Lanzan plan “Calles sin Violencia”: ejes estarán enfocados en persecución penal, mayor control de armas y patrullaje reforzado

Este lunes, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, junto al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, y el fiscal nacional Ángel Valencia, entre otras autoridades, encabezaron el lanzamiento del plan “Calles Sin Violencia” en la Región Metropolitana, una medida que busca enfrentar los homicidios y delitos violentos a lo largo de 46 comunas del país que registran las tasas más altas de delitos.

En esta primera etapa el plan comenzará en las 22 comunas de la RM que forman parte de este plan, para luego avanzar de manera paulatina por el resto de las comunas seleccionadas a nivel nacional.

“Chile no quiere violencia, los chilenos y chilenas no quieren violencia. A pesar de ese sentimiento tan mayoritario y tan unánime en Chile, la verdad es que los datos demuestran que los últimos años los delitos violentos vienen subiendo año a año”, afirmó Monsalve en el lanzamiento de este plan.

“El 2022 hubieron 1.253 homicidios, y como ha sido característica en los últimos años, la cantidad de homicidios volvieron a subir respecto al año 2022″ expresó la autoridad. “A pesar de los esfuerzos que de buena fe pueden haber hecho gobiernos, autoridades regionales y locales no hemos logrado quebrar la tendencia al alza de los homicidios y de los delitos violentos, por eso es que el gobierno plantea una política pública, un plan denominado ‘Calles Sin Violencia’, que busca impactar y por lo tanto revertir la tendencia al alza de los delitos violentos”.

Según explicó el subsecretario del Interior, este plan se centra en cuatro ejes específicos: fiscales especializados y preferentes para la investigación de homicidios; la destinación de equipos especializados de la PDI dedicados exclusivamente a los delitos violentos y homicidios; y más patrullaje policial y fiscalización tanto en el control de armas como con las personas que tengan órdenes de detención vigente. En materia preventiva, explicó, el plan también considera la intervención comunitaria y recuperación de espacios públicos.

“La seguridad, y creo que esto lo vamos a compartir, constituye un derecho que las instituciones del Estado tienen que garantizar. El país además demanda que transformemos la seguridad en una política de Estado, y esperamos por tanto que en este plan concurramos, como es natural, todos, a buscar impactar a quebrar la tendencia al alza de los delitos violentos”, sostuvo.

Para definir qué comunas debían formar parte de este plan, hubo dos criterios: la frecuencia de ocurrencia de homicidios según cifras del Observatorio de Homicidios, y las capitales regionales. De esta forma a nivel nacional se identificaron 46 comunas que concentran la mayor proporción de ocurrencia de homicidios del país (65%), las cuales representan el 53% de la población del país.

En esta línea, la ministra Tohá se refirió a las comunas que no estaban presentes en este plan, indicando que “nadie va a quedar atrás. Ninguna comuna va a ser dejada de lado de este esfuerzo que estamos haciendo, pero responsablemente, para avanzar, tenemos que partir ahí donde hoy día los números nos dicen que el problema es más grave”.

Por su parte, el fiscal nacional Valencia señaló: “Calles Sin Violencia nos pone frente a dos desafíos específicos que queremos asumir con toda responsabilidad y compromiso”.

“Investigar y enfrentar los homicidios para esclarecer los que aún tienen imputados desconocidos y también mejorar nuestra respuesta de persecución penal en los nuevos asesinatos”, detalló.

El jefe de la fiscalía agregó que crearán “un modelo de trabajo para hacer más oportuno y efectiva la búsqueda y captura de quienes tienen órdenes de detención en su contra y que hoy andan libres en las calles, muy probablemente generando más inseguridad”.

Persecución penal efectiva:

El objetivo con esto es abordar la investigación de los homicidios fortaleciendo la obtención y levantamiento de antecedentes relevantes desde los primeros momentos de ocurridos los hechos.

El Ministerio Público estableció un grupo de primera respuesta de homicidios en toda la región, compuesto por fiscales, analistas criminales, abogados asistentes, profesionales de atención a víctimas y apoyo administrativo, a cargo de un fiscal especializado y preferente, coordinado desde la Fiscalía Nacional. La dependencia operativa será rotativa por las 4 Fiscalías Metropolitanas y contará con disponibilidad 24/7.

A su vez, la Policía de Investigaciones (PDI) dispuso de un grupo de investigación especializado dedicado a esta labor. La creación de los “Grupos de Investigación Especial” conformado por funcionarios altamente entrenados y especializados en investigaciones criminales, con experiencia en el área y en delitos violentos.

Patrullaje Policial Reforzado:

La implementación de patrullajes efectivos para concentrar los esfuerzos policiales para prevenir la ocurrencia de homicidios y delitos violentos. Para esto, Carabineros identificó sectores altamente conflictivos y los horarios con mayor probabilidad de ocurrencia de homicidios, disparos, amenazas de muerte y drogas, los cuales contarán con patrullajes priorizados.

Fiscalización de infracciones e incivilidades:

• Control y Fiscalización de armas: El objetivo es asegurar la tenencia responsable de las armas legalmente inscritas y sacar de circulación las armas ilegales e irregulares. Las policías realizarán una fiscalización intensiva de las armas legalmente inscritas en las comunas intervenidas.
• Rondas focalizadas de fiscalización: El objetivo es poder dar captura a personas que cuenten con órdenes de detención pendientes y prófugos. Esta fiscalización es de carácter nacional y Carabineros ya se encuentra implementando la búsqueda de 2 mil personas de interés.

Intervención comunitaria y recuperación de espacios públicos:

Considera el fortalecimiento de la presencia del Estado a través de la recuperación de espacios públicos con acercamiento de los servicios sociales y trámites públicos, activaciones culturales y deportivas, trabajo comunitario por medio de inversiones Subdere, Minvu, Serviu, Ministerio de Cultural del Deporte, Municipalidades, Gores, entre otros.

Además, se consideran las inversiones relativas a prevención del delito realizadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito y Gobiernos Regionales.

Según explicó el subsecretario Monsalve, en este punto se considera, por ejemplo, la inversión en luminarias y en infraestructura urbana, pero también en materia de tecnología, con el objeto de poder mejorar las capacidades que los municipios tienen en materia de prevención y detección de delitos.

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13. Peñalolén
14. Cerro Navia
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17. Melipilla
18. Renca
19. San Joaquín
20. San Miguel
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22. San Ramón