Las alarmas de municipios por casos de vulneración a la niñez y deserción escolar

Pese a que los niños, niñas y adolescentes están entre los más impactados por la pandemia, por la suspensión de clases, el estrés de sus familias y la falta de interacción con sus pares, aún no es posible saber qué tan afectados se encuentran.

Pero sí se puede tener una aproximación al problema a través de las denuncias que se reciben en la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de los municipios.

En lo que va del año, en cinco de los municipios que tienen más escolares en el país se han recibido 2.759 denuncias de vulneración, algunas decenas de ellas realizadas por colegios, advirtiendo situaciones de deserción escolar y maltrato.

En Puente Alto, la comuna con más niños y niñas del país, la municipalidad ha recibido 634 solicitudes, que apuntan a situaciones de maltrato, negligencia, abandono y abuso sexual, y efectuadas por instituciones o personas naturales. La mayoría de los casos se mantienen vigentes, ya sea en seguimiento, evaluación o a la espera de su ingreso en programas especializados.

En el caso de los colegios que denuncian casos de deserción, la OPD de la comuna les recomienda coordinarse con la Corporación de Educación o con el Departamento Provincial de Educación, para saber si el alumno fue trasladado a otro establecimiento sin avisar.

En La Florida van 741 denuncias a la fecha, de las cuales 22 fueron hechas por colegios. De ellas, cuatro corresponden a situaciones de deserción de entre 15 y 30 días, porque los niños no se conectaron a clases o no retiraron sus guías de trabajo.

En San Bernardo, ya hay 776 casos derivados a la OPD, de los cuales 30 fueron denunciados por colegios, 15 de ellos por deserción escolar y negligencias, mientras que el resto corresponde a abandono, maltrato, violencia y abuso sexual.

En Viña del Mar han sido recibidas 125 denuncias de vulneración, de las cuales cinco son por ausentismo escolar. Ahí se ha privilegiado el ingreso de requerimientos vía online y llamadas, las que son atendidas a través de cinco métodos: la visita domiciliaria, la entrevista al adulto responsable, la revisión de antecedentes judiciales, la coordinación con el colegio y la coordinación con el centro de salud.

Y en La Serena, otra de las comunas con una gran población escolar, hay 438 denuncias realizadas, las que han sido derivadas de otras instituciones para su evaluación. Esta es una cifra menor respecto de los 522 casos que tuvieron en 2019, situación que también ocurrió en los otros municipios consultados.

Pero esta menor cantidad de denuncias no necesariamente indica una caída en las vulneraciones. Bernardita Honorato, subsecretaria (S) de la Niñez, explica que debido a la pandemia muchas situaciones de violencia han quedado ocultas.

“Los datos administrativos que manejamos están muy subrepresentados. Por eso es que hemos instado a retomar las actividades presenciales con los niños, en especial con los más pequeños, porque ellos no tienen la posibilidad de denunciar”, dice

Honorato agrega que posiblemente las vulneraciones que más han aumentado son las de violencia intrafamiliar, “porque la teoría lo dice y porque los expertos advierten que, en estos momentos de estrés máximo familiar, por el encierro, la incertidumbre de la pandemia, el empobrecimiento y la vulnerabilidad, eso recae en los más débiles del grupo familiar, que son los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad”.

Para enfrentar este drama, en un año en que la gente vivió encerrada en sus casas, han reforzado los programas de fortalecimiento comunitarios, a través de oficinas locales de la niñez y del programa Chile Crece Contigo, además de capacitar a quienes reciben las denuncias en el Fono Infancia y hacer campañas para que los adultos sepan cuáles son los derechos de la niñez.

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, explica que el confinamiento impacta en los niños, además, al afectar “el derecho al juego, a la recreación y, sin duda, al derecho a la educación, considerando la imposibilidad de muchos niños de acceder a la educación remota”.

Pero dice que es urgente trabajar en la salud mental y que los programas de apoyo de las instituciones consideren la opinión de estos, para “visibilizarlos como sujetos de derechos y darles espacio para ejercer su derecho a ser oído, que está consagrado”.