía responsabilidad de CGE en los siniestros y luego se refiriera al tema en una entrevista con La Tercera. El resultado del proceso implicó una sanción a Arias consistente en un descuento del 5% de su salario.
El fiscal regional acudió entonces a la Corte Suprema, donde interpuso un recurso por el actuar "arbitrario" de su superior. Éste fue rechazado en febrero de este año.
